No solo celda ordinaria para los corruptos, De la Espriella debe presentar su estrategia anticorrupción

El fin de los tratos diferenciales para quienes defraudaron las arcas de la Nación es una decisión justa y hacía tiempo pendiente. Pero, tomada por sí sola, no reduce el delito ni mueve los índices de impunidad: castiga al final de una cadena que el Estado se niega a desarmar al principio. Mientras falte una estrategia preventiva que llegue a cada rincón del Estado —como la propuesta de Zonas Libres de Corrupción (ZLC) que venimos impulsando desde esta serie—, la factura seguirá pagándola el país entero.

Análisis · Serie Corrupción al Día · Bogotá, 15 de septiembre de 2026 ·

El presidente Abelardo de la Espriella hizo ayer lo que pocos gobiernos se han atrevido a hacer en voz alta: ordenar, con carácter perentorio, revisar y trasladar de inmediato a las cárceles ordinarias a los condenados por corrupción que permanecen recluidos en estaciones de policía y guarniciones militares sin cumplir los requisitos de ley para estar allí. El mensaje fue tan directo como su destinatario: se acabaron los tratos diferenciales para quienes defraudaron las arcas de la Nación, y las autoridades penitenciarias quedaron advertidas frente a cualquier tráfico de influencias a favor de esos reclusos. “La ley debe ser igual para todos. El que se robe la plata de los niños, de la salud, de la educación o de las obras que necesita nuestra gente no tendrá consideración especial por haber usado saco y corbata para delinquir”, dijo el mandatario durante su alocución.

La orden vino acompañada de una de las reflexiones más duras que se le han escuchado a un jefe de Estado sobre lo que significa, en la vida real, desviar recursos públicos: arrebatarle el plato de comida a un niño vulnerable, negarle una cirugía a un paciente que lucha por su vida o condenar a poblaciones enteras a vivir sin acueductos ni vías dignas. El discurso alejó la corrupción de la zona cómoda de la abstracción administrativa en la que suele hablarse de ella y la devolvió al terreno donde duele. En eso —y en la insistencia de que el traje y la corbata no pueden seguir operando como salvoconducto penal— el mandatario tiene razón, y conviene decirlo con la misma claridad con la que más abajo se le va a cuestionar lo demás.

Lo demás, sin embargo, pesa. La pregunta que un anuncio de este tamaño deja en el aire no es si los corruptos merecen cárcel ordinaria —la merecen—, sino cuántos corruptos terminarán algún día frente a una celda. Sobre esa pregunta, la más importante de todas, el discurso de ayer no ofreció una sola cifra, una sola meta ni una sola herramienta nueva. Y ahí empieza el problema: el fin de los tratos diferenciales no disminuye la corrupción ni mueve los índices de impunidad por este delito; solo cambia la última parada de un viaje que, en Colombia, casi nadie completa.

El gesto correcto sobre el problema equivocado

Que el problema es real, nadie lo discute. Desde hace años, estaciones de Policía y guarniciones militares funcionan de facto como prisiones para condenados por delitos contra la administración pública, en medio del hacinamiento crónico que padece el sistema penitenciario colombiano. La revista Semana documentó el fenómeno en mayo pasado, cuando el propio Inpec advirtió que estas instalaciones se habían convertido en centros de reclusión irregulares para condenados por corrupción y otros delitos. Trasladar a esos reclusos al lugar que les corresponde y cerrar la puerta a los privilegios informales no es, en ningún sentido, un exceso: es, por fin, aplicar la ley que ya existía.

El gesto tiene, además, un valor simbólico innegable. En un país donde un padrino poderoso o un mail a tiempo podían transformar una condena en estadía cómoda, un presidente diciendo en público que el delito de cuello blanco no compra comodidad penal marca una distancia ética con el pasado. El simbolismo importa porque demuestra de qué lado está la voluntad política, y esa señal es la condición inicial de cualquier estrategia seria.

