Adlai Stevenson Samper
@AdlaiSteven
En un país como Colombia, donde la ciudadanía es muchas veces vista como un sujeto pasivo sin prerrogativas de intervención, las veedurías ciudadanas emergen como una herramienta vital dentro del Estado Social de Derecho. Aunque a menudo la frase “va porque va” refleja la autocracia gubernamental, las veedurías se han consolidado como un efectivo mecanismo de control y vigilancia. Estas permiten que las políticas y obras públicas, e incluso algunas privadas que utilizan recursos públicos, se realicen bajo parámetros de calidad y tiempo adecuados. En ese sentido, las veedurías actúan como interventorías paralelas, no remuneradas, que tienen el potencial de mejorar la gestión pública.
Sin embargo, la realidad no siempre es tan ideal. Un gran problema que afecta la eficacia de las veedurías es cuando sus objetivos se desvían y algunos de sus representantes utilizan estas plataformas para extorsionar a contratistas, buscando irregularidades solo para obtener beneficios económicos a cambio de no denunciarlas. Esta dinámica pervierte el propósito original de las veedurías, transformándolas en agentes de corrupción en lugar de defensores del bien público.
Veedurías: Un apostolado ciudadano no remunerado
El ejercicio de las veedurías, cuando es llevado a cabo de manera eficiente y transparente, es un servicio a la comunidad que debería ser valorado y, en muchos casos, retribuido. El tiempo, el estudio y la dedicación que implica supervisar la ejecución de obras y políticas públicas requiere un nivel de especialización y compromiso que va más allá del simple voluntariado. Sin embargo, esta tarea ha sido históricamente vista como un “apostolado”, lo que convierte su ejercicio en una labor ardua y, a menudo, ingrata.
Las veedurías no solo tienen el poder de fiscalizar actos de ejecución del gobierno, sino que también son un pilar en la defensa de los derechos ciudadanos. Sin una adecuada compensación o respaldo, estas tareas se convierten en desafíos casi imposibles de sostener a largo plazo.
La construcción legal de las veedurías ciudadanas
En la Constitución Política de Colombia, las veedurías están respaldadas por el artículo 270, el cual preceptúa que “la ley organizará las formas y los sistemas de participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública”. A través de la Ley 134 de 1994 y la Ley 850 de 2003, se reglamenta el funcionamiento de las veedurías, otorgando a las organizaciones civiles la facultad de constituir estos organismos de vigilancia y control en todos los niveles territoriales.
Estas leyes definen claramente las obligaciones de las veedurías, que van desde la comunicación a la ciudadanía sobre los procesos de control, hasta la realización de audiencias públicas y la inscripción en los registros de las personerías municipales o cámaras de comercio. Sin embargo, la falta de incentivos y el desconocimiento de las complejidades que conlleva esta labor hacen que, en muchos casos, las veedurías pierdan su rumbo.
El sector cultural: Un ejemplo de intervención ciudadana
En medio de la crisis cultural que afectó a Barranquilla debido a la pandemia de COVID-19, se formó la veeduría “Lira del Atlántico”. Esta organización, impulsada por líderes como Cristóbal Padilla, Arnold Tejera y el autor de este artículo, se dedicó a la vigilancia de obras paralizadas, como el Museo de Arte Moderno y el Museo del Caribe, ambos administrados por el ineficiente Parque Cultural del Caribe.
A pesar de sus primeros logros, la veeduría “Lira del Atlántico” se disolvió, lo que llevó a la creación de una nueva organización: la “Veeduría Cultural Urbanita”. Esta nueva veeduría ha continuado con los procesos de supervisión de importantes edificios culturales en Barranquilla, como el Museo de Arte Moderno, el edificio de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico y el Teatro Amira de la Rosa.
Tres edificios culturales: De la crisis a la ejecución
Gracias al trabajo conjunto de la Veeduría Cultural Urbanita, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría, el Parque Cultural del Caribe finalizó la Fase I del Museo de Arte Moderno, y la Fase II está programada para su culminación en 2025. Además, en el proyecto del Teatro Amira de la Rosa, la veeduría ha colaborado con el arquitecto Daniel Bermúdez y el Banco de la República, proponiendo un espacio cultural abierto e inclusivo.
El edificio de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, que ha enfrentado múltiples problemas estructurales, también está en proceso de recuperación gracias a la intervención de la veeduría. Con la implementación de tecnologías modernas y un enfoque en la mejora de sus instalaciones, este edificio se convertirá en la sede cultural de enseñanza de artes más importante del país.
Conclusión
El impacto de las veedurías ciudadanas en la gestión pública, cuando son ejecutadas con transparencia y compromiso, es invaluable. Sin embargo, es fundamental que se brinde un mayor apoyo y reconocimiento a estas organizaciones, tanto en términos legales como financieros, para garantizar su eficacia y evitar que caigan en dinámicas corruptas. La lucha por una gestión pública eficiente, transparente y orientada al bien común es, en última instancia, una lucha por el futuro de la democracia en Colombia.
