Capturan al corrupto padre del senador Alfredo Deluque, defensor de la patria que quería presidir el Congreso.

El hombre que firmó el alcantarillado que nunca existió ya tiene un puesto en la Galería de Corruptos

Hernando David Deluque Freyle gobernó La Guajira, se apropió de los recursos de una obra de agua que jamás se terminó y esperó veinticinco años a que la justicia colombiana llegara, cansada y tarde, a ponerle las esposas. Su caso no es una excepción. Es el manual de cómo funciona la impunidad en Colombia.

Nos encontramos en Riohacha, capital de La Guajira, el departamento donde los niños wayúu se mueren de sed mientras los demás discutimos porcentajes. El sábado 25 de julio de 2026, un hombre de 76 años caminó hasta el comando de la Policía y se entregó. Se llama Hernando David Deluque Freyle. Fue gobernador de este departamento entre 2001 y 2003. Es el padre del senador Alfredo Deluque. Y la Corte Suprema de Justicia acababa de dejar en firme una condena de siete años de prisión en su contra por peculado por apropiación agravado.

El delito tiene fecha de nacimiento: 2001. El castigo tiene fecha: 2026. Entre uno y otro cabe una generación entera de guajiros que nacieron, crecieron y en demasiados casos murieron sin el agua que ese dinero debía garantizar. Más allá del titular de la captura, corrupcionaldia.com hace la pregunta que incomoda: ¿qué clase de sistema necesita un cuarto de siglo para castigar a quien se apropió de la plata del agua en el rincón más sediento de Colombia?

La respuesta empieza en un contrato. En 2001, siendo gobernador, Deluque firmó un convenio de más de dos mil millones de pesos para construir el sistema de alcantarillado de Riohacha. Debía ejecutarse en seis meses. Nunca se ejecutó. No tenía licencia ambiental. No se había hecho la consulta previa con las comunidades. La plata salió del erario. La obra se quedó en el papel. Ese hueco entre lo que se pagó y lo que existe tiene nombre técnico en el Código Penal colombiano: peculado por apropiación. Y tiene un contexto que conviene grabarse. Según el Mapa de Impunidad de la Secretaría de Transparencia, el peculado por apropiación es el delito preferido del delincuente de cuello blanco en este país, con casi quince mil denuncias registradas en poco más de una década. Es el robo del que manda. No necesita pistola. Le basta una firma.

Deluque no firmó una sola vez. La Procuraduría, que lo apartó del cargo en 2003, documentó un patrón más fino. En el acueducto de Maicao apareció una larga fila de contratos partidos por debajo de la cifra de menor cuantía, que en ese entonces rondaba los ciento setenta millones de pesos, todos para el mismo objeto y varios con una empresa, Aring Ltda, que ni siquiera tenía la construcción de obras sanitarias entre sus objetos sociales. Fraccionar un contrato grande en muchos pequeños tiene una sola utilidad práctica: saltarse la licitación y adjudicar a dedo. El resultado fue de manual del absurdo. Contratistas que no pudieron cumplir y devolvieron los anticipos. Otros que pusieron tuberías y llaves que no eran compatibles con las del vecino. Un acueducto que jamás quedó interconectado. Cuando la Fiscalía fue a buscar los planos a la Alcaldía de Maicao, no había planos. No había registro fotográfico. No pudieron entrevistar a los beneficiarios porque en los contratos ni se anotaron las direcciones exactas donde debían hacerse las obras. Eso no es desorden. Eso es método.

Vale la pena seguir el reloj, porque el reloj es el verdadero escándalo. En 2006 el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró responsable al departamento y le pasó el caso a la Fiscalía. La investigación penal formal no arrancó hasta 2013. La acusación llegó en 2016. La primera decisión de fondo, una absolución, cayó en enero de 2024. La condena vino después, y después la anulación por vicios de congruencia, y después la prescripción parcial, y por fin la captura, en 2026. Veinte años de trámite para siete de cárcel. Cada año que el expediente durmió en un despacho fue un año en que Deluque vivió libre, con su nombre limpio ante los que no leen expedientes, y un año menos de castigo real, porque la ley premia la lentitud con la prescripción. El corrupto colombiano no le teme al juez. Le teme al reloj, y sabe que el reloj juega para él.

La defensa de Deluque, a lo largo de los años, fue un catálogo de la desidia convertida en coartada. Dijo que en el manual de contratación no había métodos para asegurar que los contratistas fueran idóneos. Dijo que no tuvo tiempo de unificar el contrato. Dijo que el tema del acueducto no se trató en los consejos de gobierno porque allá solo se hablaba de asuntos complejos, y que él andaba demasiado ocupado como para estar pendiente de los detalles precontractuales. Un gobernador demasiado ocupado para vigilar la plata del agua de su pueblo. Que cada quien saque sus conclusiones sobre qué lo tenía tan ocupado.

El apellido Deluque

Conviene detenerse en el apellido, porque el apellido es parte de la historia. Mientras Hernando Deluque acomodaba sus cosas para entrar a prisión, el apellido Deluque disputaba, en Bogotá, la presidencia del Senado de la República. Su hijo, el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, se midió por ese cargo con el respaldo público del presidente electo Abelardo de la Espriella, y lo perdió frente a Honorio Henríquez, del Centro Democrático. Digámoslo con la precisión que exige la ley: sobre el senador Alfredo Deluque no pesa condena alguna en este proceso, y la presunción de inocencia lo ampara como ampara a cualquiera. El dato no es judicial, es sociológico. En Colombia un apellido puede cargar una condena penal en firme en la primera línea de su árbol y, en la misma semana, aspirar al segundo cargo más poderoso del Congreso. La mancha no se hereda, pero el poder sí. Y esa continuidad, esa capacidad de que la familia siga arriba mientras el fundador va camino a la cárcel, es la que mantiene el ciclo girando.