Pero el simbolismo también engaña cuando se convierte en el plato fuerte de la política anticorrupción. El anuncio actúa exclusivamente sobre los condenados: la punta mínima del embudo judicial. De cada 100 denuncias por corrupción, 94 jamás llegan a condena. Para ese universo —el que roba y sigue en su casa, el que desvía plata y nunca conoce una sala de audiencias— da lo mismo que la cárcel ordinaria sea dura o cómoda: es una hipótesis que no se materializa. Un gobierno que quiera mover los índices no puede dirigir toda su artillería hacia el 6 % que ya cayó y dejar intacto el sistema que produce al otro 94 %.

Los números que el anuncio no toca

Los datos son viejos conocidos y, precisamente por eso, escandalosos. El mapa de impunidad presentado por la Secretaría de Transparencia identificó 57.582 denuncias asociadas a corrupción entre 2010 y 2023. El 93,99 % de esos casos no tiene condena; el 89,7 % ni siquiera registra captura; y el 77,15 % permanece en etapa de indagación preliminar, es decir, en el cajón donde las investigaciones van a dormir. Veinte de los 32 departamentos del país superan el 95 % de impunidad en estos delitos. La condena, en Colombia, es la excepción estadística: la probabilidad de que una denuncia termine en sentencia ronda el 6 %.

La magnitud del problema, en cifras oficiales, se resume en la siguiente tabla.

Estas cifras explican por qué el traslado de reclusos, por justo que sea, no altera el tablero. La teoría de la disuasión es una de las mejor establecidas de la criminología: no es la severidad del castigo lo que inhibe el delito, sino su probabilidad. Un corrupto racional no teme a una cárcel dura si sabe que tiene un 94 % de probabilidades de no verla jamás; teme a un control que lo detecte a tiempo con certeza razonable. Mientras la certeza sea del 6 %, endurecer la celda es retocar el mueble de una casa que se está inundando.

El costo de esa inundación también está medido. La Auditoría General de la República estimó en unos 50 billones de pesos anuales lo que la corrupción le cuesta al país, un monto comparable con los presupuestos completos de varias carteras sociales. Transparencia por Colombia, por su parte, documentó que entre 2016 y 2022 unos 137,65 billones estuvieron comprometidos en hechos de corrupción asociados a contratación, con al menos 21,28 billones efectivamente perdidos. Y la percepción acompaña a la realidad: en el Índice de Percepción de la Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, Colombia obtuvo 37 puntos sobre 100 —puesto 99 entre 182 países—, retrocediendo desde los 39 de 2024, en lo que la propia organización describe como un deterioro persistente.

Figura 1. El embudo de la impunidad: del total de denuncias asociadas a corrupción registradas entre 2010 y 2023, el 93,99 % no tiene condena judicial. Fuente: Secretaría de Transparencia de la Presidencia, mapa de impunidad (julio de 2023).

¿Dónde está la estrategia?

En cinco semanas de gobierno, la política anticorrupción del presidente De la Espriella ha producido dos grandes titulares: el Libro de la Verdad, entregado a la Fiscalía el 18 de agosto en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción con 80 denuncias vinculadas al gobierno anterior, y la orden de traslados carcelarios de ayer. Los dos son reales y los dos importan. Pero comparten el mismo ADN: miran hacia atrás. Uno documenta lo que ya pasó y confía en que la justicia actúe; el otro administra las consecuencias de lo que ya pasó. Ninguno de los dos impide que mañana, en otro municipio, otro contrato, otra nómina o otra licencia se pierda otra plata pública.

No es un capricho metodológico pedir la pieza que falta. La OCDE, en su informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2026, advirtió una brecha promedio cercana al 19 % entre la solidez de las normas anticorrupción y su aplicación real en los países evaluados, y puso la gestión del riesgo y la tecnología en el centro de la agenda pendiente. Colombia es la ilustración perfecta de ese diagnóstico: no le falta legislación —le sobran leyes y le faltan resultados—, le falta cerrar la distancia entre el papel y la práctica.

