Hace 10 días Cecilia, una anciana de 92 años con alzahimer, su hermano y tres hermanas de 76, 78, 85 y 88 años, con quienes vive en Barranquilla, resultaron positivos para Covid-19.
La mayor fue hospitalizada en cuidados intermedios y logró superar el virus, gracias a la intermediación de un familiar médico y una sobrina enfermera, quienes se pusieron al frente de la situación y echaron mano de sus relaciones tanto profesionales como de amistad para internar a su tía.
Cecilia por su parte, dado su estado delicado de salud, pero con una gravedad menor a causa del Covid fue hospitalizada.
Su EPS ordenó la remisión, pero un familiar tenía que quedarse con ella. Lo hizo otro sobrino, quien pasó una noche en una silla en un pabellón donde solo atienden pacientes con Covid, al lado de otros enfermos, cuyos familiares están en las mismas condiciones.
Al hacer el reclamo de porqué exponían de esa manera a la gente obligando a familiares a quedarse con sus enfermos, en la IPS de la EPS Sura de Barranquilla, les respondieron que cada quien tenía que comprar sus vestidos antifluidos, guantes, tapabocas y demás elementos para protegerse y quedarse a atender a sus familiares, pues ellas solo estaban para apoyar al familiar, pero no para atenderlos.
En otras palabras, de alguna u otra manera, las mismas entidades de salud, no ayudan a evitar la propagación del virus, pues dejan a merced de cada quien la suerte de su salud.
Volviendo a la hermana de Cecilia, la que también estuvo hospitalizada, fue atendida de la mejor manera gracias al monitoreo permanente que se le hizo por parte de sus familiares profesionales de la salud, quienes cada dos días solicitaban hacer exámenes de la Pafi, para medir la oxigenación intracelular, vital para comprobar el estado real de la cantidad de oxígeno no solo en pulmón, sino en sangre y evitar el colapso del paciente, pues cuanto menor es la Pafi hay un peor intrecambio gaseoso.
Este procedimiento es fundamental para un adecuado tratamiento a pacientes con coronavirus y lo que muchos han denunciado es que en las instituciones prestadoras de salud no se viene realizando, sino cuando ya los pacientes presentan un cuadro grave de la enfermedad, o como pasó con la hermana de Cecilia, cuando se utiliza la presión o las influencias para hacerlo.
¿Cuántas personas en Colombia tienen esta posibilidad, de contar con un amigo cercano o familiar profesional de la salud que interfiera ante una IPS para recibir la atención adecuada?
Pocos, seguramente.
Otro tipo de denuncias que se han escuchado es la falta de información que entregan las instituciones sobre el estado de salud de sus familiares, que permanecen en zozobra esperando conocer el estado de sus seres queridos.
Pero tal vez una de las más graves falencias tienen que ver con la atención que reciben los pacientes en la primera etapa de la enfermedad cuando empiezan los síntomas.
Las entidades de salud a las que acuden los enfermos, siguen iniciando tratamiento con medicamentos para un resfriado común (acetaminofén, ibuprofeno, fluimicil, vitamina C y sueros de hidratación oral), y no implementan o estandarizan protocolos con las medicinas que recetan médicos particulares a los que les toca acudir. Los profesionales de la salud, que están obligados a seguir lo que indican las EPS, alegan en muchas ocasiones o bien la falta de una prueba positiva, la cual entregan en 5, 6 y hasta 10 días después de hacerla, o la falta de estandarización de los protocolos por parte de las EPS.
Las consecuencias de esta tramitología y lentitud nefasta saltan a la vista: el agravamiento del estado de salud de personas que están siendo atendidas en casa y que luego no encuentran una cama de Unidad de Cuidados Intensivos.
Otra negligencia denunciada contra las EPS, no involucra a todas, tiene que ver con el seguimiento que se hace los pacientes en casa, restringida muchas veces a una contestadora que solo hace preguntas, pero no resuelve las inquietudes de atención y medicación.
Carlota, tras resultar positiva para Covid-19 y frente a un primer síntoma de fiebre de su madre, de 93 años, se contactó con la Nueva EPS para que le realizaran la prueba a su progenitora, a lo cual le informaron que en 4 días se la realizarían. Sin embargo, solo 8 días después fue que la contactaron para acordar la hora en la harían el examen, cuando ya su madre había fallecido. Es decir, ni siquiera la edad de la paciente hizo que el procedimiento fuera más rápido.
Estos casos demuestran que los pacientes de Covid-19 en casi todo el país, están siendo atendidos prácticamente con la misma negligencia, demora y talanqueras con las que prestan sus servicios las IPS a los afiliados de las EPS.
Con la pandemia del Covid-19 se han repetido los mismos vicios y las mismas perversas y corruptas prácticas del sistema de salud y el círculo vicioso no se ha roto, todo lo contrario, se agudizó.
Las IPS siguen alegando la falta de pago por parte de las EPS, que frente a su posición dominante en el sistema de salud, siguen restringiendo medicamentos, tratamientos o pruebas diagnósticas al igual que lo hacen con el resto de enfermedades o patologías.
La cifra de muertos de los últimos meses ubica a Colombia entre los diez países con más fallecidos por Covid y sigue entre los países con más contagios.
El errado manejo que se ha dado a la pandemia también se trasladó al Plan de Vacunación, el cual también se dejó en manos de las EPS.
Tras superar toda serie de inconvenientes para adquirir vacunas, el proceso arrancó el 17 de febrero y han transcurrido dos meses y 17 días y a la fecha se han inmunizado 5 millones de personas, es decir un promedio de 65.789 personas por día, lo que equivale a un 10% de la población de Colombia.
A este ritmo entonces para alcanzar una inmunidad de rebaño, (70% de la población), el país se tomaría un año y tres meses más.
Y lo peor es que a pesar de ritmo de tortuga, el Gobierno se da el lujo de demorar la distribución de las vacunas cuando llegan al país, también por cuenta de la tramitología que corresponde para su nacionalización y distribución por regiones, y que mantiene dosis almacenadas.
