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Duros cuestionamientos ha recibido la Fiscalía General de la Nación por la imputación de cargos que anunció contra la periodista Diana Marcela Díaz  por el supuesto delito de utilización de asunto sometido a secreto o reserva y que ha sido catalogado como delito contra la administración pública. 

La periodista fue citada para el próximo miércoles 18 de noviembre en un caso que se le sigue por la presunta violación de la cláusula de confidencialidad que tenía su contrato con Radio Televisión de Colombia (RTVC – Sistema de Medios Públicos). 

Díaz fue quien denunció la censura contra el programa Los Puros Criollos que se emitía en el canal institucional, por parte del entonces (2019) gerente del canal, Juan Pablo Bieri. 

Para hacerlo, grabó una reunión de trabajo en la que su jefe inmediato, el entonces gerente del canal, Bieri, se le escucha decir que “¿Cómo hacemos para que (Santiago Rivas) no salga más en nuestros productos?”, refiriéndose al programa Los Puros Criollos, que hacía críticas al Gobierno. Más adelante decía que el presentador, con sus opiniones sobre el Gobierno nacional, está mordiendo “la mano que le da de comer”. 

Se trataba de una charla con tres de sus asistentes en que el funcionario, quien también fue director de comunicaciones de la campaña de Iván Duque, expresaba que en su gerencia “no hay posibilidad de que Rivas vuelva a trabajar en alguna coproducción ni producción”. 

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Con esta grabación en enero de 2019, la comunicadora presentó ante la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) queja formal por censura, pues la orden impartida por Bieri era pasar el programa para las 3 de la madrugada. 

La denuncia le costó a Bieri el puesto, quien dejó el canal en febrero del año pasado, pero luego fue contratado por el Gobierno de Iván Duque por $468’538,200 pesos como asesor durante 25 meses, a partir de octubre del año pasado. 

Su labor es prestar servicios de ““asesoría al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, en relación con la formulación de lineamientos y compilación de información necesaria para la elaboración y revisión de documentos, discursos, insumos y otros que se requieran en el despacho de la jefe de gabinete, María Paula Correa, con el fin de mantener una visión estratégica en las comunicaciones oficiales de la Casa de Nariño”. 

Saldado su tema laboral, Bieri pasó a denunciar a la periodista Díaz ante la Fiscalía acusándola de haber divulgado información de reserva, lo cual ha sido calificado por reconocidos juristas como un desafuero, teniendo en cuenta que se considera información reservada aquella que se emana por ejemplo en consejos de ministros o de seguridad, y es muy difícil demostrar que hay un delito en el caso de la comunicadora que lo que hizo fue advertir a la FLIP la ocurrencia de un hecho de censura a la libertad de expresión. 

La solicitud a la FLIP 

Pero no contenta con llamar a imputación de cargos a la periodista Díaz, la Fiscalía decidió ordenar una inspección judicial a las instalaciones de la Fundación para la Libertad de Prensa a fin de que les suministraran “Documentos de control de ingreso y salida de visitantes durante el período comprendido entre el 6 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019 con el fin de establecer el ingreso de Diana Marcela Díaz Soto (…) establecer a qué dependencia compareció, en cuántas oportunidades, obtener toda la documentación de dichos registros de ingreso y salida, videos de seguridad y copia de la grabación obtenida y publicada por dicha organización el 23 de enero de 2019 denominada Juan Pablo Bieri, un censor puro criollo”. 

Y aunque la Fiscalía salió a desmentir que había dado tal orden, ésta si fue remitida la FLIP según consta en documento fechado el 8 de octubre del 2020, dirigido a Jonathan Bock Ruíz, director de la entidad y firmado por Claudia Patricia machado, investigadora del CTI de la Unidad de Administración Pública. 

