Editorial de El Espectador

Los audios de Óscar Iván Zuluaga que publicó la revista Semana dejan claras varias mentiras preocupantes. La primera y más evidente es que el otrora candidato a la Presidencia del Centro Democrático, que ganó la primera vuelta en el 2014 y antes fue ministro de Hacienda del expresidente Álvaro Uribe, le mintió al país una y otra vez, sin vergüenza ni consideración por los millones de votantes que creyeron en su honradez.

Y sin importarle que, al mentir, estaba minando la credibilidad de las instituciones, pues se presentó como un perseguido político del Estado por ser de la oposición y dominó la atención de los colombianos, cuando en la raíz lo que teníamos era un intento por ocultar crímenes. Por donde se le mire, es una situación trágica.

La segunda mentira fue la del supuesto trabajo juicioso del Consejo Nacional Electoral (CNE) en este caso. Lo dijimos en su momento cuando decidió absolver a Zuluaga: era extraño que se llegase a esa conclusión cuando existían indicios tan cuestionables sobre la financiación de Odebrecht a la campaña. Sin embargo, los magistrados del Consejo prefirieron una especie de pacto político perverso. Lo dijo el mismo Zuluaga en uno de los audios: “Yo estuve en el CNE y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? «Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca»”. Se refería a las investigaciones contra la campaña de Juan Manuel Santos, que también terminaron archivadas en el Consejo.

Es creíble lo dicho por Zuluaga del ahora registrador Vega, pues a menudo queda la sensación de que el CNE opera en sus decisiones más por consideraciones políticas que jurídicas. Tenemos, sin embargo, que cuestionar con vehemencia esa manera de pensar. Cuando estalla un escándalo, la primera línea de defensa de los involucrados es mencionar una situación similar en sus opuestos ideológicamente. “Si ellos lo hacen, ¿por qué investigarnos a nosotros?”, parecen preguntar. La respuesta es que todo presunto delito debe investigarse y, si ha lugar, llevarse a juicio de forma independiente a cualquier otro caso. Pedir que Zuluaga responda por el caso Odebrecht no implica negar que haya sospechas sobre otros actores políticos, pero cada proceso es diferente y debe ser investigado y definido de manera autónoma.

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Finalmente, necesitamos preguntarnos por la responsabilidad política del Centro Democrático. Zuluaga no solo fue su candidato presidencial, sino que en los años posteriores hubo un ejercicio de negación de lo ocurrido y de acusar a las instituciones de estar en contra del partido. Más allá del “dolor” que el líder del partido, el expresidente Uribe, expresó en sus redes sociales, ¿cómo más pretenden reparar este engaño imperdonable a los colombianos?

Bienvenida la justicia, aunque tarde. Es momento de que Colombia reciba muchas explicaciones pendientes.

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