El reciente proceso de aprobación del presupuesto de Santa Marta, liderado por la Alcaldía y respaldado por el Concejo Municipal, ha dejado entrever una preocupante falta de transparencia y control. En una sesión cargada de tensiones y acusaciones, un concejal levantó la voz para denunciar lo que considera una farsa política orquestada desde las altas esferas. Este artículo desmenuza las críticas y analiza los aspectos más alarmantes de una gestión que, según la intervención, prioriza la burocracia sobre las necesidades ciudadanas.
Un pupitrazo de 1.5 billones de pesos
El concejal inicia su intervención señalando la forma en la que se aprobó el presupuesto: a “pupitrazo limpio” y sin debate. La sesión fue descrita como un teatro político en el que se evitó la lectura detallada del articulado para que la ciudadanía no se enterara de cómo se gastarían los recursos. Esta estrategia, según el denunciante, evidencia la falta de compromiso de los concejales con los intereses de los samarios.
El Consejo de bolsillo y los intereses personales
El término “Consejo de bolsillo” se ha vuelto recurrente en el discurso del concejal. Con esta expresión, denuncia la supuesta sumisión de los concejales a los intereses del alcalde y de personajes como Pedro Gómez. La mayoría en el Concejo, 17 de 19, parece estar más preocupada por mantenerse en la órbita del poder que por fiscalizar con rigor.
Presupuesto inflado y gasto innecesario
Uno de los puntos más impactantes de la intervención fue el desglose del presupuesto. La Alcaldía se asignó a sí misma más de $615 mil millones de pesos en gastos de funcionamiento, lo que representa el 39.6% del presupuesto total. En contraste, áreas cruciales como saneamiento básico y la primera infancia apenas recibieron migajas en comparación. ¿Dónde queda entonces el compromiso con los problemas reales de la ciudad, como el desabastecimiento de agua, la inseguridad y el deterioro de la infraestructura?
La complicidad institucional
La denuncia también puso de manifiesto cómo el sistema actual permite que la Alcaldía financie a las entidades que deben controlarla, como la Contraloría y la Personería. Este conflicto de intereses erosiona la confianza en los mecanismos de control y facilita la impunidad. “¿Cómo se puede esperar un control real cuando la misma administración financia a sus fiscalizadores?“, cuestionó el concejal.
Conclusión: La necesidad de un despertar ciudadano
El concejal concluyó su intervención haciendo un llamado a la conciencia colectiva de los samarios. En una ciudad donde la política parece un espectáculo de marionetas y los recursos se diluyen en manos de pocos, es vital que la ciudadanía despierte y exija un cambio verdadero.
