Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juez 15 Penal de Circuito de Bogotá condenó a 4 años y 6 meses de prisión a Marcela Sofía Alies Fuentes investigada dentro del caso conocido como ‘Mermelada Tóxica Fase II’.

Alies fue encontrada responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, corrupción privada y falsedad en documento privado.

El caso se remonta a los años 2016 y 2017, cuando la Fiscalía aseguró que en el Fonade se estructuró una asociación criminal que tenía como finalidad favorecer a particulares en la adquisición irregular de contratos a cambio de dádivas indebidas a funcionarios públicos y que fue llamado como “Mermelada Tóxica” Fase II.

Por el caso la Fiscalía abrió investigación en el 2018 contra Héctor Julio Álvarez Rivero, Hugo Germán Bula Mercado y Marcela Sofía Alies Fuentes. La Fiscalía detalló en su documento la forma en la que cada uno de ellos actuó para favorecer a unas empresas en la adjudicación de una interventoría para los contratos de diseño y construcción del programa de vivienda gratuita para los departamentos de Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Quindío y Huila.

La interventoría de este proyecto fue tasada en un monto cercano a los $16 mil millones de pesos.

En su momento a esa licitación se presentaron las empresas KHB Ingenierías, Técnicas Territoriales y Urbanas y Tecniconsulta, siendo esta última la favorecida, haciendo parte del Consorcio Interviviendas que también era integrado por las empresas Insoam, representada por Juan Felipe Morales Tabares, y Orión Cia, en cabeza de Amaury Segundo García De la Espriella.

Según el organismo acusador el proceso de selección no se tramitó dentro de los principios de moralidad, imparcialidad e igualdad establecidos (…) al contrario, se orientó por los intereses particulares de funcionarios de Fonade y de particulares interesados en hacerse al millonario contrato de interventoría.

Entre las irregularidades que se detectaron se destaca que los hoy procesados facilitaron al Consorcio Interviviendas la subsanación de errores en la propuesta para que fueran favorecidos con la licitación y, además, acordaron el pago de dádivas indebidas a los funcionarios públicos.

En el caso de Marcela Sofía Alies se argumentó que sería la presunta responsable de elaborar cinco certificaciones falsas en las que indicaba que García De la Espriella había laborado como ingeniero en diferentes proyectos ejecutados por Tecniconsultas. Esa supuesta experiencia fue expuesta en la presentación de la propuesta del Consorcio.

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