En Colombia, la corrupción parece encontrar siempre un camino para mantenerse en el poder. El caso del representante a la Cámara Jhoany Carlos Palacios Mosquera es el ejemplo perfecto: a pesar de dos sanciones vigentes y de estar implicado en un detrimento fiscal de más de mil millones de pesos, Palacios sigue ocupando una curul en el Congreso, mientras los habitantes de Chocó continúan esperando la construcción de un sistema de gas natural que nunca se concretó.
¿Cómo es posible que alguien con inhabilidad siga tomando decisiones para el país? A continuación, exploramos esta historia de negligencia, corrupción y falta de responsabilidad.
El caso del gas natural en Chocó: diez años de espera y un desfalco millonario
Desde 2014, los municipios de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto, en el departamento de Chocó, han esperado con ansias la construcción de un sistema de masificación de gas natural. Más de 20 mil millones de pesos fueron destinados a este proyecto, financiado a través del Sistema General de Regalías. Diez años después, lo único que queda de esa obra son promesas rotas, una infraestructura abandonada y un fallo de la Contraloría que confirma el desfalco. A la cabeza de esta historia está Jhoany Carlos Palacios Mosquera, el hoy representante a la Cámara por el Partido Liberal, quien ha sido señalado como responsable fiscal en este millonario escándalo.
Jhoany Carlos Palacios Mosquera: el congresista con doble sanción que sigue en el poder
Se tuvo acceso a documentos que señalan a Palacios Mosquera como uno de los principales responsables de un detrimento patrimonial de $1.306 millones de pesos durante su tiempo como gobernador del Chocó (2016-2019). Según la Contraloría, el congresista fue determinante en la pérdida de estos recursos al aprobar actas de pago que resultaron en la desviación de fondos para un proyecto que, hasta el día de hoy, sigue sin terminarse.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el congresista continúa ocupando su curul en la Cámara de Representantes. La Procuraduría General de la Nación emitió una sanción de inhabilidad especial que debería impedirle ejercer hasta 2028. Sin embargo, Palacios Mosquera sigue en funciones y no ha notificado oficialmente su inhabilidad.
La Cámara de Representantes “no sabía nada”
Una veeduría del Chocó radicó el 16 de octubre pasado una solicitud ante la Cámara de Representantes, cuestionando por qué Palacios Mosquera sigue en su cargo a pesar de las sanciones vigentes. La respuesta de la Cámara no se hizo esperar: “No teníamos conocimiento de la presunta sanción impuesta al honorable representante”. Según la Presidencia de la Cámara, no pueden ejecutar la sanción hasta recibir una notificación formal de la autoridad correspondiente. Entre tanto, Palacios continúa legislando, como si nada.
Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara y miembro de la Alianza Verde, confirmó que Palacios Mosquera no ha reportado ninguna inhabilidad. A pesar de que la sanción aparece en los registros de la Procuraduría y la Contraloría, parece que la falta de transparencia del congresista ha permitido que su situación se mantenga en un limbo legal.
¿Ignorancia o complicidad?
La falta de acción de la Cámara de Representantes y del Partido Liberal ante las sanciones de Palacios Mosquera plantea una inquietante pregunta: ¿es esta inacción producto de la desinformación o simplemente de la complicidad? Que un congresista pueda permanecer en su cargo, a pesar de tener una sanción fiscal y una inhabilidad pública, refleja una evidente falta de control y de rendición de cuentas en el sistema político colombiano.
El hecho de que nadie —ni siquiera su propio partido— esté exigiendo su renuncia o al menos una explicación, muestra una peligrosa permisividad hacia la corrupción en la política nacional.
La respuesta del Partido Liberal: silencio cómplice
Medios de comunicación intentaron comunicarse con Palacios Mosquera para obtener su versión, pero no hubo respuesta. Voceros del Partido Liberal aseguraron que tampoco tenían conocimiento de la inhabilidad del congresista. Mientras tanto, los habitantes de Chocó siguen esperando una obra que fue diseñada para mejorar su calidad de vida y que ahora simboliza, una vez más, el fracaso del sistema de control político y fiscal del país.
La realidad de Chocó: víctimas de promesas incumplidas
Mientras tanto, los habitantes de Istmina, Tadó, Unión Panamericana y Condoto siguen pagando el precio de la corrupción. No solo se les ha negado el acceso a un sistema de gas natural prometido hace una década, sino que además son testigos de cómo un político implicado en el desfalco de recursos destinados a su beneficio sigue en el poder, como si nada. Esta historia es una triste pero frecuente realidad en Colombia, donde la corrupción no solo roba dinero, sino también oportunidades y esperanzas.
Conclusión: ¿hasta cuándo la impunidad?
El caso de Jhoany Carlos Palacios Mosquera es un reflejo de la impunidad y la complicidad en las altas esferas de poder en Colombia. ¿Cuántos más como él ocupan curules, firmando leyes, mientras el pueblo sigue pagando las consecuencias de su deshonestidad? La falta de transparencia, la corrupción y la inoperancia de los sistemas de control siguen siendo los grandes obstáculos para el desarrollo y la justicia en el país.
