El pasado 8 de junio la Empresa Comercial para la Salud de Caldas (EDSA Eise), abrió licitación pública  para escoger mediante modalidad de selección objetiva para la operación exclusiva del juego de apuestas permanentes o chance a un único operador del departamento de Caldas, por un término de 5 años a partir del 4 de febrero del 2022 hasta el 2027. 

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Sin embargo, aún sin haber sido adjudicado, el proceso ha recibido múltiples críticas, pues muchos creen que está dirigido para que siga operando esta actividad el actual concesionario Susuerte, que lleva 20 años con el manejo exclusivo de las apuestas permanentes. 

Según la veeduría ciudadana Veeduría por Caldas, consideró que la convocatoria viola los principios contenidos en la Constitución y las normas que deben aplicarse en la contratación pública considerando que el pliego presenta exigencias de carácter obligatorio y que solo puede cumplir el actual concesionario Susuerte SA. 

Consideran que es inconsecuente que se exija una experiencia en la operación de apuestas permanentes o chance como mínimo 10 años de los últimos 15 porque evidentemente limita a nuevos proponentes y es claro que muy pocas compañías pueden cumplirlas. 

Y más aún cuando los pliegos requieren demostrar que durante los últimos 10 años la empresa proponente realizó transferencias por derechos de explotación en cuantía superior a 72 mil millones de pesos. 

También se pide en los pliegos la relación de experiencia en ejecución de los contratos de concesión para la operación de juegos de azar para la cual podrá aportar la certificación expedida por la entidad concedente. 

El patrimonio técnico que deberá acreditar el oferente para la operación del juego de apuestas permanentes o chance de la licitación es de 14 mil millones de pesos. Las propuestas que no cumplan esta condición será calificadas como no habilitadas. 

Califica también la veeduría de absurda el requisito que habla de que el proponente deberá acreditar como mínimo 400 puntos de ventas fijos, pues la gran mayoría de posibles oferentes no cuentan con esta infraestructura. 

Pero además estiman que “Rompe el principio de oportunidad y eficiencia, el hecho de fijar un plazo licitatorio de tan solo menos de un día, cuando se publican los avisos el mismo día como hizo EDSA, o luego los cambia a tres días hábiles o seis días y una evaluación de tan pocos días, para realizar un estudio a fondo de las ofertas, no se hace en una semana, cuando no se sabe cuántas personas jurídicas participarán en el proceso licitatorio o dos días, por lo que tan solo se evidencia en los tiempos inicialmente y posteriormente establecidos es el afán de adjudicar el contrato, lo que quiere decir que ya la entidad no planeó con suficiente antelación el proceso y no realizó los precios teniendo en cuenta el valor actual del peso colombiano y realizó cálculos futuros de devaluación del mismo, para que los ingresos de la salud no disminuyan y no se vea afectado el derecho a la salud de todos los pacientes del departamento, teniendo en cuenta que no otorgó los tiempos necesarios en las diferentes etapas del mismo”, indica la veeduría. 

El valor del contrato 

Sin embargo, lo que más preocupa a muchos, no solo a la Veeduría por Caldas es el valor del contrato y el monopolio que al parecer seguirá teniendo Susuerte sobre el juego de chance de Caldas. 

El valor del actual proceso licitatorio está por el orden de los $43,243,819,188, para operar los mencionados juegos de apuestas permanentes. Y resulta que es inferior al valor por el que se contrató a Susuerte hace cinco años. 

Para el periodo 2017-2021 la adjudicación, que se hizo mediante la licitación pública abierta No. 01 de 2016, fue por un monto de 49 mil 183 millones 217 mil pesos, valor oficial que resultó al sumar los derechos de explotación, equivalentes al 12% de los ingresos brutos, más el 1% de los derechos de utilización para gastos de administración. Sin embargo, el valor que se ejecutó fue de 43 mil 243 millones 810 mil 188 pesos. Sobre este valor se está realizando la convocatoria para la operación que comprende el periodo 2022-2027. 

En un análisis hecho por la Veeduría, revelan que la operación del chance en los periodos 2002-2006, 2007-2011, 2012- 2016 y 2017-2021 ha estado en manos de la empresa arriba mencionada. Y añaden que “Lo grave de esta situación es que cada vez que firman un contrato con el gobierno departamental para explotar el juego de chance lo hacen por un valor menor, quitándole recursos importantes a la salud”.  

