Ordenan demoler el adefesio Aquarela en Cartagena

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La ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez Camacho, y el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, exigieron al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, la adopción de manera inmediata de las acciones necesarias para la recuperación de 619,5 metros del espacio público de la ciudad ocupados irregularmente por la torre I del proyecto urbanístico Aquarela VIS, que a su vez eviten una tragedia ante las deficiencias de rigidez y resistencia de la edificación.

El requerimiento fue hecho tras conocer el estudio técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros –SCI-, que concluyó que “a la estructura le hace falta un 30% de rigidez global y más de un 90% de resistencia en una cantidad considerable de muros estructurales para cumplir con los requerimientos del reglamento NSR 10 (Norma Sismo Resistente)”.

La ministra Vásquez Camacho indicó que el informe “suministra los elementos técnicos necesarios para que las autoridades distritales ejecuten las órdenes impartidas en el proceso policivo sancionatorio y procedan a demoler el edificio Aquarela, única opción técnica recomendable para restituir el espacio público”.

El Procurador advirtió que con el informe de la SCI termina “la incertidumbre y por las determinaciones técnicas que se han dado alrededor del edificio Aquarela, ya hay que tomar decisiones de policía y administrativas que pongan fin a lo que ha sido lamentablemente una pesadilla y puede convertirse en una tragedia para la ciudad de Cartagena”.

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En el informe, solicitado por las dos entidades, la SCI también indicó que la torre no estaría en capacidad de resistir los cambios de diseño requeridos para que el constructor del proyecto restituya el espacio público, lo que representaría un riesgo para la seguridad de los ciudadanos.

Señaló, además, que la mayoría de los muros no cumplen con la cuantía mínima de carga requerida por la NSR, así como “la cantidad de pilotes indicada en la planta de cimentación no es suficiente para soportar la solicitación de carga gravitacional de la estructura, considerando la capacidad admisible de pilotes indicada en el estudio de suelos”.

En ese orden, corresponde a las autoridades distritales disponer las medidas policivas de restitución, incluida la demolición de la estructura para evitar una tragedia.

Para la Procuraduría y el Ministerio de Cultura con este estudio la alcaldía puede cumplir con la recuperación del espacio público ocupado por la obra, tal como lo ordenó la Inspección Segunda de Policía en fallo del 9 de octubre de 2018, confirmado por la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana de la ciudad.

Las dos entidades indicaron que el informe de la SCI termina con la incertidumbre generada alrededor de la torre I del proyecto Aquarela VIS, y da herramientas para evitar una catástrofe por un desplome estructural que sería de una magnitud superior al registrado en el edificio Blas de Lezo, el 27 de abril de 2017, que dejó un saldo de 21 muertos y 22 heridos.

Las dos entidades recordaron que en 2019 el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco alertó sobre el impacto negativo del proyecto Aquarela VIS en los atributos que sustentan el Valor Universal Excepcional del puerto y las fortalezas de la ciudad, incluido el Castillo de San Felipe de Barajas, situación que pone en riesgo la inscripción de Cartagena como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

La ministra de Cultura y el Procurador remitieron al alcalde de Cartagena el informe técnico y la solicitud de aplicación de las medidas para la recuperación inmediata de los 619,5 metros cuadrados de espacio público ocupados irregularmente.

Como se recordará, el embrollo legal del caso empezó luego de que una comisión de la Unesco hiciera observaciones en 2017 por la construcción del edificio en el entorno cultural protegido de la ciudad, en cercanías al Castillo San Felipe y las murallas del centro histórico. Estos señalaban los posibles problemas que le podría originar a Cartagena como ciudad Patrimonio de la Humanidad por su valor cultural excepcional. Esto desembocó en la suspensión de la obra a finales de ese año.

Luego Colombia presentó un informe de las medidas tomadas en el caso de Aquarela que fue estudiado por la Unesco en la reunión del Comité de Patrimonio Mundial que sesionó en 2018, en Azerbaiyán. Allí, a través del Ministerio de Cultura y la Cancillería el país se comprometió a tomar las medidas necesarias.

En el 2018, ya el Ministerio Público había indicado que con la licencia que otorgó la Curaduría Urbana No 1 se vulneraron gravemente los derechos e intereses colectivos a la moralidad pública, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, del patrimonio cultural e histórico de la Nación, y la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y con prevalencia del beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

En esa ocasión la Procuraduría había advertido que la construcción del complejo habitacional representaba una grave amenaza para la conservación y protección del Centro Histórico de Cartagena y su zona de influencia, pues las cuatro torres impiden drásticamente la visibilidad desde el centro histórico hacia el Castillo de San Felipe de Barajas, y viceversa, con lo cual se afectan notablemente las características arquitectónicas y urbanas de la ciudad antigua en su conjunto.

Y añadió que la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena al expedir la circular que creaba, modificaba y complementaba las normas del POT de la ciudad, no respetó las disposiciones sobre protección del patrimonio cultural, las cuales prevalecen frente las normas de ordenamiento del territorio.

Adicionalmente, se atribuyó la facultad de modificar o adicionar el POT, con lo que otorgó la posibilidad de construir viviendas de interés social sin limitaciones en su altura, trasgrediendo las disposiciones existentes para la construcción de vivienda multifamiliar en el barrio Torices.

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