El pasado 21 de mayo la Superintendencia de Salud impuso medida cautelar a la Fiduprevisora y al Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), por no atender los llamados que el ente de control ha realizado desde la entrada en vigor del nuevo modelo de salud para los docentes.
Según la Supersalud del primero de mayo a la fecha, se habían recibido más de 2.100 reclamaciones por parte de los usuarios, y se habían evidenciado una negativa de responder a 11 requerimientos por parte de la entidad.
«La medida cautelar implica la cesión inmediata de cualquier actividad que esté poniendo en riesgo la vida y la salud de los maestros y maestras y sus beneficiarios en todo el territorio nacional», señaló el superintendente, Luis Carlos Leal.
El problema se generó luego de que entrara en funcionamiento el pasado primero de mayo el nuevo modelo de salud para el Magisterio y que contó con el respaldo del Consejo Directivo del Fomag (integrado por los ministerios de Educación, Trabajo y Hacienda y Fecode) y Fiduprevisora S.A., con el acompañamiento técnico del Ministerio de Salud y Protección Social.
La operación de este modelo, que beneficia a 818.960 afiliados del Magisterio, sigue a cargo de Fiduprevisora S.A., entidad que lidera la organización y operación de la Red Nacional de Salud Fomag, y se suponía que eliminaría la intermediación, garantizaría una mayor cobertura y flexibilidad en la prestación del servicio e integraría el sistema de salud y seguridad en el trabajo.
Pero, en cambio lo que se ha visto es un cúmulo de errores e improvisaciones que han puesto en riesgo la prestación de los servicios a los maestros y sus familias.
La medida cautelar de la Superintendencia se da a conocer pocas horas después de que se revelaran unos audios de una reunión en la que participó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. En ellos, el jefe de la cartera reconocía los graves problemas a los que se enfrenta el modelo sanitario para los maestros. Y en una sesión de control político la semana pasada en el Congreso, Jaramillo responsabilizó al presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín, de las dificultades del nuevo sistema.
En ese momento, el ministro reconoció: «Yo he encontrado que desafortunadamente este modelo que nosotros planteamos, que se lo vendimos nosotros, no se ha cumplido en la práctica». Marín fue designado en su cargo por el Gobierno de Petro en 2023, pocas semanas antes de que Jaramillo asumiera la cartera.
El modelo tenía previsto una transición de seis meses a partir del 1 de mayo, en el primer mes era un alistamiento en donde la Fiduprevisora tenía que generar una estructura territorial para asumir sus nuevas funciones, como una central de datos que le permitiera hacer el seguimiento tanto financiero, prestacional y epidemiológico del modelo.
Pero, esto nunca ocurrió, y según la exministra de Salud, Carolina Corcho, la Fiduprevisora «actuó por fuera de los lineamientos del modelo y comenzó a hacer contrataciones que no tenían ningún sentido, por debajo de las tarifas, dejando por fuera la red de hospitales públicos, todo parece indicar que la intermediación de los operadores que se aspiraba superar, se enmascaró en los prestadores y lograron a través de los contratos de la Fiduprevisora mantener el estatus quo y sabotear el sentido de la implementación del nuevo modelo, esto ha generado un caos en la atención de los maestros que llegaban a sus anteriores puntos de atención y entrega de medicamentos sin tener respuesta porque los prestadores se niegan a seguir prestando la atención por la ausencia de claridad frente a los contratos».
Para intentar remediar la crisis, el Fomag emitió la Circular 002, en la que ordena a los proveedores y prestadores de servicios adscritos al Fondo continuar prestando los servicios a los maestros sin que medie autorización, lo que según Corcho es una medida que es correcta en la medida que busca garantizar la continuidad e integralidad del servicio, pero, «debe ser limitada, dado que la amenaza central es que se aumente la sobrefacturación y se desplome el Fomag desde el punto de vista financiero lo que pondría en riesgo todo el sistema de salud del magisterio en su conjunto».
Por esta situación fueron citados a control político en el Congreso, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo y el presidente de la Fiduprevisora, Mauricio Marín.
Allí salieron a relucir reclamos al presidente de la Fiduprevisora sobre su presunto pasado corrupto.
El presidente de la Fiduprevisora
En efecto, Jhon Mauricio Marín Barbosa, está salpicado en el escándalo de pago de coimas que tiene en juicio en la Corte Suprema al senador de La U, Antonio Correa Jiménez.
Según pruebas recogidas en esa investigación, el ahora presidente de la Fiduprevisora participó en reuniones y envió correos electrónicos que sirvieron para que le pagaran al senador Correa $80 millones de pesos en un contrato para construir canchas sintéticas en Lorica, Córdoba.
