La Fiscalía abrió investigación formal contra el expresidente por los crímenes de El Aro, La Granja y el asesinato del defensor Jesús María Valle. Tres expedientes. Diecisiete muertos en un corregimiento incendiado. Cinco campesinos torturados en otra vereda. Un abogado que denunciaba lo que nadie quería ver, ejecutado en su propio despacho. Y un gobernador que, según la evidencia, lo sabía todo.
Los corregimientos de El Aro y La Granja, en el municipio de Ituango, Antioquia, no aparecen en los mapas turísticos de Colombia. Aparecen en los expedientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las declaraciones de paramilitares desmovilizados y, desde el 17 de junio de 2026, en una resolución de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia que vincula a Álvaro Uribe Vélez, mediante indagatoria, con tres de los crímenes más atroces del conflicto armado colombiano.
La resolución 11001609925220000004954 no es un accidente jurídico. Es el resultado de 26 años de investigación previa que comenzó en mayo del año 2000, cuando la misma Fiscalía ordenó la apertura del expediente por los hechos de 1996 y 1997. Veintiséis años en los que las víctimas envejecieron esperando, en los que Uribe gobernó el país durante dos periodos presidenciales, acumuló poder, erigió un movimiento político y se convirtió en el senador más votado de la historia reciente de Colombia. Mientras tanto, los 17 muertos de El Aro seguían muertos. Y los campesinos desplazados de La Granja seguían desplazados.
Eso es lo que hace el poder cuando opera sin contrapesos: convierte la impunidad en una forma de vida tan naturalizada que termina pareciendo normal.
CÓMO SE CONSTRUYE UNA MASACRE DESDE EL DESPACHO
La masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1996. Treinta paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, bajo el mando de Carlos Mauricio García, alias ‘Doble Cero‘, y con la coordinación de los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso, ingresaron al corregimiento y asesinaron a cinco personas, entre ellas William de Jesús Villa García, Graciela Arboleda, Jairo de Jesús Sepúlveda y Héctor Hernán Correa García. Campesinos. Sin nexos con la subversión, según la investigación judicial.
La Fiscalía concluye hoy que el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez «sabía del riesgo que corría la población civil«, dado que era «evidente e incuestionable» la presencia paramilitar en la zona. Y pese a ese conocimiento, no adoptó ninguna medida de protección. La figura jurídica que usa la Fiscalía es precisa: comisión por omisión. Es decir, la masacre no solo se comete con quien aprieta el gatillo. También se comete con quien, teniendo la obligación y el poder de evitarla, mira hacia otro lado.
Dieciséis meses después, entre el 22 y el 31 de octubre de 1997, unos 150 paramilitares de las mismas Autodefensas ingresaron al corregimiento de El Aro. Quemaron 42 de las 60 casas del pueblo. Robaron 1.200 cabezas de ganado. Desplazaron a 1.472 personas. Y asesinaron a 17 campesinos. Según Salvatore Mancuso en sus propias confesiones ante la justicia, aquella incursión fue ejecutada «por pedido expreso de Pedro Juan Moreno, quien actuaba a nombre de Álvaro Uribe«.
Moreno era el Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia.
Para la Fiscalía, Uribe «pudo haber fungido como determinador» de esa masacre: el que da la orden, el que pone en movimiento el mecanismo. No el sicario con el fusil. El funcionario con la agenda y el teléfono.
LOS ACTORES Y SUS ROLES: NADIE ACTÚA SOLO
Este caso no se entiende sin la cartografía completa del poder que lo hizo posible.
Álvaro Uribe Vélez, gobernador de Antioquia entre enero de 1995 y diciembre de 1997, el periodo exacto en que ocurrieron ambas masacres. Según la Fiscalía, habría tenido conocimiento de las operaciones paramilitares en Ituango y, presuntamente, habría facilitado su ejecución a través de su Secretario de Gobierno.
Pedro Juan Moreno Villa, secretario de Gobierno de la gobernación, señalado por la propia Fiscalía como el intermediario entre el despacho gubernamental y los líderes paramilitares Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. Según el ente investigador, Moreno «pudo haber solicitado a los líderes paramilitares que, en asocio con altos mandos militares, planearan y coordinaran la incursión» a El Aro.
Carlos Castaño Gil, jefe máximo de las AUC, cuya estructura fue la ejecutora material de los crímenes. Asesinado en 2004 por sus propios aliados.
Salvatore Mancuso, comandante paramilitar que confesó en múltiples escenarios judiciales, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que Uribe «siempre tuvo conocimiento» de las operaciones. Mancuso hoy está bajo custodia del Estado colombiano después de extradición y regreso desde Estados Unidos.
Y luego está Jesús María Valle Jaramillo: abogado, fundador del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, nacido precisamente en Ituango. Desde 1996 denunciaba públicamente, con nombre y apellido, las masacres paramilitares en su municipio natal y la complicidad de la fuerza pública. Denunciaba lo que nadie en el poder quería que se supiera. El 27 de febrero de 1998, en su propio despacho en Medellín, un comando paramilitar lo ejecutó. Tenía 55 años.
La Fiscalía establece que, «debido a las constantes denuncias realizadas por el defensor de derechos humanos en contra de la administración departamental«, el procesado «por intermedio de su Secretario de Gobierno, pudo haber determinado a Carlos Castaño para que se ejecutara este homicidio«.
