En el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, bajo la administración del entonces ministro de Minas y Energía, Luis Carlos Valenzuela, se tomó una decisión que hoy nos cuesta caro a todos los colombianos. Esta medida, impuesta en los años 90, obliga a Colombia a pagar su propio petróleo como si fuera importado desde el Golfo de México, Estados Unidos, una fórmula absurda que continúa afectando a los consumidores de gasolina y diésel.
La Farsa del Precio Internacional
En lugar de pagar el costo real del petróleo extraído en Colombia, que ronda entre los 26 y 28 dólares por barril, debemos desembolsar mucho más, basándonos en el precio internacional. En promedio, este año estamos pagando 80 dólares por cada barril de crudo nacional, un precio que ha llegado a escalar hasta los 130 dólares. ¿Cómo es posible que el petróleo colombiano cueste como si lo estuviéramos importando de Estados Unidos? Esta política ha encarecido innecesariamente la producción de gasolina y diésel, y como siempre, el consumidor final es el que paga el precio.
Durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002), y bajo la administración del entonces ministro de Minas y Energía, Luis Carlos Valenzuela, se tomó una medida que hoy sigue generando altos costos para los consumidores colombianos de gasolina y diésel. Esta decisión, adoptada en los años 90, consiste en que el precio del petróleo que Colombia extrae de su propio suelo debe calcularse como si fuera importado desde el Golfo de México, Estados Unidos. Esta fórmula impacta directamente el costo de los combustibles en el país, dado que el petróleo nacional se paga a precios internacionales, en lugar de ajustarse a los costos locales de producción.
Contexto de la medida
La política implementada fue parte de un esfuerzo por liberalizar el sector energético, buscando alinear los precios del mercado colombiano con los del mercado internacional, bajo la premisa de que Colombia debía estar conectada a las dinámicas globales de oferta y demanda. Sin embargo, esta decisión trajo consigo la imposición de precios que no reflejan los costos de producción locales, sino que están vinculados a las fluctuaciones del mercado petrolero internacional. Esto significa que, aunque el costo de extracción de un barril de petróleo en Colombia es considerablemente bajo (entre 25 y 30 dólares en promedio), se paga como si se hubiera importado desde Estados Unidos, con precios que pueden oscilar entre 70 y 130 dólares por barril dependiendo del mercado.
Impacto en los consumidores
Esta decisión ha tenido un efecto prolongado en los consumidores colombianos. Dado que el precio del petróleo incide directamente en el costo de los combustibles refinados, como la gasolina y el diésel, los colombianos terminan pagando precios elevados por los productos derivados de su propio petróleo. Esto genera un impacto en el costo de vida, afectando a sectores como el transporte, la producción industrial, y en general, los bienes y servicios que dependen del transporte.
Consecuencias económicas
A lo largo de los años, esta política ha contribuido a la creación de un déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual fue creado precisamente para mitigar las fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y evitar que los incrementos abruptos afecten a los consumidores. Sin embargo, la fórmula que obliga a pagar el petróleo nacional a precios internacionales ha aumentado la carga fiscal, ya que el gobierno colombiano ha tenido que destinar grandes cantidades de recursos para subsidiar el costo del diésel y la gasolina.
El gobierno actual enfrenta un enorme déficit en el FEPC, que asciende a decenas de billones de pesos. Esto ha llevado a que, en los últimos años, se implementen aumentos graduales en los precios de la gasolina para reducir el hueco fiscal, aunque los subsidios aún se mantienen en parte para el diésel, que es esencial para el transporte de carga y de pasajeros en todo el país.
¿Qué se podría hacer?
Se ha propuesto revisar esta fórmula heredada de los años 90 para ajustar los precios del petróleo nacional a la realidad de los costos de producción, lo que podría reducir significativamente los precios de los combustibles y aliviar la carga sobre los consumidores colombianos. Sin embargo, cualquier cambio en este sentido implicaría una renegociación de contratos con las empresas petroleras y una revisión del marco regulatorio actual.
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La Trampa del Precio de la Gasolina
El impacto de esta política es directo. Tanto la gasolina como el diésel son productos derivados del petróleo refinado, lo que significa que si el costo del crudo es más alto, el precio de estos combustibles también lo será. El actual gobierno ya ha subido el precio de la gasolina, ajustándola a los altos costos del crudo. Sin embargo, el precio del diésel aún no refleja estos aumentos, lo que ha generado un vacío que el presupuesto nacional ha tenido que llenar a través de subsidios.
Subsidios y Presupuesto Nacional: Un Robo a la Sociedad
El dinero que se utiliza para cubrir este déficit no proviene de un fondo especial, sino del presupuesto nacional. Esto significa que los recursos que deberían destinarse a áreas críticas como educación, salud y seguridad, están siendo desviados para subsidiar los precios inflados del petróleo. En otras palabras, el ciudadano no solo paga más en la bomba de gasolina, sino que también pierde servicios esenciales financiados por sus impuestos.
¿Una Solución a la Vista?
El gobierno colombiano podría implementar un enfoque más justo y eficiente para abordar esta crisis. En lugar de seguir subsidiando precios desorbitados, se propone un esquema tributario progresivo para las empresas petroleras que operan en Colombia. Bajo esta fórmula, cuando el precio del petróleo se mantenga por debajo de 50 dólares, se respetarían los tributos actuales. Sin embargo, a medida que el precio suba, las petroleras que se beneficien de estas alzas deberían pagar un impuesto mayor al Estado. Este tributo escalonado permitiría al gobierno nacional obtener mayores ingresos cuando los precios del crudo sean altos, destinando esos fondos a la inversión social y a estabilizar los precios del diésel.
La Oportunidad de la Ley de Financiamiento
La implementación de este esquema tributario progresivo no solo estabilizaría los precios del diésel, sino que también aliviaría la carga que pesa sobre el presupuesto nacional. La ley de financiamiento que se presentará en el Congreso representa una oportunidad única para introducir esta medida y lograr un acuerdo con los camioneros y otros sectores afectados por los altos precios del diésel. El Congreso, que tiene un papel crucial en esta decisión, debería apoyar esta iniciativa que promete aliviar a millones de colombianos y garantizar que el petróleo nacional beneficie a sus verdaderos dueños: el pueblo.
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