El empresario Orlando Fajardo se sometió a la justicia el 20 de febrero de 2020, aceptando cargos por permitir que alrededor de $5.100 millones entraran a bolsillos de privados, para que el Consorcio Canoas -conformado por Odebrecht y Cass Constructores- se quedaran con la planeación y ejecución del proyecto Tunjuelo-Canoas. La obra que buscaba descontaminar el Río Bogotá, fue otra de las obras que la multinacional brasilera empañó tras su paso por Colombia. (Lea también: Condenan a empresario Orlando Fajardo por irregularidades en contrato Tunjuelo-Canoas)
En el expediente quedó certificado que el Consorcio Canoas firmó un contrato de anticipo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), en 2009, por un más de $243.000 millones, para darle vida al proyecto Tunjuelo-Canoas. El empresario Orlando Fajardo, representante del consorcio, junto a otros poderosos como Federico Gaviria -condenado dos veces por corrupción-, caron una tajada de $5.100 millones del pastel para asegurarse que ninguna otra empresa se metiera en la licitación.
“Junto con Andrés Alberto Cardona Laverde coordinó y realizó un ofrecimiento económico al abogado Manuel Hernando Sánchez Castro, quien representaba a la Unión Temporal Cartellone, oferente en la invitación pública, para que mantuviera una actitud pasiva en aras de paralizar el trámite de la licitación y así garantizar la adjudicación al Consorcio Canoas. Oferta que se materializó a la adjudicación de la obra a la persona jurídica de su interés, cancelándole la suma de $ 255 millones a través de la Constructora Fajardo Nieto Ltda”, explicó el Tribunal Superior de Bogotá.
Por esos hechos, Orlando Fajardo y representantes de la Fiscalía se sentaron el 20 de febrero de 2020 ante el Juzgado 20 penal de circuito de Bogotá, para explicar ante la justicia el preacuerdo con el que se dieron la mano. Fajardo se declaró culpable por los delitos de abuso de confianza calificado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho -soborno- por dar u ofrecer, a cambio de una rebaja de pena -que quedó en seis años- y de devolver los dineros que metió en los bolsillos de privados.
Sin embargo, hubo un primer problema: “no fue posible establecer el monto de lo apropiado por el acusado, sino la inversión que realizó con el anticipo que le fue entregado”, señaló el informe del 22 de marzo de 2017 de dos investigadoras de la Fiscalía. Por tanto, Orlando Fajardo se comprometió a pagar alrededor de $800 millones como reintegro del dinero percibido, divididos así: $470 millones por los giros que le hizo a terceros; $170 millones por indemnización; y más de $158 millones por reparación voluntaria. (En contexto: Caso Odebrecht: se entregó el contratista Orlando Fajardo Castillo)
El Juzgado 20 penal de Circuito de Bogotá dio luz verde al preacuerdo entre la Fiscalía y Orlando Fajardo, sin embargo, la Procuraduría puso el grito en el cielo pues la apropiación a favor de terceros se dio por más de $48.000 millones que corresponden a la suma total del anticipo pagado por la EAAB. “Considera el apelante que esa suma constituye el monto de lo apropiado, frente al cual la cantidad de $800 millones, reconocida como reintegro, corresponde al 1.6% del valor del anticipo que constituye el incremento que presuntamente obtuvo. Por ello, añadió, como no se ha realizado el reintegro del 50 por ciento ni asegurado el remanente, el acuerdo es ilegal y debe improbarse”, sentenció el Ministerio Público.
Con esos argumentos, la Procuraduría apeló el preacuerdo entre la Fiscalía y Orlando Fajardo, situación que resolvió el Tribunal Superior de Bogotá. Durante ese proceso, el ente investigador aseguró que la interventoría del proyecto Tunjuelo-Canoas no le perdió la pista a los $48.000 millones del anticipo, sino solo a alrededor de $ 5.100 millones. El ente investigador expuso que es fácilmente demostrable que el empresario Orlando Fajardo solo trasladó, a favor de terceros, una suma cercana a los $470 millones. Además, la Fiscalía le explicó que el condenado no actuó solo y, por tanto, no podría sacar de sus arcas el valor total de la reparación.
Incluso, la misma EAAB llamó la atención de la Procuraduría, explicando que no tenía las facultades para pronunciarse en un trámite de preacuerdo. Además, agregó que “de solicitarle a cada procesado del conflicto Tunjuelo-Canoas la restitución de $48.000 millones, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá incurriría en un enriquecimiento sin justa causa”. Asimismo, la entidad de servicios públicos dijo que por reparación ha recuperado alrededor de $3.200 millones y aún sigue recibiendo pagos de condenados por corrupción.
El Tribunal Superior de Bogotá le dio plena validez a los argumentos de la Fiscalía y de Orlando Fajardo, que además contaban con el espaldarazo de la misma víctima: la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. De acuerdo con el despacho judicial, la Procuraduría solo podría oponerse a un preacuerdo, cuando con ese recurso se estuviese transgrediendo las garantías fundamentales de una de las partes. Además, confirmó la pena privativa en casa contra el empresario corrupto, de quien profesionales de la salud han certificado patologías respiratorias de tipo crónico y progresivo. (Le puede interesar: Carlos Solarte, gigante de la construcción, a juicio por caso Odebrecht)
“Cabe precisar, ante una glosa de la apelación, que aunque la Fiscalía no haya podido demostrar el incremento patrimonial propio de Orlando Fajardo Castillo, sí estableció su acontecer en favor de terceros por la suma de $470′629.173, que es el rasero tenido en cuenta para la restitución, por manera que no se observa ninguna incoherencia en los planos fáctico o normativo. Lo explicado muestra el cumplimiento del requisito examinado para realizar el preacuerdo, y por ende la corrección del auto impugnado”, concluyó el Tribunal Superior de Bogotá.
TOMADO DE EL ESPECTADOR