Denunció al que debía callarse. Lo mataron. Y el que pudo haberlo ordenado fue gobernador, luego presidente, luego senador.
EL IMPACTO REAL: LO QUE LAS CIFRAS NO ALCANZAN A DECIR
Los números del caso son brutales en su frialdad: 17 muertos en El Aro. 5 en La Granja. 1 defensor asesinado. 1.472 personas desplazadas. 42 casas quemadas. 1.200 cabezas de ganado robadas. Un pueblo entero borrado del mapa productivo de Antioquia.
Pero detrás de cada número hay una vida completa. Graciela Arboleda, asesinada en La Granja el 11 de junio de 1996, no era una estadística: era una campesina con nombre, con historia, con familia que tuvo que cargar ese duelo durante décadas sin que nadie en el poder respondiera por su muerte. Los habitantes de El Aro que vieron arder sus casas en octubre de 1997 no regresaron con el mismo mundo que habían dejado: la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2006 por estos hechos, pero las reparaciones llegaron tarde, incompletas y con la burocracia habitual.
La JEP reconoció en fecha reciente a la comunidad de El Aro como «víctima colectiva». Veintiséis años después del incendio.
Y Jesús María Valle, que murió denunciando exactamente esto, que murió por decir lo que hoy dice la Fiscalía en resolución oficial, murió sin justicia. Su caso tardó 21 años en producir una condena contra los ejecutores materiales, los hacendados y paramilitares antioqueños Jaime Alberto y Francisco Antonio Ángulo Osorio. Pero el autor intelectual nunca fue tocado. Hasta ahora que se abre, al menos, la etapa de indagatoria.
El costo de esta impunidad no se mide solo en vidas. Se mide en el mensaje que ese silencio oficial le envió a todos los paramilitares del país durante las dos décadas siguientes: que podían matar, desplazar e incendiar con la certeza de que el poder político los protegería.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE: 26 AÑOS NO SON UN ACCIDENTE
Sería reconfortante pensar que 26 años de dilación judicial son el resultado de la complejidad del caso, de la dificultad probatoria, de la densidad del expediente. Esa sería la versión tranquilizadora. La versión honesta es más incómoda: en Colombia, la duración de una investigación judicial está inversamente relacionada con el poder del investigado.
La Fiscalía abrió investigación previa en mayo del año 2000. Cuatro años después, Uribe era presidente de la República. En 2018, la Corte Suprema declaró los crímenes de lesa humanidad, lo que los hace imprescriptibles. Pero el paso de investigación previa a vinculación formal mediante indagatoria tardó 26 años. Para comparar: el ciudadano que roba un celular en Bogotá puede estar privado de libertad en 72 horas.
El 24 de noviembre de 2017, el Tribunal Superior de Medellín compulsó copias para investigar a Uribe por el asesinato de Valle. El 30 de mayo de 2018, la Corte Suprema declaró todos estos hechos como crímenes de lesa humanidad. En 2023, Mancuso declaró ante la JEP que Uribe «siempre supo». La resolución de indagatoria llegó el 17 de junio de 2026, tres días antes de la segunda vuelta presidencial.
Uribe respondió en redes sociales reclamando «garantías judiciales» y acusando al fiscal de ejercer «clara presión política». El guión es conocido: cuando el poder se siente amenazado por la justicia, convierte la persecución judicial en persecución política. Es una operación de inversión simbólica tan eficiente como vieja: el victimario se convierte en víctima, el expediente judicial se convierte en arma electoral, y las 17 familias de El Aro siguen esperando que alguien explique por qué sus muertos importan menos que las garantías procesales del investigado.
El Ciclo Secreto funciona así: el crimen se comete, el poder protege al responsable, la investigación se dilata durante décadas, el investigado acumula más poder durante la dilación, y cuando finalmente la justicia avanza, se presenta como persecución. El ciclo no se rompe por sí solo. Se rompe cuando hay evidencia suficiente, voluntad institucional y ciudadanos que no olvidan.
Jesús María Valle Jaramillo denunció las masacres de Ituango mientras todavía ocurrían. Lo hizo con su nombre, en sus escritos, ante las autoridades, ante los medios. Lo mataron por hacerlo. Su archivo sigue vivo. Sus denuncias están hoy en la resolución de la Fiscalía, 28 años después de su asesinato.
Eso es lo que significa no callar: que la verdad sobrevive aunque no lo haga quien la dijo.
La indagatoria no es una condena. Es el inicio formal de la vinculación procesual. Queda mucho camino judicial por recorrer, y la historia colombiana enseña a no celebrar antes de tiempo. Pero por primera vez en 26 años, la Fiscalía dice en papel oficial lo que los paramilitares dijeron en sus confesiones, lo que las víctimas denunciaron desde el principio y lo que el poder intentó silenciar con sangre: que quien gobierna también responde por lo que ocurre bajo su mando.
La pregunta no es si hubo crímenes. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por ellos en 2006. La pregunta es si Colombia tiene la valentía institucional de sostener esta investigación hasta sus últimas consecuencias, sin que la presión política la doblegue. Como siempre, la respuesta depende de cuántos ciudadanos estén mirando.
