De nada servirán tanto anuncios del presidente Gustavo Petro en favor de la Guajira, ni la emergencia emergencia económica, sino se destierra las corrupción arraigada, en todas sus formas, en cada uno de los rincones de ese departamento.

Aunque comiencen a construir hospitales de lujo, grandes acueductos, universidades, etc., etc., todo quedará en ruinas si la corrupción sigue mandando en la cultura y en el alma de los guajiros.

En la reciente estadía del presidente Petro en este bello departamento, oímos todo tipo de anuncios, pero no escuchamos ni una palabra que tuviera la intención de crear mecanismos o programas anticorrupción.

Lo dicho hace apenas horas por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, sobre la enquistada corrupción judicial que hay en La Guajira, aunque grave, no genera sorpresa. 

Y suena lógico porque desde hace varios lustros los distintos medios de comunicación se han dedicado a denunciar hechos graves de corrupción en esa zona del país y destapar ollas podridas, pero poco se sabe luego de que sus responsables, con contadas excepciones, sean castigados por los organismos de justicia. 

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Por cuenta de la corrupción, miles de niños han muerto o padecen desnutrición en La Guajira; así como de la falta de puestos de salud y hospitales para atender a su población. La corrupción también mantiene con sed a los guajiros y probablemente la espiral de violencia en que ha vivido por décadas este departamento, también esté relacionada con el cáncer de la corrupción. 

En concreto, Idárraga habla de que en ese departamento existe un problema de corrupción judicial, que impide que avancen los procesos abiertos por delitos contra la administración pública, procesos que datan incluso del añ0 2000.  

Puso de ejemplo las dudosas actuaciones de la Fiscalía Sexta Seccional de la Unidad de delitos contra la administración pública de La Guajira, donde en 64 expedientes radicados, algunos con más de 10 años de haberse abierto, no ha habido ninguna actuación judicial. 

Afirmó que lo peor del caso es que no se trata de investigaciones abiertas de oficio por denuncias de particulares o investigaciones propias de la Fiscalía, sino por procesos que ya tenían indagaciones adelantadas y eran trasladados desde la Contraloría, y que ya tenían hallazgos de responsabilidades penales. Varios de estos procesos están prescritos o a punto de prescribir. 

En estos 64 expedientes el robo de los recursos públicos ascendería a unos $85.700 millones de pesos. De donde $23 mil millones de pesos corresponderían a hechos de corrupción en los que estarían involucrados funcionarios y contratistas de La Gobernación, para la época en que se perpetraron; y otros $56 mil millones de pesos, en los municipios. 

Según él, entre 2010 y 2023 se presentaron «922 delitos contra la administración pública y solo en el 16 por ciento de los casos hubo capturas; en un 2 por ciento se dictaron condenas, y las imputaciones fueron del 24 por ciento. Se evidenciaron 700 casos sin imputación, 770 sin captura, 765 sin acusación y 899 sin condenas». 

En los casos de delitos relacionados con hechos de corrupción en la región, se reveló que el 85,95 por ciento de los mismos está en inminente riesgo de prescripción, mientras que es posible que el 10,93 por ciento han prescrito. 

Así mismo, respecto a la inacción de la Fiscalía, Transparencia evidenció que la mitad de los expedientes llevan una década ‘engavetados’, mientras que el 39 por ciento no han tenido ningún movimiento entre cinco y diez años. Y el 7 por ciento, en menos de un lustro. 

Respecto a la clase de delitos, la entidad planteó que más del 55 por ciento de los mismos son por peculado por apropiación y que 31 por ciento correspondían a contratos que no cumplían los requisitos legales. El porcentaje restante está ocupado por faltas como concusión y prevaricato, entre otros delitos. 

Más aún, de todos los expedientes, la tendencia de responsabilidad penal de la gran mayoría (98 por ciento) de casos es contra funcionarios públicos. Y para rematar, en el 96 por ciento de los casos, la acción penal está próxima a prescribir o ya lo hizo. 

Tras denunciar lo encontrado, el Secretario de Transparencia, solicitará a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial una investigación a todos los fiscales encargados de estos procesos de los últimos 15 y 10 años que no hicieron nada y los dejaron prescribir. 

Así mismo a la Comisión Seccional de la Judicatura su intervención para evitar que se archiven más procesos. Y a la Procuraduría General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones. 

Idárraga enfatizó que es evidente que en este entramado han actuado mandatarios seccionales en contubernio con funcionarios de la rama judicial. 

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