Lo que vamos a describir a continuación sí es un robo, aunque quieran disfrazarlo de otra cosa, pues entregarle, por parte de la rectoría del alma mater, un buen pedazo de terreno de gran importancia para la comunidad universitaria a la gobernación del Atlántico para que complete un cuestionado proyecto vial frente a la institución, se puede considerar un abuso de poder que materializa una perversa extralimitación de funciones.
El proyecto vial
El proyecto vial La Gran Vía, que lideró la exgobernadora Elsa Noguera, fue presentado como una iniciativa de infraestructura clave en el área metropolitana de Barranquilla. Este ambicioso proyecto busca mejorar significativamente la conectividad y la movilidad en áreas urbanas y rurales, facilitando el tránsito y promoviendo el desarrollo económico.
Elsa Noguera, conocida por su enfoque en el desarrollo urbano y social, ha resaltado la importancia de La Gran Vía no solo como una carretera, sino como un motor de progreso para las comunidades locales. Entre los aspectos destacados del proyecto se incluyen la construcción de una doble calzada, puentes, rotondas, un deprimido y tramos carreteros que agilizarán el flujo vehicular.
Además, La Gran Vía se ha diseñado con un enfoque sostenible, incorporando medidas ambientales para mitigar el impacto ecológico. Esto incluye la creación de corredores verdes y la implementación de tecnologías de construcción modernas que reducen la huella de carbono.
Las obras de la fase 1 van desde la Circunvalar hasta la universidad del Norte, y se tasaron por un valor de $62.402.366.820. La Obras de la fase 2 van desde la universidad del Norte hasta la universidad del Atlántico por un valor de $94.000.000.000. La gobernación del Atlántico, extrañamente, le entregó el proceso de contratación y ejecución de la segunda fase a Edubar, la “contratadera” del distrito de Barranquilla.
Aparte de los posibles hechos de corrupción en la contratación de estas dos fases que le costaron al erario $156.402.366.820, las obras aun no han sido entregadas lo cual ha generado serias dudas sobre su calidad, a pesar de que ya se cumplió la finalización del contrato.
El abuso del gobernador Verano de la Rosa
Edubar nunca socializó los planos ni el trazado del proyecto, y ahora, al parecer está en apuros para finalizar la fase dos pues necesitan trasladar el actual roundpoint que está frente a la universidad del Atlántico, unos metros más adelante para situarla exactamente en la entrada de la urbanización La Playa.
Habiendo suficientes terrenos frente a la universidad para que Edubar los negocie y termine el trazado de este proyecto fase 2 de la Gran Vía, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa tuvo la idea fabulosa de quitarle un buen pedazo de terreno a la universidad del Atlántico en perjuicio de este campus universitario, y cedérselo al proyecto.
El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, presidido por el gobernador Verano, autorizó al Rector de esta institución de educación superior para que realice la enajenación voluntaria directa a la Gobernación del Atlántico de 1.202,28 metros cuadrados. A cambio, la Gobernación pagaría la suma de $1.360.421.316,56, en virtud del avalúo corporativo realizado por profesionales expertos de La Corporación Lonja de Propiedad Raíz de Barranquilla.
Esta determinación del Consejo Superior y acatamiento del rector Danilo Hernández, para nada tuvo en cuenta la opinión de la comunidad estudiantil y académica, que se verá afectada por el recorte del campus universitario. La zona de parque desaparecerá y el teatro de la universidad quedará afectado por el ruido del tráfico automotor que circulará por esta nueva avenida. Literalmente el tráfico pasará a pocos metros del bloque H, que son salones de clases de pregrado y maestría. El ruido será insoportable tanto para profesores como alumnos.
O sea que al meter la Gran Vía a la universidad, le roban espacio verde al campus, le quitan parqueadero a los profesores y la llenan de contaminación sonora y gases venenosos.
Las argucias legales
El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, con Eduardo Verano a la cabeza, primero apela al artículo 69 de la Constitución Nacional, sobre la autonomía universitaria, como queriendo decir que la Ley los faculta para hacer con el campus universitario lo que les da la gana.
También se amparan en el artículo 65 de la Ley 30 de 1992. Pero se pifian porque allí no dice que la función del Consejo Superior es la de entregar, vender o enajenar los terrenos del campus universitario de manera inconsulta.
También argumenta la Gobernación del Atlántico que mediante Decreto N° 301 de 2022, ha anunciado el proyecto con motivos de utilidad pública e interés social, denominado “Mejoramiento del corredor vial que va entre la Circunvalar y el Municipio de Puerto Colombia en el Departamento del Atlántico, tramo 1: corredor universitario – unidad funcional 1 y adquisición predial de todo el tramo1”, el cual genera los efectos señalados en el artículo 2.2.5.4.2 del Decreto Único reglamentario 1077de 2015. Esta utilidad pública debieron aplicársela a los terrenos baldíos situados frente a la universidad para adquirir los lotes que necesitaban y no perjudicar a la universidad.
Lo más triste de todo esto es que ni el rector, ni los líderes estudiantiles, ni los profesores de la universidad del Atlántico le han reclamado este abuso al gobernador del Atlántico.
