Tras denuncias permanentes de la ciudadanía cartagenera y una investigación que empezó hace dos años, la Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por $9.550 millones de pesos contra exdirectores del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena, los exgerentes del Edurbe y la Concesión Vial de Cartagena Convial S.A.

La Contraloría descubrió que el Distrito de Cartagena sufrió un detrimento patrimonial en esa cuantía, con ocasión de las irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato de peajes (concesión VAL. 0868804 “proyecto Corredor de Acceso Rápido a la Variante de Cartagena”). 

Los exdirectores del Departamento de Valorización Distrital implicados son: Dionisio Arango Cantillo, Ciro Castillo Cabarcas y Antonio Flórez Garizabal; los exgerentes de la Empresa de Desarrollo Urbano Edurbe S.A., Pedro Rafael Tono Lemaitre, Diego Antonio Otoya, Augusto Enrique Mainero Román y Amira Isabel del Rosario Salvador

El fallo demuestra que hubo una remuneración en exceso al concesionario Convial S.A. de las obras complementarias y su interventoría, frente al referente de valoración de riesgo en la propuesta económica de este, en desconocimiento de la realidad económica y financiera vigente para los periodos de aprobación de dichos rubros, lo que generó un detrimento para el Distrito y un beneficio para el concesionario en cuantía de $9.550 millones de pesos.  

Giros que se realizaron como consecuencia de la inclusión en el modelo financiero de los rubros reconocidos por concepto de (i) obras complementarias, (ii) interventoría de obras complementarias y (iii) el 15% otorgado al DAVD para adelantar la gestión administrativa y gerencial de las obras complementarias, toda vez que su retribución fue pactada a la Tasa Interna de Retorno -TIR- del 17.22% dispuesta para el alcance físico básico del proyecto, desplazando el cumplimiento de la TIR del proyecto en el tiempo, sin ningún ajuste ni evaluación de tasas que reflejaran el efecto del costo de financiación bancaria vigente al momento de aprobación de las obras, como la expectativa de rentabilidad del concesionario plasmada en su propuesta económica. 

Esto es, sin contar con estudios económicos y financieros según la realidad económica del entorno crediticio vigente al momento de cada adición de obras complementarias y su interventoría, para el momento en que se incorporaron al modelo financiero inicial del contrato de concesión, que consistía en el diseño, construcción, mantenimiento y operación del corredor de acceso rápido a la variante de Cartagena que estaba conformado por los subproyectos corredor de carga, zona industrial y portuaria, y accesos desde la zona industrial de Mamonal. 

Se trata entonces, de los recursos recibidos por el concesionario en exceso en el año 22, a partir del cumplimiento de las condiciones de rentabilidad (TIR), tanto del alcance físico básico del proyecto, como de las adiciones de obras complementarias y su interventoría. 

Adicionalmente, la Contraloría archivó la acción fiscal que adelantaba contra Luz Marina Figueroa Salgado, en su calidad de Directora del Departamento Administrativo de Valorización Distrital de Cartagena en su momento, en atención a que las pruebas allegadas con posterioridad al auto de imputación, desvirtuaron el elemento del nexo de causalidad. 

Cabe recordar que una vez notificada la providencia, los implicados cuentan con 5 días hábiles para presentar sus recursos de reposición y en subsidio de apelación contra la decisión de fallo con responsabilidad fiscal. 

Pero no es el único proceso que enfrenta esta concesión, que desde que se concibió ha estado cuestionada, por un evidente tufillo de corrupción

Ya en marzo de este año el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Cartagena ordenó una medida cautelar sobre los recursos recaudados en este par de peajes internos que siguen en funcionamiento en la capital de Bolívar. 

En su momento la Alcaldía de Cartagena informó que la Concesión vial está obligada los primeros 10 días de cada mes, a rendir cuentas y justificar los dineros utilizados durante la vigencia del mes anterior. 

Medidas

cautelares

La medida cautelar ordenó a la Concesión Vial que se abstenga de solicitar a la Fidugraria S.A., cualquier pago que exceda lo requerido para el cubrimiento de sus costos y gastos de operación. 

«Ordenar a la Parte Convocante, como medida cautelar, que se abstenga de solicitar a la sociedad fiduciaria Fiduagraria S.A., como vocera del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Corredor Vial de Cartagena, identificado NIT 830.053.603-9, la realización de cualquier transferencia, pago o giro de recursos a su favor o a favor de cualquier tercero, en relación con el contrato de concesión número VAL 0868804, que exceda la apropiación requerida para el cubrimiento de los costos o gastos que tengan causa, origen o explicación en el referido contrato de concesión y en el rol que en dicho contrato tiene dicha parte», citó el auto 25 del 10 de marzo de 2022 del Tribunal. 

La medida viene dada por un recurso de reposición presentado por el Distrito de Cartagena contra el auto número 24 de febrero de 2022, que negó la medida cautelar inicialmente. 

Actualmente hay una suspensión en el recaudo del cobro de los peajes de Manga y Ceballos, ante la investigación que se lleva en curso por el presunto delito de detrimento patrimonial por parte de la Concesión Vial de Cartagena S.A. 

«Y queda a salvo también la posibilidad de que el concesionario disponga de todo parte de los recursos que permanecerán en el fideicomiso, en caso de que su posición de defensa sea acogida en todo o en parte en el laudo arbitral que llegue a proferirse para zanjar las diferencias. La orden que se imparte, en el entendimiento del Tribunal, es consecuente con el propósito que inspira esta clase de actuaciones, en cuanto a su eficacia para impedir la generación de un perjuicio irremediable que podría experimentarse en caso de que la medida cautelar no fuera tomada, para lo cual el Tribunal ha hecho la debida ponderación entre el interés público que enmarca esta clase de decisiones, en contraste con el sacrificio que demanda para quien debe soportar los efectos de la medida cautelar que se toma», concluye el Tribunal Arbitral. 

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.
Publicidad ver mapa

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.