Roberto Prieto Uribe

Por: Jan Slodvak

Apretado y contra las cuerdas de la justicia se encuentra Roberto Prieto, amigo del presidente Juan Manuel Santos y gerente de su pasada campaña presidencial cuestionada –al igual que la de Oscar Zuluaga- por los aportes no propiamente constructivos de la constructora brasileña Odebretch. Al parece Prieto se movía con cálculos que harían palidecer a un ingeniero en lo referente a usar sus influencias –poderosas como se ve- para lograr que en determinadas mega obras, sus amigos salieran favorecidos en una trama tan torpe que la Fiscalía General de la Nación logró detectar más de 227 llamadas telefónicas en un lapso de 180 días desde 5 teléfonos celulares.

Dando papaya desesperado, pues allí en los diálogos con sus interlocutores se refería a los casos pendientes con la justicia y la estrategia no propiamente santa que estaba usando para evadirla. Para nada, pues precisamente por ese hecho, el Juez 45 de Control de Garantías lo envió a la cárcel Modelo: “José Roberto Prieto tiene la capacidad de direccionar y dirigir una serie de actuaciones dirigidas a que los testigos logren variar su versión”.

Los enredos y retrasos

Prieto es investigado por dos hechos relacionados con empresas de ingeniería. Uno de ellos el pago de la cuestionada brasileña Odebrecht a la campaña presidencial 2014 de Juan Manuel Santos relacionada con el manejo publicitario y que incluyó también una gestión de su parte en el cuestionado otrosí de la Vía Ocaña- Gamarra y otra con el uso de sus influencias para el otorgamiento a una empresa de un amigo de la construcción del puente sobre el río Magdalena entre las poblaciones de Zambrano, Bolívar y Plato, Magdalena.

La obra fue otorgada casi a las volandas al final del segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe bajo la gestión de Andrés Uriel Gallego cuando se colocó la licitación No. SEA-LP-001-2010 para otorgar el contrato de concesión para las obras de construcción, rehabilitación, ampliación, mejoramiento, la preparación de estudios definitivos, gestión predial, social, ambiental, financiación y operación de la vía entre San Roque, Cesar –la puerta de entrada al Magdalena medio- y La Ye de Ciénaga y la trasversal que parte desde el Carmen de Bolívar, pasa por Zambrano cruzando el Magdalena hasta Plato.

El contrato lleva el No. 007-2010 por un valor de $2.079.953.179.851 correspondiente a pesos de 31 diciembre de 2008 entre Dionisio Barros, que aparece sin documento de identificación, sub gerente encargado de estructuración y adjudicación del Instituto Nacional de Concesiones INCO, y el ciudadano italiano Dario Ballare, con pasaporte AA5039809, actuando en calidad de representante legal de Yuma Concesionaria, constituida mediante escritura pública No.2002 del 29 de julio de 2010 en la Notaría 16 de Bogotá.

Los italianos aparecen en la firma del contrato pues son los principales socios de Yuma Concesionaria con el siguiente reparto de acciones:

Impregilo S.P.A. – Italia con el 40%

Infraestructura Concesionaria –Colombia con el 28.7%

Fondo de capital privado Ruta del Sol (?) –Colombia 17%

Impregilo Int. Infraestructura – Holanda 8.3%

Conalvías Construcciones SAS –Colombia 5.9%

La interventoría Consorcio El Sol estaba constituida por tres empresas:

Restrepo y Uribe – 40%

IMA Ltda. – 40%

Tea Ltda. Consultorías – 20%

La intervención puntual de Roberto Prieto en la citada vía consintió en que a los planificadores de la obra se “les olvidó” que el diseño de una vía con cuatro carriles se encontraba con un cuello de botella en el actual puente de Plato inaugurado por Ernesto Samper con solo dos carriles, por lo que fue menester convocar a la construcción de uno nuevo que se adaptará a las exigencias de la vía.

Basta señalar que todos los contratos de la Ruta del Sol III fueron incumplidos y que las vías adjudicadas, quedaron a medio terminar o sin inicio de obras, justificadas con diversas excusas técnicas en relación a los retrasos y que provocaron la rescisión del contrato.

Las coimas

Según la Fiscalía General de la Nación Roberto Prieto recibió 650 millones de pesos usando sus influencias para favorecer al empresario de construcción Eduardo Zambrano. Esa fue la suma inicial que ha ido creciendo, según los acopios de los investigadores, usando diversas mamparas y pantallas legales, tal es el caso de la empresa Megaland, palanca para mover parte de la coima, en donde se relacionaron otros pagos con tarjetas de créditos, hecho confirmado por Gilberto Saldarriaga, gerente y propietario de esa empresa.

En un documento firmado con Yuma Concesionaria, la empresa concesionaria del tramo Ruta del Sol III se estableció que en caso de necesidad de un segundo puente sobre el río Magdalena la obra no estaría bajo su responsabilidad sino la de Invías. Con el paso del tiempo este concepto inicial cambia pues la empresa Concesionaria Yuma le comunica a la Agencia Nacional de Infraestructura que una parte del presupuesto del contrato no se había usado y que podría ser destinada a la construcción del puente sobre el río Magdalena, en cuyo caso era menester cambiar esa clausula en el contrato de concesión original mediante la adición de un otrosí pero que esa nueva obra no lo haría Yuma, sino que debería subcontratar con un tercero.