El tema ha generado toda clase de reclamos al ente investigador y acusador, pues mientras se dedica a perseguir periodistas por denunciar una flagrante violación al derecho fundamental a la libre expresión, poco o nada avanza en investigaciones que sí ameritan su contundencia como delitos por narcotráfico, homicidios, feminicidios, amenazas de muerte o desapariciones forzadas, por citar algunos ejemplos. 

Responde director de la FLIP 

Frente a estos hechos, en una misiva de cinco páginas, Jonathan Bock, expresó su preocupación al fiscal general Francisco Barbosa frente al “uso de mecanismos ilegítimos, innecesarios, injustificados y desproporcionados en la investigación de la Fiscalía en contra de Díaz, quien denunció un caso de censura en el sistema de medios públicos de Colombia”. 

“El inicio o avance de investigaciones por parte de la Fiscalía en contra de periodistas, fuentes, medios de comunicación y colectivos que hacen uso de su libertad de expresión para informar u opinar sobre asuntos de interés público puede generar un ambiente de miedo y autocensura”, argumentó Bock. 

Para Bock, la Fiscalía General debe actuar con sujeción a los valores y principios constitucionales sobre los cuales se funda el Estado Social de Derecho, por lo que le corresponde garantizar en sus procedimientos el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y, en particular, los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la recta administración de justicia, la libertad de prensa y la reserva de la fuente. 

“En razón a ello, su despacho debe impartir las directrices a nivel institucional para que las investigaciones cumplan con estos mínimos y apliquen los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y libertad de prensa”, dijo en su misiva. 

De acuerdo con el directivo, desde la defensa de la libertad de expresión y como sociedad civil “nos resulta imposible entender estos actos de una manera distinta a la de intimidar a la fuente que se ha expuesto por denunciar irregularidades y también a nosotros, a la Fundación para la Libertad de Prensa, en su propósito de defenderla”. 

A juicio de bock, imputar cargos a una fuente que se atrevió a denunciar irregularidades es actuar contrario a estándares internacionales sobre protección de denunciantes. “Los mecanismos legales y penales no deben ser utilizados para acosar e intimidar a personas, que, como Diana Díaz, se atrevieron de buena fe a entregar información sobre acciones irregulares que ocurrían en la institución pública en la que trabajaba”. 

Y añadió que “Este proceso penal contra Diana Díaz es un despropósito en sí mismo, no solo contraviene lo dicho, sino que también es un desgaste para la administración de justicia que evidencia una política de persecución en contra de las fuentes. Desde un inicio, debió ser archivada porque no se divulgó información reservada; se actuó de buena fe para dar a conocer irregularidades; y se trató de un ejercicio legítimo de la libertad de expresión sobre una irregularidad que no es menor, porque la prohibición de la censura es una garantía central para la democracia”. 

Respecto de la solicitud de la Fiscalía sobre una inspección judicial a las oficinas de la Flip, Bock las ratificó y dijo que no existe en la historia de la FLIP un precedente donde de manera “tan flagrante una institución del Estado nos solicitara violar la reserva de la fuente y facilitar información que nos confían nuestros benefactores”. 

Para el directivo, la eventual realización de la inspección de la sede de la Fundación afectaría el derecho a la intimidad, a la reserva de la fuente y a la defensa de derechos por parte la FLIP, esto es el cumplimiento de su mandato. 

“Esto constituiría una intromisión excesiva de tal magnitud que un juez de control de garantías no avalaría dicha diligencia. Este habría optado por un mecanismo menos lesivo, como solicitar puntualmente la información necesaria de manera selectiva, proporcionada y con una finalidad clara y transparente”, argumentó el directivo. 

Bock, por último, aseguró que la FLIP siempre ha colaborado con las instituciones del Estado, cuando están enmarcadas en la administración de justicia bajo los principios de imparcialidad y publicidad. “Frente a este caso, recordamos que la FLIP y Diana Díaz ya han dado su testimonio en la investigación contra Juan Pablo Bieri iniciada a principios del 2019 por la Procuraduría General”. 

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