Veamos las cifras. El primer contrato, el del periodo 2002-2006, obligaba a la empresa Susuerte a hacerle transferencias a la salud por 45 mil 582 millones de pesos. Sin embargo, las transferencias apenas llegaron a 33 mil 549 millones. Es decir, dejaron de transferir 12 mil millones. 

En el contrato para el periodo 2007-2011 sucedió algo parecido. El valor inicial que se firmó entre Edsa y Susuerte fue por 50 mil 497 millones de pesos. Sin embargo, debido a un otrosí que se firmó el 19 de enero del 2009, el contrato se redujo a unos 40 mil millones de pesos, dejando de percibir el departamento 9 mil 232 millones de pesos. Ese otrosí fue autorizado por la Supersalud. En el contrato inicial hay dos cifras que no cuadran porque presentan una diferencia de 201 millones 110 mil 471 pesos. Todo porque el pliego de condiciones estipulaba un valor de $50 mil 97 millones, mientras que el radicado en EDSA en noviembre de 2006 por derechos de explotación y gastos de administración era de 50 mil 295 millones 918 mil pesos. 

Y advierte la Veeduría que el contrato firmado para el periodo 2012-2016 fue todavía más bajo. “Para esos años, el comité evaluador, tras verificar toda la documentación allegada, definió la selección de la única propuesta presentada, por cumplir con todos los requisitos legales, técnicos y financieros. En consecuencia, a la empresa Susuerte se le adjudicó el contrato de concesión por un valor de 35 mil 663 millones 357 pesos. Aquí se presenta una disminución de 6 mil 837 millones en relación con el periodo anterior, afectando directamente los recursos de la salud de los caldenses”. 

Para el periodo 2017-2021 la adjudicación, que se hizo mediante la licitación pública abierta No. 01 de 2016, fue por un monto de 49 mil 183 millones 217 mil pesos, valor oficial que resultó al sumar los derechos de explotación, equivalentes al 12% de los ingresos brutos, más el 1% de los derechos de utilización para gastos de administración. Sin embargo, el valor que se ejecutó fue de 43 mil 243 millones 810 mil 188 pesos. Sobre este valor se está realizando la convocatoria para la operación que comprende el periodo 2022-2027. 

“Como se puede observar, en los últimos quince años se han ha afectado directamente los recursos de la salud porque en vez de incrementarse las transferencias por parte de la empresa Susuerte, se han ido disminuyendo sin una explicación lógica. De esto han venido culpando al chance clandestino”, reseñan en su informe. 

Pero, según la organización civil de vigilancia, para algunos conocedores del negocio, este no es el problema. Ellos dicen que el problema es el método de contratación, que califican de excluyente y monopólico, porque deja la operación solo para esta empresa. En su concepto, terminar con la costumbre de venta ambulante de chance deja por fuera del negocio a unas cinco mil personas que cuentan con ese único ingreso para el sustento de sus familias. 

Y sin temor a equivocarse, consideran que “la operación del juego del chance en Caldas en los últimos veinte años a través de Susuerte ha sido fallida y con gran desacierto en las políticas comerciales ya que se pasó de una contratación oficial en el periodo 2002-2006 de 45 mil millones a una cifra propuesta para el periodo 2022-2027 de 43 mil millones. Veinte años después, con un detrimento de los recursos para la salud claramente reflejado y sin ninguna posibilidad por parte del concesionario de intentar cambios comerciales que apunten a recuperar el mercado real del juego del chance en el departamento de Caldas. Un Monopolio que solo ha beneficiado a los empresarios del chance en Caldas, en detrimento de los recursos de la salud del departamento”. 

Y además denuncian que “Si las entidades de control hicieran una investigación exhaustiva sobre el manejo de los ingresos y de los egresos, especialmente los premios, encontrarían cifras aterradoras de la profunda evasión fiscal que los actuales operadores del chance, no solo en Manizales sino en el país entero. Se convirtieron en empresas que bajo la figura de la legalidad crearon todo un entramado tecnológico a través de Data-centers para la evasión fiscal con el apoyo de profesionales en diferentes áreas. Con estos ingresos no solo llenan sus arcas sino las de funcionarios públicos corruptos apadrinados por los políticos de turno”. 

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