La Gran Vía es una mega obra vial en la ciudad de Barranquilla, concebida en el segundo gobierno de Eduardo Verano de la Rosa, ejecutada durante el mandato de Elsa Noguera (2020 – 2023), pero aun inconclusa. Se trata de la intervención en su totalidad del corredor vial de la carrera 51B, desde el cruce con la circunvalar hasta la universidad del Atlántico.
Es un corredor vial estratégico donde se encuentran ubicadas varias universidades públicas y privadas, centros comerciales, centros médicos, clubes sociales, colegios, y nuevos barrios que hacen parte del desarrollo urbanístico de Barranquilla y Puerto Colombia. El proyecto se dividió en dos fases:
Las obras de la fase 1 van desde la Circunvalar hasta la universidad del Norte, y se tasaron por un valor de $62.402.366.820. El proceso de contratación estuvo a cargo de la Secretaría General del departamento del Atlántico en coordinación con la Secretaría de Infraestructura. Llama la atención que el comité evaluador, de 8 proponente, seleccionó a un consorcio compuesto por empresas de Villavicencio.
Se trata del Consorcio Vial Barranquilla, representada por Rafael Fernando Baquero Medina, integrado por las siguientes personas jurídicas:
| Socios Consorcio Vial Barranquilla | Participación | Responsabilidad fiscal |
| Equipos Construcciones y Obras SA Nit.800079482-9 | 48% | $29.953.136.074 |
| Constructora Global Ingeniería SAS Nit.901447880-2 | 47% | $29.329.112.405 |
| Gravas y Concreto SA Gravicón Nit.830049948-1 | 5% | $3.120.118.341 |
| TOTAL | 100% | $62.402.366.820 |
¿Qué investiga la Fiscalía?
Por iniciativa de veedurías ciudadanas y la comunidad, la Fiscalía General de la Nación y bajo la orden expresa de la fiscal (E) Martha Mancera, quien encargó al Fiscal 09 de la Unidad de Investigación Temprana, inició una serie de indagaciones y recolección de pruebas tendientes a demostrar que hubo irregularidades y comportamientos colusorios en el proceso contractual.
Veamos estas irregularidades.
El secretario General de la gobernación del Atlántico, Raúl Lacouture Daza, debió firmar el contrato No.202203141, cuyo objeto es el mejoramiento del corredor vial que va entre la circunvalar y el municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico, Tramo 1: Corredor universitario - Unidad Funcional 1 y adquisición predial de todo el tramo 1, por un valor de $62.402.366.820. Por parte del consorcio seleccionado debió firmar Rafael Fernando Baquero Medina, representante del consorcio vial Barranquilla, pero una de las inconsistencia que investiga la Fiscalía es que el este contrato no tienen fecha de legalización ni las firmas del contratante y el contratista.
Antes que se produjera este documento contractual, el Comité Evaluador de esta licitación había emitido su fallo con el cual se escogió como ganador al Consorcio Vial Barranquilla, y es aquí donde se pretende establecer si hubo un comportamiento colusorio de los integrantes de este comité al admitir evidentes razones para descalificar a los socios de este consorcio.
Examinemos a cada uno de sus socios para verificar si cumplen con los requisitos fundamentales para contratar con el estado:
1. Equipos, Construcciones y Obras S.A., Nit: 800.070.482-9. Representante legal: Rafael Fernando Baquero Medina. Nació a la vida jurídica el 24 de octubre de 1989 e inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 1 de noviembre de 1989. Tiene un capital autorizado de $1.800.000.000, y un capital suscrito y pagado de $900.000.000.
Llama la atención los siguientes hechos irregulares en la conformación de esta sociedad: a) Solo hasta el 2007 se nombró un Revisor Fiscal suplente, y b) y en 2016, 8 años después de su creación, se nombró Revisor Fiscal Principal.
El comité evaluador pasó por alto estos detalles inhabilitantes en la organización de esta sociedad, pues de entrada violaron lo reglamentado en el Código de Comercio, artículos 203 al 217, referente al nombramiento del Revisor Fiscal y lo reglamentado en el Ley 43 de 1990.
Por otro lado, el Comité también desestimó el hecho de que esta empresa no tiene suficiencia financiera, pues muy a pesar de que coloque en sus estados financieros de 2021 un Total de Activos por valor de $40.198.984.888, su capital solo es de $900.000.000. Como participa en el consorcio con un 48%, su responsabilidad financiera en el contrato de $62.402.366.820 es de $29.953.136.074. El simple sentido común indica que esta empresa con $900 millones de capital no tiene como responderle al Estado con ese contrato. Su índice de endeudamiento es de 97.76%, lo que indica que solo tiene para responder el 2,24%.
2. Gravas y Concretos S.A. Gravicón. Nit: 830.049.948-1. Representante legal: Hugo Andrés Baquero Medina. El suplente del gerente es Rafael Fernando Baquero Medina. Nació a la vida jurídica el 28 de agosto de 1998 e inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 23 de septiembre de 1998.
En la conformación de esta empresa se destacan los siguientes hechos irregulares que son causales de inhabilidad, disolución y liquidación: Solo hasta el 15 de diciembre de 2007 se nombraron los revisores fiscales (principal y suplente). Además, todo indica que para el período 2022 – 2024 no se ha nombrado este importante cargo.
Lo anterior indica que los reportes financieros de estas dos empresas no son confiables, por la falta de legalidad durante sus primeros años de funcionamiento.
También es de destacar que Gravas y Concretos S.A. tampoco, de acuerdo a su participación con el 5% en este contrato, cuenta con la suficiencia financiera para responder por $3.120.118.341. Su capital suscrito y pagado es de $600.000.000.
3. Constructora Global ingeniería S.A.S. Nit: 901.447.880-2. Representante legal: Ginna Paola Vigoya Guzmán. Nació a la vida jurídica el 13 de enero de 2021 e inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 25 de enero de 2021.
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Esta empresa participa en el Consorcio Vial Barranquilla con un 47%, o sea que es responsable fiscalmente de este contrato con la suma de $29.329.112.406. Pero vemos que su capital suscrito y pagado es de apenas $240.000.000. Cualquier comité de evaluación razonable vería que no cuenta, por un lado, con la suficiencia financiera para responderle al Estado por este contrato, y, por otro lado, no tiene la experiencia ideal para encarar un proyecto como este.
Total, hay suficientes elementos para identificar un direccionamiento adrede para otorgarle este contrato al Consorcio Vial Barranquilla, es decir, que el Comité Evaluador habría incurrido en un comportamiento colusorio, ya sea por motu propio o por órdenes superiores de la Secretaría General o de la misma gobernadora Elsa Noguera.
Para colmo de males, las obras debían terminar el 31 de diciembre de 2023, pero aún continúan inconclusas.
