A mediados de junio de este año y luego de un mes y medio de intensas protestas ciudadanas, en las que la actuación de la Policía fue duramente cuestionada por los abusos y el uso desproporcionado de la fuerza sobre los manifestantes, así como las graves acusaciones de desaparición forzada y hasta asesinatos por parte de integrantes de la Institución, el Gobierno anunció un cambio en la organización armada, supuestamente para mejorar la imagen de los uniformados. 

De inmediato sectores de la oposición alertaron sobre el costo económico que este anuncio iba a tener para la Nación y su verdadero objetivo, pues los cambios que está demandando la ciudadanía e incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que visitó a Colombia en medio de las protestas, son estructurales y no la modificación de la vestimenta. 

Pero como si este anuncio no fuera ya bastante criticado, trascendió que pese q los cambios anunciados de los uniformes; la Policía adelantó una contratación para comprar 367.000 gorras por $9.400 millones de pesos. 

La Policía Nacional salió a defenderse e indicó que avanza en un proceso de transformación integral que tiene como propósito mejorar su servicio en beneficio de todos los ciudadanos, y que contempla como ejes centrales el respeto por los Derechos Humanos, el nuevo estatuto de carrera y profesionalización, nuevo estatuto disciplinario y la nueva identidad e imagen policial, «este último para optimizar la proximidad con los colombianos y la visibilidad de los policías en las calles, en concordancia con estándares internacionales«.   

La entidad oficial reveló que “El pasado 19 de julio se puso en marcha el plan piloto de cambio en el diseño y color del uniforme, fase que tiene previsto un periodo de prueba de dos meses con base en el uso que en su labor diaria le están dando 908 integrantes de la institución en Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Santa Marta, San Andrés, Providencia, Barichara (Santander), Mompox (Bolívar) y Villa de Leyva (Boyacá)”, y que por lo tanto, la compra de las gorras era necesaria.

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Y añadió que “no es cierto que la Policía Nacional esté ocultando el costo de los nuevos uniformes azules. Para el plan piloto no se ocasionó costo alguno para la institución o la inversión de recursos públicos, ya que se está efectuando la elaboración con base en los materiales e insumos suministrados a título gratuito, dentro del cronograma de normalización técnica, por parte de cuatro empresas interesadas en futuras licitaciones«. 

Finalmente aseguró la institución que en la actualidad no existe un proceso contractual para el cambio de los uniformes ya que, como se mencionó anteriormente, en este momento se cumple un plan piloto dentro del proceso de normalización técnica contemplado en la Resolución N.° 8912 del 11 de diciembre de 2018 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional. Por lo tanto, no existe un proceso contractual que se refleje en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop).  

Pese a estas explicaciones el congresista del Polo Democrático, Wilson Arias, a través de las redes sociales cuestionó la compra de las “gorras verdes«, que según indicó, con el nuevo uniforme de esa institución “quedan obsoletas”.

“¿Cuál es la planeación del gasto que tanto predica el Gobierno?”, indicó el congresista en su cuenta de twitter.

Agregó: “como agravante, en el país hay 172.000 policías, ¿entonces por qué compraron 367.000 gorras? La Policía no responde a cuánto cuesta el cambio de nuevo uniforme y ahora sabemos de estos $9.400 millones en gorras obsoletas y con cifras desproporcionadas”.

Arias afirma que se trata de un gasto que se convierte en un derroche de dinero justo antes de que se ordenará el cambio de uniforme de verde oliva a azul. 

Otro escándalo de corrupción que tiene que ver con gastos en la Policía, involucra a la Alcaldía de Bogotá en la que se realizaron compras de alimentación para integrantes del Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD y efectivos de la Brigada XIII del Ejército con evidente sobre costos. 

La denuncia del concejalde Bogotá, Rubén Torrado, habla de compras en alimentación por un total de $7.504 millones de pesos para ser usados durante 13 meses, lo que implicaría según el cabildante un detrimento patrimonial de $800 millones de pesos, en medio de una de las crisis económicas más profundas del país y de la ciudad. 

En la denuncia el concejal asegura que uno de los rubros que más llama la atención es el del pollo asado que está conformado por cuatro presas y tiene un valor de $24.526. En este sentido la denuncia también especifica que para este tipo de alimentación se habrían pagado $7.000 de más, es decir, un sobrecosto en 121.907 combos que alcanzaría la cifra de $871 millones de pesos. 

Adicionalmente la semana pasada se había denunciado que la misma alcaldía de Bogotá estaba gestionando por lo menos 130 viajes dobles para San Andrés o Cartagena para premiar a integrantes de la Fuerza Pública, hecho que también generó fuertes críticas, pues para mucho, no es posible premiar a una policía acusada de asesinatos en el Paro Nacional. 

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