Con una promesa de mayores recursos para las regiones, el Senado de Colombia dio un paso más en la aprobación de una reforma constitucional que pretende llevar más fondos a los departamentos, distritos y municipios del país. Sin embargo, en un país marcado por escándalos de corrupción y desigualdad, surge la pregunta: ¿esta reforma realmente fortalecerá las instituciones locales o solo agrandará el bolsillo de los corruptos?
La reforma que promete romper el “apartheid geográfico”
El senador Ariel Ávila, ponente del proyecto de reforma, ha defendido vehementemente la iniciativa como un camino para acabar con el «apartheid geográfico» que, según él, existe en Colombia. Ávila destaca que en más de 300 municipios —como Istmina en Chocó, Tumaco en Nariño y Argelia en Cauca— la realidad es de abandono, pobreza y violencia. En estos lugares, el Estado apenas es visible, la infraestructura es deficiente y el empleo digno es una quimera.
“Estos municipios no tienen ni siquiera la capacidad para pagar nóminas o sostener una estructura institucional sólida,” afirma Ávila. Según el senador, el objetivo de la reforma es integrar estos territorios marginados al marco de la legalidad y al desarrollo económico, eliminando las barreras que han perpetuado la pobreza y el conflicto armado.
Centralismo y corrupción: dos caras de la misma moneda
Sin embargo, el debate sobre la descentralización y el aumento de recursos para las regiones viene acompañado de críticas. Varios sectores políticos y económicos han expresado su temor de que los mayores recursos acaben en manos de los corruptos. Frente a esto, Ávila no dudó en señalar que la corrupción no es exclusiva de las regiones; también en el nivel central del Estado existen escándalos millonarios. “Ahí están los casos de la Unidad de Gestión del Riesgo y el Mintic, entre otros. ¿Vamos a paralizar el desarrollo por miedo a la corrupción? Si es así, mejor apaguemos todo el Estado”, dijo Ávila con tono sarcástico.
El senador verde fue enfático en que la raíz del problema no está en las regiones, sino en la ineficacia de los organismos de control, como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía, que no cumplen con su función de investigar y sancionar a los responsables. Ávila además hizo un llamado a los ciudadanos para que elijan mejor a sus representantes y no sigan apoyando a los mismos clanes políticos que mantienen el statu quo.
Si les interesa el país por favor vean este video hasta el final, acá les explico el PAL al Sistema General de Participaciones o Proyecto que reglamenta los dineros que se transfieren a las regiones. pic.twitter.com/qwxDRg0P23
— Ariel Ávila (@ArielAnaliza) October 28, 2024
La deficiencia institucional, un obstáculo al desarrollo
La posición de Ávila resuena con el análisis del Premio Nobel de Economía 2024, James Robinson, quien ha dedicado parte de su carrera a estudiar la relación entre instituciones y pobreza en Colombia. Robinson sostiene que el problema no es solo la falta de recursos, sino la estructura de poder político que, a través del clientelismo y el monopolio de contratos, perpetúa la pobreza y limita el desarrollo de las regiones.
Para Robinson, el clientelismo ha convertido a las instituciones en herramientas al servicio de las élites, dejando a las comunidades en el olvido. Según su visión, hasta que no se rompa este ciclo, la reforma de los recursos seguirá siendo un intento de llenar un balde roto: más dinero ingresará, pero nada cambiará.
¿Más recursos o más corrupción?
El proyecto de Acto Legislativo ahora se enfrenta a su séptimo debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Actualmente, las regiones reciben poco más del 20% de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN), y la reforma pretende elevar este porcentaje al 46,5% para 2034 mediante incrementos anuales del 2,5%. Este aumento histórico de fondos podría ser el impulso que las regiones necesitan para avanzar, pero muchos temen que sea simplemente un festín para los corruptos de siempre.
La falta de infraestructura en educación, salud y vialidad ha sido el resultado de años de gestión centralizada, pero con el paso de los años ha quedado claro que, sin transparencia y sin un sistema judicial que castigue a los infractores, el aumento de recursos es un arma de doble filo. ¿Serán las regiones beneficiadas o esta reforma simplemente abonará el terreno para que la corrupción crezca aún más?