La pregunta incómoda es si el gobierno tiene un plan propio para cerrarla. La Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, adoptada por decreto en 2024, sigue existiendo en los papeles, pero todavía no se ha escuchado de esta administración una hoja de ruta con metas, responsables y plazos. Nadie ha dicho cuánto de la contratación pública estará bajo monitoreo en tiempo real a final de año. Nadie ha puesto una meta de reducción de impunidad para 2027. Nadie ha explicado qué pasará con el 77 % de denuncias que llevan años en indagación preliminar. Un gobierno que responde a la corrupción con traslados y con un libro de denuncias no está presentando una estrategia: está presentando anuncios. La diferencia entre ambos es, exactamente, la diferencia entre mover titulares y mover índices.

Zonas Libres de Corrupción: llegar antes de que roben

La discusión no debería ser, por tanto, si los corruptos van a la cárcel —deben ir—, sino por qué tantos llegan allá arriba sin haber sido detectado antes. Es en ese terreno donde esta serie viene impulsando una propuesta concreta: las Zonas Libres de Corrupción (ZLC), un esquema de control preventivo y territorial pensado para que no quede un solo rincón del Estado sin vigilancia activa del riesgo.

La idea toma prestada una lógica que el país ya conoce. Así como las zonas francas concentraron la inversión ofreciendo condiciones especiales, las ZLC concentran el control ofreciendo transparencia garantizada: cada entidad pública —ministerio, alcaldía, gobernación, hospital, escuela, caja de compensación— se convierte en una zona declarada donde el riesgo de corrupción se mapea, se publica y se vigila en tiempo real. Los cinco pilares de la propuesta son los siguientes.

La diferencia con lo conocido hasta ahora no es retórica: es operativa. Los controles posteriores —auditorías tardías, procesos disciplinarios, traslados carcelarios— llegan cuando el dinero ya se perdió y la cirugía ya no se hizo. Las ZLC operan antes: su métrica de éxito no es cuántos corruptos condenaron, sino cuántos delitos no llegaron a cometerse y cuántos pesos no llegaron a perderse. Por eso sí puede mover los índices: aumenta la certeza de detección —la única disuasión que funciona—, convierte la transparencia en rutina administrativa y no en escándalo mediático, y le ofrece al ciudadano una vara medible: porcentaje de contratación bajo monitoreo, días que tarda el sistema en alertar una anomalía, hallazgos con daño efectivo.

¿Y el costo? Frente a los 50 billones anuales que la corrupción le cuesta al país, el despliegue de este esquema cuesta una fracción mínima. Las ZLC, además, no sustituyen la cárcel: la vuelven innecesaria la mayoría de las veces. Y cuando alguien la haga inevitable, que la pague en cárceles ordinarias, sin saco ni corbata, tal como lo pidió el presidente.

La cárcel importa, pero se llega tarde

Hay que repetirlo para que no queden dudas: cárcel ordinaria para los corruptos, sí. Igualdad ante la ley, sí. Que el que robó con saco y corbata no tenga consideración especial alguna, sí. El discurso de De la Espriella acierta al poner nombre a las víctimas —los niños sin comida, los pacientes sin cirugía, los municipios sin acueducto— y ese es, exactamente, el estándar con el que toda su política anticorrupción debe medirse de ahora en adelante.

Pero precisamente por eso, honrar a esas víctimas exige mucho más que endurecer el punto final de la cadena. Ningún traslado carcelario les devuelve a los niños el almuerzo robado ni a los pacientes la operación postergada; eso solo lo puede dar un Estado que impide que el dinero desaparezca. El fin de los tratos diferenciales es la última pieza de un rompecabezas que el país todavía no ha empezado a armar: falta el mapa del riesgo, el monitoreo del gasto, la justicia que no archiva denuncias y la ciudadanía protegida cuando alza la voz.

Cuando el próximo informe de gobierno contra la corrupción se mida en delitos prevenidos y pesos protegidos, y no solo en traslados y titulares, podremos decir que Colombia tiene una estrategia. Hasta entonces tendremos, eso sí, un buen discurso, cárceles más llenas y la misma factura.

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