El reciente escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha golpeado fuertemente al Partido Verde y otras figuras políticas de alto perfil. La trama corrupta desenmascarada ha revelado una red de contratos fraudulentos que involucró a exfuncionarios de la UNGRD y empresarios cercanos a la política, evidenciando nuevamente la podredumbre en la administración pública del país.
El juez 72 Penal Municipal de Bogotá, tras una larga audiencia que se prolongó hasta la madrugada del 6 de septiembre, legalizó las capturas de dos figuras clave: Luis Carlos Barreto Gantiva, exsubdirector de Conocimiento de Riesgo, y Pedro Andrés Rodríguez Melo, exasesor de dirección. Ambos enfrentan cargos por su presunta participación en el saqueo a la UNGRD. La audiencia de imputación de cargos por delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y falsedad en documentos se llevará a cabo horas después.
Un entramado de corrupción que salpica a todo el país
La red de corrupción que azota a la UNGRD no es solo otro caso más de malversación de fondos públicos. Los capturados, Barreto y Rodríguez, son piezas clave de una organización que, según las investigaciones, desvió millones de pesos a través de contratos sobrevalorados y falsificación de documentos. La Fiscalía ha recabado pruebas contundentes que vinculan a estos individuos con el saqueo de recursos que estaban destinados a mejorar las condiciones de las comunidades más vulnerables de La Guajira.
En la denuncia de Sneyder Pinilla, uno de los protagonistas del escándalo, se menciona cómo los implicados orquestaron la entrega de más de $4.000 millones de pesos provenientes del sobrecosto de la compra de carrotanques. Estos vehículos, en teoría, debían llevar agua potable a las comunidades indígenas de la región, pero gran parte del dinero fue desviado a los bolsillos de los corruptos.
El Partido Verde en el ojo del huracán
Rodríguez Melo, uno de los detenidos, tiene vínculos estrechos con el Partido Verde. Este abogado, exasesor de la Gobernación de Nariño durante la administración de Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina, no es ajeno a los escándalos de corrupción. Según revelaciones de la prensa, fue él quien facilitó el acceso de Luis Eduardo López, conocido como “El Pastuso”, a la UNGRD, donde se adjudicaron contratos inflados por más de $20.000 millones de pesos para la compra de carrotanques.
El dinero fluía como agua. Rodríguez Melo y otros actores en la trama se aseguraron de obtener su parte, mientras comunidades enteras en La Guajira seguían sufriendo por la falta de agua potable. Este caso se suma a la larga lista de delitos cometidos bajo el amparo de funcionarios corruptos.
La coima millonaria: el cáncer de la política colombiana
Uno de los detalles más impactantes de este escándalo es la coima de más de $7.000 millones de pesos que Luis Eduardo López, empresario de Pasto, pagó en efectivo a Sneyder Pinilla. La transacción, realizada en un banco en Pasto, selló el contrato fraudulento para la compra de los carrotanques. Es alarmante cómo estas prácticas corruptas parecen haberse normalizado en un país donde los recursos de emergencia son robados a plena vista, y donde los más necesitados siguen siendo los más perjudicados.
Los actores detrás del saqueo
Barreto Gantiva, otro de los capturados, llegó a la UNGRD por recomendación de César Manrique, actual director de la Función Pública y también implicado en el escándalo de los carrotanques. Se ha revelado que ambos personajes, con raíces políticas en Fusagasugá, han sido cómplices en el desvío de recursos públicos. Manrique supuestamente negoció una coima del 7% por la transferencia de $100.000 millones de pesos, perpetuando el ciclo de corrupción que afecta al país.
Una red de corrupción bien conectada
La complicidad entre empresarios y políticos, como Rodríguez Melo y Barreto, revela el profundo arraigo del clientelismo en la administración pública. Las conexiones entre estos individuos y altos funcionarios del Partido Verde, sumadas a la inacción de los organismos de control, demuestran que la corrupción sigue siendo el mayor obstáculo para el desarrollo y la justicia en Colombia.
La justicia, ¿dónde está?
A pesar de las múltiples pruebas y denuncias, la corrupción parece seguir reinando en las altas esferas del poder. Hasta el momento, la Fiscalía ha actuado, pero los involucrados aún no han recibido castigos ejemplares. En lugar de beneficiar a las comunidades, el dinero público sigue siendo utilizado para alimentar las ambiciones personales de unos pocos.
Conclusión: Un sistema podrido
Este escándalo es solo la punta del iceberg. La corrupción no solo afecta a la UNGRD, sino que es un reflejo de la podredumbre que corroe a las instituciones del país. Mientras los ciudadanos esperan justicia, los corruptos siguen saqueando los recursos públicos con impunidad, y las promesas de cambio siguen siendo solo palabras vacías.