El contrato cuestionado fue firmado en 2018 y era por $1.566 millones de pesos. Y obedecía a un cupo indicativo que le asignaron al senador Antonio Correa por $5 mil millones de pesos en Coldeportes, ahora Ministerio de Deporte. El lío estalló para Correa porque miembros de su UTL terminaron confesando que el congresista pedía entre el 12 y 15 por ciento de cada proyecto que ayudaba a priorizar en Coldeportes y que ellos tenían que recoger esa plata y consignársela a las personas que el senador indicara.
Esos ex contratistas de la UTL de Correa, ambos condenados por estos hechos de corrupción aseguraron que Marín Barbosa estuvo presente en reuniones en las que se pactó la coima de ese contrato en particular, y que incluso el actual presidente de la Fiduprevisora era conocido como asesor de la entonces alcaldesa de Lorica, Nancy Sofía ‘la Chofy’ Jattin Martínez.
En ese mismo documento se explica que Mauricio Pineda se cruzaba correos con Marín, es decir, con el actual presidente de la Fiduprevisora, «a la postre es familiar de la persona que finalmente se quedó con el contrato» por el que se pagó la coima.
Marín Barbosa fue nombrado en abril pasado del 2023 en la fiduciaria que administra anualmente $237 mil millones de presupuesto.
Además, según reveló una investigación de Vorágine, llegó al cargo apoyado por los congresistas del partido de La U Wilmer Carrillo y Saray Robayo, quien es pareja del actual exembajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti.
Bendetti y La U
¿Es causalidad que aparezca el nombre de Benedetti o el partido de La U?, pues no.
En abril de este año, o sea hace apenas un mes, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió no enviar a la cárcel a Benedetti, precisamente por presunta corrupción en la Fiduprevisora cuando era senador entre 2009 y 2011.
La Corte considera que una medida de aseguramiento en contra de Benedetti “no es necesaria”. Por eso, con una votación mayoritaria de los magistrados, decidió que el embajador avance con el caso desde la libertad.
El caso de Benedetti con Fiduprevisora tiene que ver con una supuesta exigencia de plata que hizo a abogados y beneficiarios entre el 2009 y 2011 cuando era senador por La U para que esa fiduciaria desembolsara pagos de derechos pensionales a profesores en Córdoba.
Las investigaciones buscan encontrar si cometió el presunto delito de concusión por abusar de su cargo, entonces como senador, para exigir dinero en funciones que no tienen nada que ver con su trabajo.
Previamente, el 17 de diciembre del 2017, el portal El Expediente publicó una investigación titulada: “Benedetti, Euclides Torres y Daniel García, los verdaderos dueños de la Fiduprevisora. Alerta por direccionamiento de contrato por $88 mil millones”, en la que detalla el presunto poder que maneja Armando Benedetti en la Fiduprevisora.
El contrato en mención era una licitación que en esa época abrió la Fiduprevisora para contratar a una firma de auditoría externa para que revisara las cuentas de los hospitales que le presten servicios de salud a los maestros, requisito previo para la autorización del pago de las facturas que presente la red prestadora de servicios de salud.
El proceso se abrió el 25 de noviembre del 2017, mediante la invitación publica No.05 de 2017 cuyo objeto era: «La prestación de los servicios de auditoría integral (administrativa, financiera y medica) a los prestadores de servicios de salud del magisterio (entidades que garantizan la prestación de los servicios de salud del plan de atención integral y la atención médica derivada de los riesgos laborales para los afiliados al Fondo Nacional De Prestaciones Sociales del Magisterio en el territorio nacional, asumiendo y gestionando el riesgo en salud, operativo y financiero que del contrato se deriva), ubicados en las diferentes regionales del territorio nacional, con el fin de verificar el cumplimiento de los procesos y condiciones definidos contractualmente con Fiduprevisora S.A.».
Al final el contrato le fue adjudicado a las firmas D&G y KPMG, cuyos representantes legales según El Expediente son cercanas al empresario Euclides Torres, quien sería el delegado de Benedetti en la Fiduprevisora.
Ya en el 2024, hace apenas una semana y siete años después de esta denuncia, W Radio realizó un informe en el que se vuelve a mencionar la firma D&G Consultores que ganó por enésima vez el mismo contrato.
En la denuncia de W Radio se asegura que la Fiduprevisora entregó el mes pasado a dedo el contrato por más de $75 mil millones de pesos a la empresa D&G Consultores para que realice la auditoría a los prestadores de salud del nuevo modelo para los maestros.
Y llama poderosamente la atención que, aunque el presidente Gustavo Petro ha insistido en que el objetivo de cambiar el modelo de salud de los maestros era eliminar la corrupción, se sigue contratando desde las entidades que participan en el proceso, a las mismas empresas de siempre.
