Ni siquiera somos capaces de construir una cárcel sin que medie la corrupción

La construcción de una megacárcel para solucionar los problemas de hacinamiento en los centros reclusorios del Magdalena, está camino de convertirse en un “mega elefante blanco”, en el que estarían en riesgo de perderse, según la Contraloría General de la República, unos $280 mil millones de pesos

Esto demuestra nuestra pobreza absoluta en cuanto a mentalidad progresista, civilizada, denota la más grande mediocridad en asuntos públicos y una sumisión total a la corrupción. Somos incapaces de administrar recursos públicos, de llevar a feliz término un proyecto.

Una ilusión más

Maqueta de la mega cárcel del Magdalena

Estamos acostumbrados a vivir de ilusiones, maquetas y proyectos renderizados. El dinero se lo apropian los funcionarios corruptos y contratistas.

Se trata del contrato para la «Construcción y equipamiento del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional – ERON de mediana seguridad etapa 1, adecuado para la operación por parte del INPEC, en Sabanas de San Ángel, departamento del Magdalena, por el sistema de precios unitarios con formula de ajuste, para lo cual, actualizará y complementará los estudios, diseños, planos y especificaciones suministrados por la USPEC», firmado en diciembre del 2019, y que en la actualidad, de acuerdo al último informe del organismo fiscalizador, sólo tiene un avance del 27% de sus obras. 

Con el proyecto carcelario se pretende abrir 1.974 cupos para la población privada de su libertad. Contaría con seis pabellones de 288 cupos cada uno, distribuidos en 72 celdas de 4 cupos cada una y la inversión inicial era de y cuenta con una inversión de $196.228 millones de pesos, por contrato de obra y de interventoría, asignados a Consorcio Fundación 2020 y a Consorcio RYU-RG San Ángel, respectivamente. Y estaba previsto ser entregado el primer semestre de este año. 

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El contrato fue adjudicado al Consorcio Fundación 2020, con el NIT 901350711, cuyo representante legal es Alfredo Muñoz Rodríguez

La fecha inicial del contrato data del 27 de diciembre del 2019, prevista para su culminación en el 2023. Sin embargo, y pese a las advertencias de retrasos en las obras, en el 2021, se aplicó el sexto otro sí al mismo, ampliando hasta el 2024 su culminación y confiriendo un adicional de $91.770 millones, lo que significa que al final el contrato fue suscrito por más de $280 mil millones de pesos. 

Es de anotar que la Megacárcel que construyó el presidente Nayib Bukele en El Salvador para albergar 40 mil reclusos, tuvo un costo de $290 mil millones. Son instalaciones ultra seguras con toda la tecnología de punta para la vigilancia y control de los presos. Fue construida en un tiempo record de 7 meses.

En un informe de auditoría dado a conocer en abril del 2021, ya la Contraloría General de la República advertía al USPEC sobre la situación del mencionado proyecto.  

En ese informe se señala que para diciembre del 2020, el mencionado contratista ya había recibido pagos por el orden de los $38 mil millones de pesos. Y se advierte que el USPEC no cumplió con la obligatoriedad de subir a la plataforma del SECOP II, todos los documentos relacionados con el contrato en cuestión, conforme lo estipula la Ley. Y se desconoce el resto de pagos realizados al contratista, a la fecha de hoy.

Antecedentes no tan claros

En el 2020, miembros del grupo indígena Chimila Ette Ennaka hicieron pública su molestia ante el USPEC, el Ministerio del Interior y el de Justicia por haber pasado por alto la realización de la Consulta Previa antes de firmar el acta de inicio de las obras de construcción de la megacárcel. 

Según señalaron en la época, en el predio, que tiene una extensión de 185.70 hectáreas, hay tres sitios sagrados para los Chimila, que representan zonas importantes para el desarrollo de actividades ancestrales.

El 26 de diciembre del 2019, la USPEC había afirmado que los predios no se encontraban afectados por la resolución 075 de 1990, proferida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, mediante la cual se constituye la comunidad y los terrenos para el establecimiento del Eron.

Ahora, en el 2023 la Contraloría determinó que, para la ejecución de la obra no se hicieron estudios previos para la estructuración de comunicaciones, ni diseños de factibilidad y expansión de la red externa eléctrica. El ente de control también advirtió que el proyecto lleva paralizado más de cinco meses. 

Aunque su interrupción inicialmente sería por 45 días por cuenta de la crítica situación de orden público y las condiciones climáticas del municipio, desde el pasado 20 de diciembre de 2022 los trabajadores de las obras no han vuelto al lugar. 

En este reciente informe al USPEC, el ente de control advierte que de no reiniciar las labores de construcción en el menor tiempo posible, existe un grave riesgo de detrimento al patrimonio del Estado.

«La prolongada suspensión de la obra (más de 5 meses) genera alta posibilidad de que se requiera la inversión de mayores recursos a los inicialmente presupuestados, para su terminación y puesta al servicio, por cuenta del deterioro de los materiales y equipos instalados y no instalados en la obra, así como de las obras ejecutadas hasta el momento» señaló la entidad. 

La situación de la cárcel de Sabanas de San Ángel no sería el único caso en el país en el país. Según se conoció, los proyectos de megacárcel en Pereira y Riohacha también estarían en vilo. En el caso del centro penitenciario del Pilamo, en la capital de Risaralda, su ejecución iría en el 21% y se ha visto retrasada por la crisis que dejó la pandemia y la ola invernal que azotó durante el año pasado al país. 

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