Las electrificadoras que se multaron a sí mismas por $14.511 millones, y la cuenta llegó al recibo de los usuarios

Tres empresas de mayoría estatal en Huila, Meta y Nariño pagaron sanciones por su propia ineficiencia. La Contraloría lo llama gasto improductivo. Traducido: usted financió el error y nadie respondió con su bolsillo.

Por Hipólito Palencia, Periodista Investigativo  |  corrupcionaldia.com

Nos encontramos en tres departamentos de Colombia, Huila, Meta y Nariño, unidos esta semana por una cifra que la Contraloría General de la República entregó el viernes 24 de julio con la frialdad de quien lee un inventario. Catorce mil quinientos once millones de pesos. Ese es el monto de los hallazgos fiscales que el órgano de control encontró en tres empresas encargadas de llevar la energía a los hogares de esas regiones. El titular ya circula en los portales nacionales como un dato técnico más. Detrás del comunicado hay una operación que conviene diseccionar despacio, porque la verdad no solo se lee en un boletín, se siente en el recibo de la luz.

Estas tres empresas no son privadas. Son de mayoría estatal. El dinero con el que pagaron esas sanciones es dinero público. Y las multas que pagaron nacieron de sus propios errores. Dicho en el idioma que entendemos todos: se equivocaron, les cobraron por equivocarse, y la cuenta la asumió el patrimonio de todos. Esto que acabo de describir tiene un nombre elegante en la contabilidad oficial. Se llama gasto improductivo.

Vale la pena ver el engranaje pieza por pieza, porque su virtud es la discreción. En Huila, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a ElectroHuila con $6.089 millones de pesos mediante la Resolución 75276 de 2025, por cobrar de forma irregular el derecho a participar en invitaciones públicas y por prohibir sin sustento la participación de consorcios y uniones temporales, levantando barreras a la libre competencia entre 2019 y 2023. A esa multa se sumó otra de la Superintendencia de Servicios Públicos por $1.160 millones, por fallas en la calidad del servicio durante 2020 y 2021, calificadas por el propio ente como infracción grave, reiterada y de alto impacto social.

En Meta, la Electrificadora del Meta, EMSA, cargó con $2.926 millones por deficiencias técnicas y administrativas en los proyectos de infraestructura eléctrica de Santa Helena y Catama, dentro de la expansión del Sistema de Transmisión Regional, y con otros $2.562 millones por una multa de la Superintendencia de Servicios Públicos. En Nariño, Cedenar registró $566 millones pagados por cobrar a más de 327 mil usuarios con un método de facturación no autorizado durante la pandemia, y $14.511 $350 millones por un contrato con Powergen Innovations que, según la Contraloría, nunca entregó lo pactado por debilidades en la supervisión y la interventoría.

El patrón es siempre el mismo. La empresa comete una irregularidad o una falla. Una autoridad la sanciona. La empresa paga la multa con recursos públicos. Nadie ve una mano metida en una caja. No hay maletín ni cuenta en un paraíso fiscal. Y precisamente por eso funciona. El sistema silencioso no parece robo porque no lo aparenta. Solo hace una cosa: encoge el patrimonio de todos y no arregla nada.

Conviene recordar de quién es esa plata, porque ahí está la anatomía del caso. Cedenar pertenece en un 99,9 por ciento a la Nación. ElectroHuila es mayoritariamente del Ministerio de Hacienda, con la Gobernación del Huila, Infihuila y los municipios como socios menores. EMSA es estatal en un 55,6 por ciento. Las tres figuran como entidades vinculadas al Ministerio de Minas y Energía. Sus juntas directivas y sus gerencias se nutren, en buena parte, del reparto político de turno. Son monopolios regionales que prestan un servicio esencial, sin competidor que los discipline.

Aquí toca ser preciso, porque la precisión es la protección. Lo que encontró la Contraloría es un hallazgo fiscal, no una condena. Existe una diferencia jurídica que casi nunca se explica y que casi siempre se aprovecha. El detrimento patrimonial es responsabilidad de la entidad; el proceso de responsabilidad fiscal apenas comienza y deberá determinar cuáles funcionarios responden. Ninguna persona ha sido condenada, y la presunción de inocencia se mantiene intacta. En ese vacío entre la multa colectiva y el nombre propio se esconde el mecanismo. La entidad paga, el funcionario se protege, y la responsabilidad se evapora en la abstracción cómoda de la empresa.

Traduzcamos los $14.511 millones a algo que se pueda tocar, porque las cifras grandes anestesian. Con ese dinero se habrían podido levantar cerca de dos centenares de viviendas de interés social. Equivale, en orden de magnitud, a lo que gana en toda su vida laboral casi un millar de trabajadores que reciben el mínimo. En un territorio donde el servicio ya era deficiente, esa plata pudo aliviar la tarifa de miles de familias. En vez de eso pagó el castigo por el mal servicio. La ironía es cruel: el dinero que debía mejorar la energía se fue en pagar las multas que produjo la mala energía.