Ahora, lo que de verdad duele. Ese dinero era para agua. Alcantarillado en Riohacha, acueducto en Maicao. En La Guajira. En el departamento donde la Corte Constitucional tuvo que dictar, en 2017, la Sentencia T-302, ordenándole al Estado colombiano garantizar el agua, la alimentación y la salud de los niños wayúu porque se estaban muriendo. No es una figura retórica. Entre 2017 y 2021 murieron 327 niños por hambre y sed en La Guajira, según el trabajo periodístico que documentó la tragedia. La tasa de mortalidad infantil del departamento se ha mantenido en años recientes hasta siete veces por encima del promedio nacional. Con los mil sesenta millones de pesos de la multa que hoy le imponen a Deluque se habrían pagado carrotanques de agua para abastecer rancherías de la Alta Guajira durante meses. Con los dos mil millones del alcantarillado que nunca existió se habría atendido a comunidades enteras. Piénselo así: le robaron el agua a la gente que se muere por falta de agua. No hay metáfora capaz de superar ese hecho.

La maquinaria de la impunidad

Falta una pieza, y es la más incómoda, porque nos toca a nosotros. La maquinaria de la impunidad no se sostiene solo con jueces lentos y apellidos poderosos. Se sostiene con una ciudadanía entrenada en la resignación. Nos han sembrado la idea de que todos son iguales, de que denunciar no sirve, de que lo más cómodo es no meterse. Los psicólogos lo llaman sesgo del statu quo: preferimos que las cosas sigan igual antes que asumir el costo de cambiarlas. Ese sesgo es el mejor aliado del que roba. Cada vez que un guajiro asume que el agua nunca va a llegar, que el político siempre se sale con la suya, que para qué denunciar, le está firmando al próximo Deluque un cheque de impunidad anticipada. La corrupción no vive solo en la Gobernación. Vive también en la costumbre de mirar para otro lado.

Y aquí es donde el caso deja de ser una noticia sobre un señor y se convierte en el retrato de un sistema. La Guajira es uno de los departamentos con mayor impunidad en corrupción de toda Colombia: alrededor del 97 por ciento de las denuncias no llega jamás a una condena. En el país entero, el 94 por ciento de los casos de corrupción queda impune. La condena de Deluque no es la regla. Es el 6 por ciento excepcional, y aun ese 6 por ciento llegó tarde, mutilado y cómodo. La primera versión de la condena contemplaba prisión domiciliaria. Uno de los dos delitos, el de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prescribió. El sistema no falló. El sistema hizo justo lo que fue diseñado para hacer: demorarse lo suficiente para que la mitad del delito caduque, y llegar lo bastante tarde para que la cárcel empiece a los 76 años. Alejandro Nieto lo llamó el desgobierno de lo público, un aparato secuestrado por una casta que parasita los recursos del Estado. James Buchanan lo habría dicho de otro modo: cuando las reglas del juego se escriben para quienes ya tienen el poder, el resultado no es un accidente, es la consecuencia lógica del diseño.

Por eso hoy Hernando David Deluque Freyle entra a la Galería de Corruptos de Colombia que este medio ha puesto a disposición de sus lectores. No entra por excepcional. Entra por representativo. Su retrato en esa galería es un espejo incómodo, porque detrás de cada condenado que sí llegó hay decenas que prescribieron, se archivaron o murieron de viejos en su finca. La galería no existe para señalar a un hombre. Existe para que ese hombre no se pierda entre los otros noventa y cuatro de cada cien que se salieron con la suya. La pregunta, entonces, no es si Deluque se robó el agua. Eso ya lo dijo la Corte. La pregunta es cuántos más se la están robando ahora mismo, mientras usted lee esto, con la tranquilidad de saber que el castigo, si acaso llega, llegará dentro de veinticinco años.

DEBATE DE TRES EXPERTOS

La economista constitucional (enfoque Buchanan): El error es leer esto como el fracaso de un hombre. Buchanan enseñó que las reglas se pactan antes del juego, y en La Guajira las reglas se escribieron para quien ya tenía el poder. La menor cuantía existía para agilizar compras pequeñas, y Deluque la convirtió en herramienta de saqueo. No violó el sistema. Usó el sistema tal como estaba diseñado para ser usado por los de arriba. La pregunta constitucional no es cómo castigarlo, es cómo cambiar las reglas para que fraccionar un contrato deje de ser rentable.

El jurista administrativista (enfoque Nieto): Coincido en el diagnóstico, difiero en el énfasis. Nieto describió el desgobierno de lo público como una administración capturada por una casta. El expediente Deluque es su ilustración perfecta: veinte años de trámite, absolución, revocatoria, anulación por congruencia, prescripción de un delito. Eso no es lentitud, es una arquitectura procesal que convierte el tiempo en impunidad. Mientras el aforamiento, los recursos infinitos y la prescripción sigan intactos, cada condena en firme será una casualidad estadística, no una consecuencia previsible.

La analista de comunicación política (enfoque Brandolini): Ustedes dos hablan de estructuras y tienen razón, pero olvidan la batalla por el relato. La ley de Brandolini dice que refutar una mentira cuesta diez veces más que producirla. La defensa de Deluque, estaba muy ocupado, no había métodos en el manual, es barata de decir y cara de desmontar. Y funciona sobre una ciudadanía que ya cree que todos son iguales. El punto ciego de ambos es la demanda: mientras el elector siga premiando el apellido en las urnas, la oferta de corrupción no tiene por qué bajar. El agua no se roba solo en la Gobernación. Se roba también en la casilla de votación.

Galería de Corruptos de Colombia
Hernando David Deluque Freyle

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