Otro elefante blanco en la Universidad del Atlántico. A comienzos de este año 2020, y posterior a la salida de los estudiantes tomistas que paralizaron la institución por más de cinco meses, fuimos invitados por un grupo de estudiantes de varias facultades la Universidad a una reunión estudiantil donde se presentaron casos y quejas de supuestos casos de corrupción en esta institución.
Al finalizar la reunión hicimos un recorrido guiado por los estudiantes, en el que mostraron el estado de algunas obras, que explicaban como si fueran interventores de las mismas. De todo lo enseñado llamó la atención una, que ellos entre risas y gracejos denominaron el edificio Clara.
Dijeron que era la Planta de Producción Farmacéutica, señalando una gran bodega con dibujos en blanco y azul, que le costó más de $ 2.000 millones a la Universidad, y solicitaron que nos asomáramos por una ventana y observáramos su interior. Se trataba de una bodega abandonada y sellada. Nos pidieron averiguar sobre lo que ellos llamaron otro elefante blanco de la universidad, el cual terminó convertido en un homenaje a la improvisación y a la chapucería universitaria.
Así iniciamos esta investigación. Solicitamos información en la Ciudadela Universitaria de la Gobernación del Atlántico, en la misma Universidad del Atlántico, asimismo, entrevistamos funcionarios, profesores y algunos estudiantes y esto fue lo que encontramos.
La planta de producción farmacéutica y la acreditación del programa de Farmacia
Era el año 2009 y la profesora Clara Fay Vargas Lazcarro era la decana de la facultad de Farmacia y, además, representante de las directivas académicas en el Consejo Superior. Posteriormente ocupó el cargo de vicerrectora.
Como muchos funcionarios académicos administrativos de Uniatlántico que concentran mucho poder, le sirven a los políticos externos para alquilar sus pergaminos académicos. Vargas Lazcarro tuvo el desatino de condicionar la acreditación del programa de Farmacia a la construcción de una planta productora de fármacos en su facultad.
Según decía, en ese entonces, esta planta produciría ibuprofeno, acetaminofén, albendazol, jarabes y otros medicamentos esenciales que serán vendidos por la universidad, a precios asequible a las EPS, droguistas y a la población necesitada de la región costeña, y de esa forma competirle a las multinacionales con precios por debajo de los de la industria farmacéutica.
De esta forma, decía su creadora, la universidad haría investigación de punta, haría presencia y proyección social y al tiempo entraría en el mundo de los negocios. Para lograr su cometido utilizó el poder de su voto en el Consejo Superior a cambio de que le aprobaran este caprichito que le costó a la institución, más de $ 2.000 millones a la Universidad.
Así las cosas, el proyecto no tendría opositores. La intención del proyecto era una belleza. Pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice el dicho. Y eso fue lo que sucedió.
Dos profesores del programa de Química y Farmacia, uno pensionado y otro activo y quienes han pedido no revelar su nombre, dijeron que a la doctora Clara se olvidó decirle la verdad a los directivos de la Universidad y la comunidad académica, que para producir fármacos en Colombia hay que cumplir con unas exigencias técnicas muy costosas de buenas prácticas de manufactura (BPM) que datan desde 1995 y que ella conocía como todos nosotros y, además, de buenas prácticas de laboratorio BPL.
Las dos exigencias son certificadas por el Invima después de cumplir requisitos de bioseguridad, ventilación especial, controles, etc., lo que hacen casi imposible producir fármacos en las universidades y en laboratorios pequeños, por una parte. Por otra, hay que tener en cuenta que es casi imposible competir con los grandes monopolios farmacéuticos transnacionales, porque ellos sacan a quienes quieran del mercado, manejando costos y precios de producción a escala.
Esta inversión debió acompañarse de un estudio de factibilidad financiero, técnico, normativo del proyecto que tuviera en cuenta estas razones ya que el proyecto era un modelo de negocio que nunca tuvo en cuenta que la producción debería cumplir con estándares de calidad y seguridad costosos.
Si no se hace lo que corresponde, se incurre, sin duda en un engaño, en una estafa a la universidad que es la que va a financiar el proyecto. Aquí lo que hicieron fue idear un proyecto y ejecutarlo, sin tener en cuenta el modelo de negocio en que se estaban embarcando.
Se indujo a la universidad en un error, a la incoherencia, pues no tuvieron en cuenta la normatividad existente, los costos y aun así la profesora Clara Vargas continuó vendiendo el milagro. “Por tal razón ese proyecto era inviable desde el inicio para la Universidad, pero a nosotros, los profesores, nunca nos escucharon, por eso hoy ese edificio no sirve para lo que fue construido, allí no hay nada sino dinero enterrado”, explico un profesor.
La decana Clara Vargas continuó en su empeño y, supuestamente, presentó el estudio que motivó (es necesario aclarar que aun cuando la Ciudadela respondió nuestra solicitud de información, nunca presentó el estudio de factibilidad del proyecto ni copias de los contratos del mismo) y justificó la construcción y dotación de una planta de producción de medicamentos dentro de la universidad para respaldar el proceso de acreditación del programa de Farmacia.
