La Procuraduría General del a Nación solicitó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) suspender de manera inmediata la ejecución del contrato 080 de 2018 con la Unión Temporal Auditores por más de 140.000 millones de pesos, y adelantar el procedimiento administrativo para que el contratista ceda o renuncie a la ejecución del mismo, en aras de evitar la violación del ordenamiento jurídico y la afectación del derecho fundamental a la salud de los colombianos.

El órgano de control advirtió que el contratista estaría inhabilitado para la ejecución del negocio jurídico que tiene por objeto “la auditoría integral en salud, jurídica y financiera a las solicitudes de recobros por servicios y tecnologías no incluidas en el Plan de Beneficios a cargo de UPC y a las reclamaciones por los eventos de que trata el artículo 167 de la Ley 100 de 1993 con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía –Fosyga del Sistema General de Seguridad Social en Salud”, toda vez que según lo informado por la misma Adres, la unión temporal ha sido multada en cuatro oportunidades y se declaró el incumplimiento parcial de la mayoría de las obligaciones.

Sobre las presuntas irregularidades, el órgano de control abrió investigación disciplinaria a las directoras de Otras Prestaciones de la ADRES, Laura Beltrán Ochoa, y de Gestión de Recursos Financieros en Salud, Marcela Brun, y a la asesora de la Dirección General (E), Carmen Rocío Rangel.

En el proceso, la Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con el fin de determinar la existencia de presuntas faltas disciplinarias, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y el perjuicio que se habría causado a la administración pública.

En efecto el año pasado la Procuraduría ya había advertido del caso, tras conocer que la misma ADRES había sancionado en varias oportunidades a la firma auditora, y aun así no ha procedido a cancelar dicho contrato.

MARCELA BRUN
Laura Beltrán Ochoa

Los antecedentes

En el 2018 la ADRES suscribió con la Unión Temporal Auditores de Salud el contrato número 080 de 2018 con el objeto de que adelantara el proceso de auditoría de los recobros que hacen proveedores y EPS para que le sean pagados los servicios No PBS.

Para el año 2019 ya la ADRES había adelantado 3 audiencias, dando como resultado 2 multas y una en proceso contra la UT.

Una de las multas se le impuso por incumplimiento en entregar a la interventoría la información necesaria para el cumplimiento de su labor (sistema de información) y contratar sin la debida autorización de la ADRES personal directivo y trasversal para la ejecución del proyecto. Los mencionados incumplimientos fueron sancionados mediante las Resoluciones 3939 y 4340 de 2018, las cuales quedaron en firme 26 de septiembre de 2018 por valor de $985.904.187 millones.

Posteriormente en 2019 se le impusieron a la contratista mediante las resoluciones 2803 y 2931 de 2019, otras dos multas, por el incumplimiento en la entrega de resultados de auditoría del paquete de recobros y reclamaciones de los meses  noviembre, diciembre 2018 y enero 2019, fallas en el sistema de riesgos, entre otros. La multa en ese entonces fue de $460.648.602 millones.

Luego en junio de 2019, la misma ADRES vuelve a sancionar a la UT por el incumplimiento en la entrega de resultados de auditoría del paquete de recobros y reclamaciones del mes de febrero 2019, así como en el pago de salarios, seguridad social y entrega del Sistema de administración de riesgos y del cronograma del llamado rezago. La sanción se formalizó mediante la Resolución 19649 del 11 de junio de 2019.

La falta de estas auditorías ha perjudicado directamente el giro de recursos a las EPS y proveedores de medicamentos, lo que en última instancia repercute en la atención de los afiliados al sistema de salud.

Según la evaluación hecha por la misma entidad, la Unión Temporal cuestionada no cumple con las condiciones técnicas, económicas y comerciales. Ha dejado de pagar por su cuenta los salarios y prestaciones económicas de todos sus empleados. No ha suministrado la información requerida. No ha auditado integralmente los recobros y tampoco ha generado los certificados de los resultados de su labor auditora.

Con todo y eso, la ADRES declaró el incumplimiento por parte de la Unión Temporal Auditores de Salud de las obligaciones del contrato de consultoría No. 080 de 2018. Pero a la fecha, y pese a los casi 2 mil millones de pesos que suman las multas con que ha sido sancionada la Unión Temporal Auditores de Salud, el contrato sigue vigente.

Por eso la Procuraduría frente a la falta de decisiones contundentes por parte de la ADRES para dar por terminado dicho contrato hace el mencionado requerimiento.

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