Si por algo se ha caracterizado el gobierno del presidente Iván Duque y a lo que además le achacan varias de sus desacertadas decisiones, es que, a la hora de nombrar a funcionarios de alto nivel o intermedio, prima más que la meritocracia, el parentesco, las relaciones afectivas y por supuesto, la cercanía con su partido el Centro Democrático. 

Los nombramientos de los cuales ha conocido la opinión pública dan cuenta de eso y a pesar de que seguramente no son todos sus altos funcionarios, buena parte de ellos sí cumplen con estos requisitos. 

El caso más reciente lo protagonizó no el presidente Duque, pero sí la Procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, quien nombró a María Paula Barbosa Delgado, hermana del Fiscal general Francisco Barbosa, como asesora del grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales de la Procuraduría. 

La funcionaria es profesional en Comunicación Social y Periodismo, además de contar con una especialización en Gestión Humana. 

El nombramiento puso en el ojo del huracán a todos los involucrados y ratificó una vez más quiénes son los más opcionados a hacer parte de las entidades del Estado en la era Duque. 

El año pasado, el 2 de abril, fue nombrada como directora del Sector Defensa de la Dirección de Planeación Estratégica y Finanzas Corporativas del Ministerio de Defensa, Albertina del Carmen Guerra de la Espriella, hermana de la senadora del Centro Democrático, María del Rosario de la Espriella. 

En su momento la designación fue criticada no solo por el evidente tráfico de influencias y prácticas no éticas que podría conllevar, sino por la relación conyugal que había tenido Albertina con el ex congresista David Char, condenado por parapolítica. 

Sin embargo, la funcionaria se mantiene en su cargo. 

Antes, cuando tenía poco de posesionado, el presidente Iván Duque nombró como Superintendente de Sociedades a Juan Pablo Liévano, yerno del desaparecido canciller Carlos Holmes Trujillo. Liévano aún se mantiene en dicho cargo. 

Más recientemente, el 3 de febrero de este año, el Presidente designó en la Junta Directiva del Banco de la República a Bibiana Taboada, quien es hija de la ex ministra del Trabajo y del Interior Alicia Arango, desconociendo a otras economistas sobradas de méritos para llegar a ese cargo, Taboada Arango, según expertos economistas carece de trayectoria y experiencia.  

Posteriormente, el 19 de mayo el presidente Iván Duque nombró a María Ximena Lombana como nueva ministra de Comercio, Industria y Turismo. Esta abogada de 48 años, es cercana a políticos de peso, como German Vargas Lleras y Fernando Carrillo, y hermana del abogado del ex presidente Álvaro Uribe, Jaime Lombana.  

Con anterioridad Duque había nombrado al hermano de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, cónsul de Colombia en Miami; y al hermano del senador del Centro Democrático Fernando Nicolás Araujo, ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos. 

Ya el año pasado un escándalo por nombramientos donde ha primado el amiguismo y el nepotismo se presentó por los lados de la Fiscalía y la Contraloría. 

Trascendió entonces que Walfa Téllez, esposa del fiscal Francisco Barbosa, era una de las delegadas del contralor general Felipe Córdoba. Y la esposa de Córdoba, Marcela Yepes, fue nombrada directora ejecutiva en la Fiscalía. 

Y aunque supuestamente ambas llegaron a esas entidades, antes de que sus esposos se posesionaran en esos organismos de control y justicia, lo cierto es que habrían podido tomar la decisión de renunciar, pero solo lo hizo la esposa del fiscal. 

Críticos de su gestión, hasta de manera jocosa, ya afirman que para hacer parte del actual Gobierno solo hay que portar una credencial del Centro Democrático, y que la hoja de vida pasó a ser un simple requisito de poca monta. 

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