El proyecto se aprobó y se presentó a la Junta de Ciudadela Universitaria, la cual decidió aprobarlo y se incluirlo en el Contrato CU 2000 009 denominado Macroproyecto Ciudadela Universitaria del Atlántico que incluía un conjunto de obras civiles en la Universidad. La junta decidió ejecutarlo con cargo a los recursos de la estampilla universitaria.
Un proyecto que nació y murió lleno de inconvenientes
En la información suministrada por oficina de Ciudadela Universitaria, y en la recabada por este medio, se nota lo accidentado y lleno de problemas del proyecto desde el inicio. En año 2011 bajo la gobernación de Eduardo Verano se inició la construcción de la planta de producción farmacéutica, la cual fue adjudicada a la unión temporal Carlos Bengal y Valorcon S.A por $ 1.299 millones.
Según el informe de Ciudadela este contrato presentó dos modificatorios y adiciones, una en el 2012 y otra en el 2014.
Así mismo entre el año 2014 y 2017, durante a gobernación de Antonio Segebre, la obra permaneció paralizada, pero luego, en el segundo gobierno de Eduardo Verano, en 2017 se vuelvió a contratar con la firma Unión Temporal Diseños Y Proyectos Ciudadela por valor de $645 millones, con un modificatorio y adicional en el 2018. En 2019 fue inaugurado.
En este periplo de dificultosos ocho años, el proyecto tuvo toda suerte de serios inconvenientes. Modificación de diseños, cambios estructurales, suspensión de obras, demoliciones sobre lo que había ejecutado el contratista e inconvenientes por falta de pagos al contratista inicial que obligó recurrir a créditos bancarios y otra serie de situaciones.
El informe que presentó Ciudadela describe muchos de los inconvenientes del proyecto, tales como cambios en las dimensiones del área de construcción, la altura de paredes y techos, funcionalidad de la obra, acabados etc. La suma de los dos contratos para la construcción de la Planta de Producción farmacéutica de la Universidad del Atlántico, según datos de la oficina de Ciudadela, las instalaciones incluido el aire acondicionado, la planta eléctrica propia, el cableado estructurado y las divisiones modulares internas ha costado, sin incluir lo que debe contener por dentro una planta, $ 2.000 millones aproximadamente.
Fue contratada en el primer gobierno de Eduardo Verano y terminada en su segundo periodo de gobierno e inaugurada en 2019 y desde esa fecha hasta hoy la planta que serviría para la acreditación del programa y para poner a la Universidad en las ligas mayores de la investigación científica y volcada a la producción y al compromiso social, como alguna vez lo dijo alegremente su creadora Clara Vargas, permanece cerrada, es un galpón repleto de murciélagos y hogar de los gatos vagabundos. Todo indica, esa platica se perdió.
Si quisiéramos observar la magnitud de la ineficiencia de este proyecto comparémoslo con lo que hace otra universidad vecina. Mientras la Universidad del Norte diseña, construye e inaugura y pone a funcionar un edificio inteligente de 10 pisos en un año y tres meses; la planta de producción farmacéutica de Uniatlantico de un solo piso, tardó ocho años, pasó por las manos de tres gobernadores, cuatro rectores, tres decanos y varios secretarios de Ciudadela Universitaria y, lo peor, hoy no hay planta de producción farmacéutica ni nada que se le parezca.
Al ministerio de Educación que fue quien acreditó el programa de Farmacia en 2011, se le presentó un plan de mejora que incluía la construcción de la planta de producción de medicamentos. Sin embargo, cuando vinieron a re-acreditarlos nunca le dijeron al Ministerio que el proyecto había fracasado. Hoy, después de un año de haber sido inaugurado, permanece cerrado, abandonado y no contiene nada adentro, ni para producir Mentolín. La universidad no sabe qué hacer con este elefante blanco, y hoy se erige como un monumento a la desidia, al abandono universitario y al despilfarro de los recursos públicos.
Por qué la planta de producción farmacéutica terminó en elefante blanco pintado de azul
Las instalaciones para la planta de producción farmacéutica nunca sirvieron, aunque fueron inauguradas con voladores, bombos y platillos. Terminaron convertidas en un elefante blanco, por una razón clave: porque nunca el proyecto fue estructurado, ni evaluado por su responsable, la profesora Clara Vargas y en su afán, tal como dijeron directivos que estuvieron en 2013 y años siguientes, de mantenerse como miembro del Superior y de alcanzar la rectoría del alma mater, mintió y engañó con este proyecto.
Hoy la planta de producción farmacéutica es un fiasco a los ojos de todos. Es responsabilidad tanto de los gobernadores que aprobaron y ordenaron gastos al proyecto y que ante las dificultades debieron liquidarlo, como de los rectores que continuaron con el proyecto y le adicionaron más gastos y guardaron silencio cómplice.