La visión conservadora: “No hay que darle dinero a los pobres porque se lo roban”
Una idea que se ha colado en el debate político en Colombia, y que permanece subyacente en ciertos sectores de la derecha, es la creencia de que los recursos dirigidos a las regiones no harán más que alimentar redes de corrupción local. Esta visión, en su núcleo, encierra una premisa paternalista: el supuesto de que los habitantes de estas zonas empobrecidas y olvidadas —los “pobres” y sus autoridades locales— no son capaces de administrar sus propios recursos sin caer en la corrupción.
Para la derecha conservadora, profundamente centralista, el desarrollo de las regiones es visto con sospecha. La idea de transferir más fondos a los municipios apartados o a las áreas donde la pobreza y el abandono han moldeado el paisaje social y político por décadas parece una receta para el fracaso, como si los ciudadanos de estos lugares fueran “menos capaces” de gestionar recursos o, peor aún, menos merecedores de ellos. Según esta lógica, las clases populares y las zonas marginadas serían, en cierta forma, responsables de su propio destino debido a su supuesta ineficacia y dependencia.
Esta perspectiva no solo es limitada, sino que también perpetúa un círculo vicioso de pobreza y dependencia. Filosóficamente, esta postura revela un arraigado elitismo: una visión donde el “centro” (es decir, el poder centralizado en Bogotá) sabe lo que es mejor para el resto del país y debe custodiar el dinero porque, en manos locales, se presume que los recursos serán despilfarrados o robados. Es una visión que menosprecia la autonomía regional y niega la posibilidad de que las comunidades locales puedan asumir la responsabilidad de su propio desarrollo.
¿Descentralización como amenaza?
Para muchos en la derecha conservadora, el fortalecimiento de las regiones representa una amenaza a su modelo de poder y control. La centralización no solo permite la vigilancia, sino también la concentración de decisiones y recursos en un número limitado de manos. La descentralización y el empoderamiento regional cuestionan esa jerarquía y abren la puerta a una nueva configuración de poder, donde las voces locales puedan asumir protagonismo.
Bajo este prisma, la negativa a aumentar los recursos regionales no se basa únicamente en el miedo a la corrupción. Es, en muchos sentidos, un miedo a perder el control, a ver cómo el poder central se diluye y cómo nuevas estructuras emergen para decidir sobre sus propios destinos. La idea de que “no se debe dar dinero a los pobres porque se lo roban” revela, además, una profunda falta de confianza en el potencial de cambio desde abajo, en la capacidad de los propios ciudadanos de las regiones para decidir su futuro y tomar las riendas de su desarrollo.
La trampa de la pobreza perpetuada
Esta visión, además de profundamente elitista, también es peligrosa. Al restringir el acceso de las regiones a recursos significativos, se perpetúa un sistema donde las condiciones de pobreza y marginalidad se vuelven autoalimentadas. En lugar de crear oportunidades para romper el círculo de desigualdad, esta postura política parece diseñar una trampa para las comunidades locales, donde la falta de inversión en educación, infraestructura y oportunidades económicas lleva a un estancamiento permanente.
Esta crítica político-filosófica subraya la hipocresía de ciertos discursos que claman estar “del lado del progreso” pero actúan como custodios de la desigualdad, basando sus decisiones en una desconfianza que considera a las regiones y a sus habitantes incapaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo. En el fondo, esta postura no es más que un reflejo de un sistema político que ve a las regiones como colonias internas, a las que se les otorgan migajas y se les permite avanzar solo hasta donde no amenacen el poder central.
¿Hacia un cambio de mentalidad?
Para que Colombia avance en una verdadera descentralización y en la construcción de un país equitativo, es necesario desafiar estas creencias profundamente arraigadas y promover una visión donde las regiones no sean vistas como “incapaces” o “corruptas por naturaleza,” sino como territorios con potencial de cambio. La clave está en confiar en que los recursos, bien administrados por los propios ciudadanos de estas regiones, pueden convertirse en una fuerza transformadora para el país.
En última instancia, el argumento de que “no hay que dar dinero a los pobres porque se lo roban” no es más que una excusa para mantener el poder en manos de pocos, un freno al progreso y una negación del derecho de todos los colombianos a decidir sobre su propio futuro.
