La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general permanente al entonces gerente del Hospital Universitario Departamental San Juan de Dios, Empresa Social del Estado (ESE), Jairo López Marín (junio 2012-marzo 2016), por el manejo irregular de medicamentos por valor de 290 millones 500 mil pesos.
El Ministerio Público demostró que de manera sucesiva entre enero de 2015 y marzo de 2016, el funcionario ordenó a dos subalternos el retiro de medicamentos, insumos y dispositivos médicos para ser entregados con fines proselitistas en los comicios del 25 de octubre de 2015, y a pacientes que él recomendaba.
También se evidenció que López Marín utilizó su cargo para participar en las actividades de partidos y movimientos políticos, y llevar a cabo brigadas de salud en beneficio de candidaturas a la gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia y a otras corporaciones públicas.
La Procuraduría comprobó que el exrepresentante legal de la entidad hospitalaria presionó a subalternos a respaldar campañas políticas.
Además, valiéndose de su cargo y jerarquía, el disciplinado consiguió actuaciones que generaron beneficios para terceros.
Entre las normas transgredidas se citó la Ley 734 de 2002 que establece como falta de todo servidor público “influir en otro servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquier otra situación o relación derivada de su función o jerarquía para conseguir una actuación (…) que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero (…).
Las faltas fueron calificadas como gravísimas cometidas con dolo.
El ente de control compulsó copias a la Procuraduría Regional Quindío, a fin de iniciar o continuar por separado en los casos en que la acción no haya prescrito contra otros funcionarios y contratistas, por su presunta responsabilidad disciplinaria.
Cabe recordar que por el mismo caso, en agosto de 2019, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Armenia condenó a López Marín a cuatro años y tres meses de cárcel, luego de que la Fiscalía General de la Nación le imputara los delitos de peculado por apropiación en concurso homogéneo y falsedad ideológica de documento público.
Consiguió una rebaja de su pena en ese entonces además de tener que pagar una multa de 96 millones 833 mil pesos, la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo de la condena y le negaron la suspensión de la purga.
El exgerente se encuentra preso en la cárcel La 40 de Pereira por ser el autor intelectual en la falsificación de fórmulas médicas y hurtar medicamentos de la farmacia del centro asistencial.
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