Póngale rostro. En Nariño, más de 327 mil usuarios fueron facturados con un método que no estaba autorizado, en plena pandemia, cuando cada peso pesaba en la olla. En Meta, la plata que debía terminar la infraestructura de Santa Helena y Catama terminó pagando la sanción por no haberla ejecutado bien. En Huila, la Superintendencia habló de dignidad humana al describir las fallas del servicio. La dignidad, en el papel. La factura, en el bolsillo del usuario.

El desglose completo, para que nadie diga que la cifra flota en el aire:

La pregunta de fondo no es quién firmó cada pago, sino por qué un sistema entero produce este resultado una y otra vez. James Buchanan, premio Nobel y padre de la teoría de la elección pública, lo explicó hace décadas. El gerente de un monopolio estatal no arriesga capital propio, como un dueño privado, ni vigila como un ciudadano. Responde al ciclo político, a la junta que lo nombró, al corto plazo. Para él, pagar una multa con la plata de la empresa resulta más barato que asumir el costo político de admitir una falla estructural. El costo se traslada al usuario, que no vota en esa junta ni firma ese contrato.

Alejandro Nieto, el jurista español que radiografió el desgobierno de lo público, aporta la otra mitad. La ley existe. El artículo 209 de la Constitución y la Ley 489 de 1998 exigen economía y eficiencia. El problema es que el control llega siempre después del daño, nunca antes, y muchas veces cooptado. La administración deja de servir al ciudadano y se convierte en refugio de una clase que se reparte cargos y contratos. La norma decora el edificio; la práctica lo vacía por dentro.

Falta la pieza más incómoda, la que explica por qué el desastre conviene a alguien. La mala gestión de estas empresas alimenta, desde hace años, el argumento recurrente para venderlas. El gobierno de Iván Duque propuso enajenar la participación de la Nación en Cedenar, EMSA y ElectroHuila. El Ministerio de Hacienda de Gustavo Petro revivió el mismo plan. Entre más ineficiente parece la empresa pública, más fuerte suena la tesis de entregarla a un privado. La mala gestión deja de ser solo una pérdida. Se vuelve un instrumento. Ese es el ciclo secreto: el error se paga, el error se repite, y el error termina justificando la privatización del bien que se estropeó. La ley de Brandolini hace el resto, porque cuesta menos producir el eufemismo gasto improductivo que refutar el patrón acumulado detrás de él.

La Contraloría abrió los procesos de responsabilidad fiscal. Eso es el comienzo, no el final. Entre el hallazgo y una sanción con nombre propio hay un camino largo donde, históricamente, el patrón favorece la impunidad. Una multa pagada con plata pública no es un accidente contable. Es una decisión que alguien tomó o que alguien dejó de evitar. La cuenta ya llegó a su recibo. La pregunta es si esta vez la responsabilidad llegará a un nombre, o si volverá a disolverse en la más cómoda de las abstracciones colombianas: la entidad.

Tres expertos discuten el caso
–El economista de la elección pública: Aquí no hay que elegir entre corrupción e incompetencia, esa disyuntiva es un consuelo. La estructura de incentivos produce las dos. Un gerente que no arriesga patrimonio propio y depende de un nombramiento político maximiza permanencia, no eficiencia. El costo lo paga un tercero que no está en la mesa: el usuario.
–El jurista del derecho administrativo: Cuidado con confundir hallazgo fiscal con delito. Lo primero prueba detrimento, lo segundo exige dolo y debido proceso. La captura institucional no vive en la ausencia de normas, vive en su aplicación tardía y selectiva.
–La experta en servicios públicos: El marco que a todos se les olvida es la privatización. Estas empresas están en la lista de venta desde hace años, con Duque y con Petro. Cada multa por mala gestión es munición para quien quiere venderlas.
–El punto de acuerdo: el escándalo no está en un funcionario aislado, sino en un diseño que reparte el poder por lealtad, controla tarde y externaliza el costo. El caso no es una falla del sistema. Es el sistema funcionando como fue diseñado.

Nota metacognitiva. Corrección silenciosa: varios medios atribuyeron a ElectroHuila los hallazgos de Santa Helena y Catama y la multa de 2.562 millones; los marcadores geográficos confirman que corresponden a Villavicencio, Meta, es decir, a EMSA. El sarcasmo se calibra sobre el eufemismo gasto improductivo, no sobre un robo probado: lo verificado es un detrimento patrimonial presunto con procesos apenas iniciados. El rubro de otros hallazgos menores se estima por diferencia entre el total oficial y los ítems desglosados; las equivalencias en viviendas y salarios se expresan en órdenes de magnitud.

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