Que al rector de una universidad privada de Colombia lo tilden de “rata”, y sobre todo si la acusación viene de un emblemático personaje nacional, es grave. Ser rector de una universidad no es cualquier cosa, debe tener un perfil de altura, tanto intelectual como ético. Intachable. Y por muy figura que sea el Pibe no puede hablar ni acusar a nadie sin pruebas, pues de lo contrario puede ser castigado por la justicia.

Todos nos quedamos esperando una contundente respuesta del rector de la Universidad Autónoma del Caribe Ramsés Vargas Lamadrid, e inclusive lo visionamos despejando cualquier duda en un estrado judicial, entablando demanda por injuria y calumnia contra el Pibe. Pero no, solo se limitó a expresar temerosas palabras de conciliación para el astro del futbol nacional.

Nos dimos a la tarea de despejar rumores y ver qué cartas escondía el Pibe que respaldaban su acusación de corrupto al rector Vargas Lamadrid. Quisimos saber si habían razones de peso que llevaron al rector de la Uniatónoma a dejar que las palabras del Pibe se las llevara el viento y todo quedara en el olvido.

Encontramos una de esas razones que atizaron la furia del Pibe y lo impulsaron a lanzar semejante calificativo, en un laudo arbitral entre La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en liquidación (la extinta Caja Agraria) contra el Área Metropolitana de Barranquilla.

Este laudo arbitral de 2004 se debió a una justa reclamación que hacia La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero en liquidación al Área Metropolitana para que cancelara un dinero que superaba los $2.000.000.000 (más intereses y pagos de honorarios a abogados) y que esta entidad se negaba a pagar pues no tenía evidencias de que ese dinero en préstamo había entrado a sus cuentas y se había invertido.

Tal cual como lo certifica el Área metropolitana de Barranquilla, “durante la vigencia fiscal de 1997, el señor Ramsés Vargas, quien fungía como gerente de la entidad adquirió con la Caja Agraria un préstamo por valor de $2.000.000.000”.

El AMB no tiene ningún documento que certifique que ese dinero se invirtió en la entidad, solo se remite a una leyenda que aparece en el pagaré que respaldaba ese préstamo y que dice así: “EXCLUSIVAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DENTRO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA”.

Las autoridades nunca investigaron, a pesar de los constantes reclamos de la Caja Agraria por obtener su dinero de vuelta, solo siete años después logró, en laudo arbitral, un fallo a su favor por casi $3.000.000.000. Dinero que todos los barranquilleros tuvimos que pagar, y que nunca supimos que hizo Ramsés Vargas.

Nos gustaría que se aclararan todas las dudas que envuelven este caso y que el Pibe no tenga razón de tildar de “Rata” al rector de un claustro universitario, responsable de la formación ética de miles de jóvenes.

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5 Comentarios

  1. Un articulo politicamente correcto, muy cordial y conciliador con una persona de una bajeza inconmensurable, Ramsés, es hora que empiece a recojer sus cosas rumbo a miami, otra vez, Ud esta a un pelito de que lo empapelen otra vez.

  2. COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

    LA PROMOCIÓN DE UNA REALIDAD DISTORSIONADA EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARIBE
    El Sindicato Nacional SINALTRAPUPRIVIENSI, sindicato de industria de los trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe, reitera a la opinión pública, a la comunidad estudiantil, a la sociedad Caribe, a los medios de comunicación en general, de los cuales hemos tenido acompañamiento para el despliegue de la situación irregular que se ha venido presentando en la actual administración de la Uniautónoma, hoy 11 de septiembre del 2017 el retraso en el pago de los salarios y del pago de la seguridad social a los trabajadores de la Uniautónoma, llegando al punto –presuntamente- de constreñir a los directivos de esta administración de no hacer eco de sus inconformidades so pena de despido. Tal fue el caso de la Directora de la Oficina de Egresados que se atrevió a solicitar información sobre la cancelación de su salario cuyo retraso de dos meses y su seguridad social con la consecuencia de la terminación de su contrato –in so facto- por parte de esta administración. Se impone el imperio del terror tal cual según lo denunciara una docente a través de un medio de comunicación nacional.
    Dicho régimen del terror se extiende a las aulas donde, haciendo alarde de acoso laboral, se persigue a los maestros sindicalizados para fotografiarlos, de tal suerte que, si por algún momento sufriera un retraso para llegar al salón, se asumiría como causal de despido inmediato. Lo lamentable de esta situación es que esta práctica se ha extendido a todos los docentes para que eviten pronunciarse ante los medios y divulgar la realidad experimentada en la Uniautónoma del Caribe.
    Es por ello que SINALTRAPUPRIVIENSI cuestiona el informe expedido por el MEN donde afirma que “La Uniautónoma tiene viabilidad financiera para continuar prestando el servicio público de la educación”, cuando la realidad demuestra lo contrario. ¿Será que nos encontramos frente a unos presuntos delitos contra la administración pública por parte de los funcionarios del MEN que son: falsedad ideológica, prevaricato por acción y prevaricato por omisión?…
    Es por ello que solicitamos públicamente, la realización de un seguimiento a los funcionarios del MEN por parte de los órganos de control como son: Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contaduría General de la Nación y la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, a fin de establecer la veracidad de los informes producto de la inspección realizada y obviar el presunto tráfico de influencias que se evidencia.
    Entonces… ¿Tenemos que ser los trabajadores los que continuemos padeciendo de los reiterados atrasos en el pago de los salarios y de las prestaciones sociales, producto de la permisividad y falta de control de los funcionarios de Inspección y Vigilancia?… Es por ello que solicitamos que este control se realice bajo un marco de transparencia que permita conocer la realidad institucional, siendo éste un derecho constitucional consagrado en el Artículo 20 de la Carta Magna, que va de la mano con el derecho a saber, a conocer lo público -puesto que la Uniautónoma presta un servicio público- sin que la información esté mediada por la voluntad de unos funcionarios. Es importante resaltar que dichos funcionarios tienen la obligación legal y ética de proveer la información y no restringir su uso en función de intereses particulares.
    LA UNIAUTÓNOMA SÍ TIENE DUEÑO Y ES LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN PLENO.
    NO NOS DEJEMOS QUITAR LO QUE ES NUESTRO

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