Es en ese momento en que aparece Roberto Prieto, ex gerente de la campaña de Juan Manuel Santos, usando todo su arsenal de influencias, quien inicia gestiones ante la Agencia Nacional de Infraestructura para que les otorguen los diseños y estudios a la empresa Consultores Unidos, propiedad de su amigo Eduardo Zambrano. Prieto se reunió en diversas ocasiones con Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura sobre el caso concreto de la Ruta del Sol sector III, culminando esa gestión el 21 de julio de 2015 con la firma del otrosí No. 5 con Leonardo Castro, representante legal de Yuma.

Prieto fue interceptado y parece que no se percató de este hecho pues le dice a su amigo Zambrano a las 4:24 pm del 5 de mayo de 2017: “En su ida a la Fiscalía le van a preguntar si tiene negocios con Impregilo, porque ellos van por el tema de Conalvías. A mí me preguntaron, pero yo me hice el güevón en eso”.

La investigación incluyó que en enero de 2018 Germán Córdoba fue vinculado a la investigación por una adición –un otrosí- al contrato de la Ruta del Sol 3 firmado en 2015 cuando fungía de Vicepresidente de la ANI con Yuma Concesionaria, relacionado con la construcción del llamado Puente Largo entre los municipios de Zambrano, Bolívar y Plato, Magdalena. Córdoba dejó la Vicepresidencia de la Agencia Nacional de Infraestructura –bajo control del Ministerio de Obras Publicas y la Vicepresidencia de Germán Vargas Lleras- a finales del año 2016 para ingresar en uno de los roles directivos del partido Cambio Radical.

Por ese mismo caso del Puente Largo en la Ruta del Sol sector III fue llamado a interrogatorio el 22 de enero de 2018 Luis Fernando Andrade, que por esa época ya tenía una imputación de cargos por un otrosí en el célebre y debatido contrato de la vía Ocaña y Gamarra en la Ruta del Sol sector 2 en donde estuvieron involucrados varios congresistas y la Ministra Cecilia Álvarez Correa con la constructora brasileña Odebrecht.

En mayo 23 de 2017 la constructora italiana Impregilo decidió salirse del proyecto Ruta del Sol III mediante una argucia jurídica al fusionarse con la constructora Grupo ICT II SAS. La compañía absorbente ICT tiene activos superiores a $44.646 millones, pasivos de $58.638 con un capital suscrito y pagado de $3290 millones. La sociedad absorbida, Impregilo, tiene activos de $73.397 millones, pasivos por $19.452 y un capital suscrito y pagado de $6455..

Un proyecto fallido y la caducidad del contrato

Según un informe que Yuma Concesionaria entregó a la ANI, el proyecto tenía un avance del 27% de la construcción a partir del inicio de su construcción el 17 de agosto de 2012, un avance de menos de la tercera parte, con 9 otrosíes al contrato original.

A todas estas la Agencia Nacional de Infraestructura nada decía hasta que en enero de 2018 Dimitri Zanivich, el nuevo presidente de esta entidad estatal, anunció que se avanza, pero no en la construcción de la vía sino en el proceso de caducidad por incumplimiento de los contratistas. Le otorgaron nuevos tiempos y exigencias a Yuma Concesionaria bajo la amenaza de sanciones en caso de no resolverlas, que en plata blanca quiere decir el pago de compromisos contractuales, pagos a proveedores y la retoma de construcción de las obras. Según Luis Fernando Mejía, vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, la obra, después de amenazas de las consecuentes caducidad al concesionario, reanudó su marcha en algunos tramos en el mes de mayo de 2018, pero la lentitud es evidente. Después de 8 años de firmado el contrato, apenas si lleva un avance precario del 27%. Una obra que fue presupuestada en 2.1 billones de pesos del 2010 y que por sus comprobados retrasos en todos los frentes posiblemente se acerque a los 3 billones de pesos con dinero del 2018.

El episodio pintoresco del puente no diseñado en los estudios iniciales ni firmado por los contratistas, fue el perfecto gancho para que un personaje con poder de influencia en altos organismos del estado como Roberto Prieto, direccionara la entrega el contrato de su construcción a su amigo empresario Eduardo Zambrano por una jugosa coima o comisión por sus servicios.

Por ello el juez de control de Garantías, en su escrito para enviar a la cárcel Modelo a Roberto Prieto consideró que “era autor de tráfico de influencias para que dispusieran los recursos para ese contrato y para lograr la adjudicación para favorecer a la empresa de Zambrano Caicedo”. Se cierra así otro capítulo siniestro de la corrupción en las obras viales de infraestructura que conectan a la región Caribe con el interior del país y que dejan, como evidencia de su devastador paso, obras retrasadas, paralizadas, inconclusas, con discutible calidad e innumerables problemas jurídicos, pero ese será materia de un próximo reportaje para comprobar si es cierto que el gobierno Santos le cumplió a la costa en tal sentido o solo fue una fachada muy vistosa y publicitada para comprometer recursos públicos en proyectos inconclusos que ahora se muestran con todo el desgreño administrativo en la cabal dimensión: sigue la región Caribe con serios problemas de conectividad terrestre vial perdiendo casi una década en la incierta aventura.

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