El espionaje que expone una red de corrupción y lavado de activos en Colombia
El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro ha revelado una cadena de delitos que involucran lavado de activos por parte de funcionarios públicos, espionaje sin órdenes judiciales, y la posibilidad de delitos transnacionales que podrían derivar en extradiciones. Este escándalo, que gira en torno a la adquisición del software Pegasus, representa una de las operaciones más oscuras de la inteligencia policial en Colombia, donde se interceptaron ilegalmente comunicaciones de opositores políticos y ciudadanos.
Según Petro, nos enfrentamos a un caso de espionaje interno que no solo es inconstitucional, sino que fue ejecutado en medio de la represión del estallido social de 2021, donde decenas de jóvenes fueron asesinados, mujeres adolescentes fueron violadas y miles de estudiantes detenidos. Lo que parece ser una operación diseñada para neutralizar al partido de la oposición y manipular las elecciones presidenciales, palidece incluso al lado del infame escándalo de Watergate en Estados Unidos.
Una red de impunidad y corrupción sin límites
Los organismos judiciales y administrativos de control en Colombia han sido cómplices de estos crímenes, según las palabras del presidente. No se investigó ni se emitieron acusaciones formales, y los hechos permanecieron ocultos bajo un manto de impunidad. Esta inacción institucional ha permitido que una alianza internacional poco clara conspirara contra los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos, poniendo en evidencia un Estado que opera como una verdadera dictadura.
Así funciona el Software Pegasus, el que presuntamente compró Duque.
— Juan David Pedraza L (@juanda158392211) September 5, 2024
Vía: @elpais_inter pic.twitter.com/HOH0LP3GX4
Uno de los aspectos más oscuros de esta trama es el origen del dinero utilizado para comprar el software espía. Un reporte de actividad inusual emitido por un banco israelí, en julio de 2021, reveló la transferencia de 11 millones de dólares desde Colombia a Israel. El dinero, supuestamente destinado a la compra de Pegasus, fue enviado en efectivo en dos depósitos de 5.5 millones cada uno, violando cualquier norma de transparencia financiera y presupuestaria.
¿De dónde salieron los millones? La gran pregunta sin respuesta
Lo más alarmante es que no existe ninguna evidencia de que estos fondos pasaran por los canales oficiales del Presupuesto Nacional o de la Comisión de Crédito Público. No hay registros que justifiquen cómo el gobierno colombiano, a través de la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), adquirió este software para espiar comunicaciones privadas. Este hecho constituye, según Petro, un lavado de activos en toda regla, ejecutado por el mismo Estado colombiano.
¿A quiénes espiaron con Pegasus? ¿Con qué justificación legal? Estas son preguntas que siguen sin respuesta. No se emitieron órdenes judiciales que avalaran tales interferencias, lo que convierte a esta operación en un delito constitucional. La gravedad de la situación aumenta al no haberse investigado cómo salió tal cantidad de dinero en efectivo de Colombia, ni cómo se permitió que un software de espionaje tan peligroso cayera en manos de una agencia estatal sin control.
Un caso sin precedentes en la historia reciente de Colombia
El espionaje interno mediante Pegasus es uno de los mayores ataques a los derechos ciudadanos en la historia reciente de Colombia. No se trata solo de una cuestión de vigilancia ilegal, sino de un atentado a la democracia, donde los aparatos de seguridad del Estado se han utilizado para oprimir, controlar y eliminar cualquier amenaza política que se interponga en el camino del poder.
Petro ha solicitado que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) entregue toda la información relacionada con esta operación a la Fiscalía General de la Nación. El objetivo es garantizar que los derechos constitucionales de los ciudadanos sean respetados, y que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia.
Un llamado a la justicia internacional
Si la justicia en Colombia no actúa, Petro ha advertido que expertos internacionales podrían ser llamados para realizar una auditoría forense y descubrir la verdad detrás de esta operación. El presidente ha dejado claro que el gobierno no descansará hasta llegar al fondo de este escándalo, que afecta la legitimidad de las instituciones y amenaza con destruir la confianza pública en el Estado.
Este caso de espionaje masivo y lavado de activos, ejecutado desde las entrañas del Estado, debe ser investigado con la seriedad que merece. Colombia no puede permitir que una operación de esta magnitud quede en la impunidad.