La Universidad nunca debió dedicarle recursos a un proyecto de negocio en el que la universidad no tenía ni experticia, ni conocimiento del mercado, un negocio del que no sabía nada. Entonces, ¿por qué cuando se dieron cuenta de que el proyecto no iba a tener futuro, tal como se deja entrever en el informe que comunicó Ciudadela, en lugar de liquidar el proyecto y no continuar botando los recursos públicos, continuaron con el proyecto? ¿Por qué en el año 2016 cuando ya era de dominio público la inutilidad del proyecto, y existen comunicaciones que así lo advertían, la decana Clara Vargas vuelve y presenta a la Universidad otro proyecto complementario de la planta de producción farmacéutica, la adquisición de una máquina “tableteadora” importada con cargo al presupuesto de la Universidad?
El vía crucis de una compra irregular para la Planta
La tableteadora fue contratada por la Universidad a solicitud de la decana Clara Vargas y adjudicada a un particular. La misma fue cancelada en su totalidad, sin embargo, la tableteadora no fue recibida por la Universidad, sino tres años después del pago por el decano de ese entonces Fernando Cabarcas Castellanos, quien prácticamente, de cuenta propia la rescato de donde se encontraba en estado de deterioro por el abandono al que fue sometida.
Para documentar esta situación, este medio, consultó al profesor Cabarcas Castellanos, ex decano de la facultad de Química y Farmacia y representante de los docentes por tres periodos seguidos en la Junta Pro ciudadela. El profesor informó que cuando llegó a la decanatura en el año 2016 ya el proyecto estaba casi terminado.
El profesor Cabarcas contactó a un conocido experto en montajes de plantas farmacéuticas para que evaluara la factibilidad del proyecto, dado que la Universidad de Antioquia también, por esa época, había renunciado a seguir construyendo algo parecido a lo que pretendía la profesora Clara Vargas. El estudio señaló que una planta farmacéutica le costaría demasiado dinero a la Universidad y una tramitología excesiva para conseguir los permisos.
Con este diagnóstico, la gobernación de Antonio Segebre congeló el proyecto y se olvidó de él, hasta que volvió Eduardo Verano, quien desestimó el estudio de Cabarcas y reinició la finalización de las obras y compra de equipos.
“Un día un particular se comunicó conmigo y me dijo que la universidad tenía una tableteadora arrumada en las bodegas del negocio de su padre, quien había fallecido hacía poco. Que sacáramos eso de allí toda vez que los herederos del negocio estaban liquidando todo. Personalmente lideré el rescate de la tableteadora la que encontré en una bodega tres años después de haber sido cancelada por la Universidad”, explicó Cabarcas, refiriéndose a una máquina alemana de producir tabletas farmacéuticas.
Todo indica que la profesora Vargas dejó la máquina en manos del proveedor y la tableteadora estuvo a punto de perderse, no obstante un grupo de profesores de la Facultad sabia de esta situación, prefirieron callar ante tamaña irregularidad.
La compra de la tableteadora es un ejemplo de la forma irresponsable como la Universidad estructura y evalúa sus proyectos y de cómo aplica sus recursos. La compra de la tableteadora constituye una pieza vergonzosa en la historia de la contratación universitaria, por cuanto aprueban comprar una maquina tableteadora a un proyecto condenado al fracaso, de cómo un ordenador del gasto autoriza un pago de un bien que no ingresa al patrimonio y al inventario o de pagar un bien sin existir un recibo a satisfacción real.
Realmente la tableteadora ingreso tres años después y en mal estado. Es evidente la responsabilidad de la funcionaria Clara Vargas y de los demás funcionarios que participaron de esta irregularidad. Esta compra viola todos los principios elementales de una adquisición publica y abruma el profundo silencio interno de la universidad sobre su propio desgreño, así como el de los organismos de control como Contraloría y Procuraduría locales.
Todo este proyecto, su justificación, su diseño, su ejecución y funcionamiento demuestra que la universidad la administran funcionarios internos y externos que no tienen la menor idea de los principios rectores de la administración pública tales como el debido proceso, buena fe, moralidad, eficacia, celeridad y transparencia. En este proyecto Uniatlantico paso por encima de ellos. La Universidad no sabe qué compra, cómo lo compra, si lo que compra ingresa o no al patrimonio de la institución y un largo etcétera. No sabe tampoco para qué hace una planta de producción farmacéutica. Para cualquiera que administre una tienda, o una empresa, resulta inverosímil todo esto.
Ni a la entidad que acreditó el programa de Farmacia, ni a los estudiantes de la Universidad, ni a la comunidad universitaria, ni a la sociedad que con sus impuestos financiaron este embeleco, tienen conocimiento de donde está la pomposa planta de producción farmacéutica con la fueron estafadas las rentas de Uniatlantico, como también todos aquellos que depositaron la confianza en estos funcionarios chapuceros y que se deleitan saltando el código penal.
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