Muy a pesar de que los directivos de Fecode que tienen asiento en el Fomag, Christian Rey y Georgina Arroyo, votaron de forma negativa frente a la elección de D&G, justamente, asegurando que esta empresa tenía muchos cuestionamientos.
D&G Consultores
D&G Consultores del contratista Daniel García, es la empresa que lleva desde el 2016 ganándose el millonario contrato de auditoría en el Magisterio. Y al igual que denunció hace siete años el portal El Expediente, se advierte que detrás de Daniel García estaría el polémico empresario Euclides Torres, mencionado por una supuesta financiación a la campaña Petro, pues, según detallan, Torres sería el poder detrás de D&G Consultores, empresa que se vuelve a enganchar en el nuevo sistema.
Por si fuera poco, W Radio, hizo el ejercicio de cotizar con otras empresas auditoras sobre el precio pactado por la Fiduprevisora y aseguraron que $75 mil millones de pesos por 18 meses es un precio sumamente elevado, pues, máximo, este tipo de servicios cuestan $20 mil millones de pesos.
Euclides Torres a quien se le asimila como cabeza del llamado Clan Torres. Es cuñado de Martha Villalba, ex representante a la Cámara del partido de La U por el Atlántico, quien está casada Camilo Torres, exalcalde de Puerto Colombia y hermano de Euclides. Sus otros dos hermanos son el ex representante del Partido Liberal Dolcey Torres y Lissete Torres, madre de Karina Llanos Torres, disputada de La U y casada con el electo senador de Pacto Histórico, Pedro Flórez.
A Torres se le ha vinculado con el proceso que adelantan el CNE por la entrega de dineros a la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo cual ha negado en varias oportunidades.
Petro se pronuncia
Al margen de todos estos hechos, ayer en su cuenta de X, el propio Gustavo Petro se pronunció sobre el tema, defendiendo el cambio de modelo de salud en el Magisterio.
Afirmó que desde hace mucho tiempo los maestros esperaban cambios para mejorar la prestación de los servicios de salud.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), habló de las huelgas indefinidas de los últimos años de los maestros que hacen parte de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (Asoinca), departamento donde, según él, el modelo de salud propuesto por su gobierno y el Fomag se logró aplicar y marcha muy bien.
Entre estas huelgas, recordamos las indefinidas en abril de 2016, abril de 2017 y agosto de 2017. En esta última llegaron a Bogotá 2103 afiliados. Ante esto, señaló que, a pesar de estos esfuerzos, la contratación se dio bajo el modelo privatizador.
También recordó la huelga indefinida en enero y febrero de 2023 con la visita al capitolio durante 17 días. Sobre esto, expuso que «con la decisión presidencial de terminar con la intermediación vimos la gran opción de reivindicar el derecho a la salud». Asimismo, que «hoy podemos afirmar que es un gran avance político en beneficio del magisterio colombiano».
Aunque de manera sospechosamente ‘blanda’ criticó a la Fiduprevisora, «La Fiduprevisora, si fuese más ágil y práctica, seríamos el modelo, el piloto, pero sabemos quiénes colocaban los funcionarios en ella y de ahí que, parece ser, no tiene motivación para sacar adelante este mandato presidencial».
En cambio, criticó de forma más severa a los ejecutivos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).
«Se opuso (el ejecutivo de Fecode) hasta faltando un mes para terminar la prórroga, lo cual como representantes del gremio, políticamente son los responsables de no haber iniciado la preparación para la implementación desde octubre de 2023, cuando el presidente Petro hizo la declaración de que el magisterio tendría las mejores clínicas y hospitales y podíamos escoger libremente las IPS», afirmó el Presidente.
E incluso llegó a decir que «en el discurso son petristas, pero en la práctica le sabotean y le dan más argumentos a la ultraderecha para pretender desprestigiar al Gobierno y recuperar el poder».
Y recalcó que «podremos decir que es a la corrupción anidada en los organismos sindicales a los que no les conviene el nuevo modelo de salud sin intervención»;
No obstante, el Presidente no hizo referencia alguna a los posibles hechos corruptos que se pudieran estar dando al interior de la Fiduprevisora.
Habrá que ver cómo evoluciona el tema del servicio de salud de los maestros bajo el nuevo modelo, pues será un buen medidor de lo que podría pasar con los cambios que se apliquen al sistema de salud de los colombianos.
Sin embargo, si esos cambios solo se dan en el papel y en las directrices, más no en los actores y en quienes serán los responsables de llevar a feliz término dichas transformaciones, como está ocurriendo con el Magisterio, la pretendida reforma a la salud será tan solo un sueño que se quedará en eso y no trascenderá, más allá de la almohada de un hospital.
