Certificados falsos de experiencia profesional, empresas que se prestan para expedirlos, clientelismo, politiquería y nepotismo en su máxima expresión, es lo que hoy se está configurando en la Personería del municipio de Floridablanca (Santander), sin que a la fecha algún organismo de vigilancia sobre los recursos públicos haya hecho algo para evitarlo.
Así lo denunció el periodista investigativo Oscar Jahir en su página web donde describió la forma en que concejales de esa población han vuelto a la Personería literalmente una bolsa de empleo para beneficiar a familiares y amigos (Ver https://oscarjahir.com/la-personeria-de-bucaramanga-una-empresa-familiar/).
Jahir señaló que luego de ser escogida como Personera por el Concejo municipal, la abogada Katherine Martínez Fontecha, suscribió en tres días 39 contratos por más de $1.280 millones de pesos en una vivienda ubicada en la Calle 57 Nº 45-42 del Barrio Terrazas donde a los contratistas no se les permitió entrar con celulares y los obligaron a firmar los documentos sin siquiera leerlos.
Resulta que esa casa figura como domicilio de la Agrupación Médica Avanzada S.A.S., cuyo gerente es Hermes Pacheco, y quien resultó favorecido con uno de los contratos de la personera. Dicha entidad de salud, es una de las accionistas de la sociedad Burbano Restrepo S.A.S.
Uno de quienes allí se presentaron a firmar contrato manifestó que pudo observar unas carpetas rotuladas con el nombre “Burbano y Restrepo S.A.S.”, la cual resulta ser de propiedad de Luis Fernando Burbano Ruales, hermano de Mauricio Eduardo Burbano Ruales, ex jefe de la oficina financiera de la personería de Bucaramanga y hoy tesorero de la Clínica Guane de Floridablanca.
Y “Burbano y Restrepo S.A.S.” es a su vez accionista de la sociedad Alianza Diagnóstica S.A., la cual tiene como socio a Eduardo León Wilches Rozo, uno de los propietarios de la EPS Salud Total.
Otro de los contratos fue suscrito con José Gregorio Contreras Plata, quien presentó como soporte para su contratación una certificación firmada por el propietario de “Burbano y Restrepo S.A.S.” Luis Fernando Burbano y quien fue contratado para prestar apoyo jurídico en la proyección y revisión de actos administrativos dentro de los procesos contractuales, aun cuando no ostenta ninguna titulación como profesional del derecho.
Es decir, ni manera de negar lo que siempre han denunciado las agremiaciones médicas y académicas en el país, que los dineros de la salud son de los que más se dedican a la corrupción.
En cuanto al resto de contratos, relata el periodista que uno de los más cuestionados es el de la comunicadora social Laura Juliana Contreras Ramírez, por valor de $55 millones de pesos (👉🏽 Ver pueba), quien presentó una certificación expedida por su ex esposo Farid Jones Zarate, quien en su calidad de director ejecutivo de Fendipetróleo le certificó el 3 de mayo de 2017 una experiencia de cinco años como comunicadora social adscrita a la empresa desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2016 (👉🏽 Ver pueba), lo cual es una completa falsedad si se tiene en cuenta que Laura Juliana solo obtuvo su grado profesional el 9 de septiembre del 2016 (👉🏽 Ver pueba).
Frente a la denuncia directivos de Fendipetroleo a nivel nacional, fueron requeridos por la misma Personería para que confirmaran la veracidad de dicha certificación al señalar que no es la primera vez que suceden estas cosas (👉🏽 Ver pueba).
Luego el periodista advierte que Alba Ruth Molina Saavedra, hermana del concejal Salvador Molina Saavedra, estuvo inscrita como persona natural ante la Cámara de Comercio desde el 18 de agosto de 2005 hasta el 8 de agosto de 2016 con un establecimiento comercial denominado SANA-MÉDICAS (👉🏽 Ver pueba), tiempo durante el cual presentó 11 declaraciones anuales de renovación mercantil bajo la gravedad de juramento en las cuales no se observa la contratación de personal que permita encontrar obligaciones laborales a su cargo (👉🏼 Ver declaraciones de los años 2006 al 2016).
No obstante, expidió una certificación a su hijo Luis Andrés Gómez Molina (👉🏽 Ver pueba) en la cual manifiesta que lo tuvo como empleado desde el 5 de septiembre del 2010 hasta el 30 de julio de 2012, y que presentó para acceder a un cargo en la Personería Municipal.
“Tiempo después Alba Ruth y su esposo Luis Fernando Gómez Posada, convirtieron el establecimiento SANA-MEDICAS en una S.A.S. que terminó expidiendo una certificación a su otro hijo Jorge Luis Gómez Molina (👉🏼 ver prueba), también contratista de la Personería en la cual su propia cuñada Julieth Marcela Blanco Bayona, ex contratista del concejo municipal de Floridablanca, da cuenta de haberlo tenido empleado como comunicador social desde el 3 de julio de 2018 hasta el 7 de julio de 2020 (👉🏼 ver prueba), tiempo durante el cual ni siquiera se había graduado, pues Jorge Luis recibió su diploma el 18 de diciembre de 2018 (👉🏼 ver prueba), 5 meses después de su supuesta vinculación como profesional a la empresa, la cual también declaró bajo la gravedad de juramento no haber tenido empleados registrados durante los años 2017 (👉🏼 ver prueba), 2018 (👉🏼 ver prueba), 2019 (👉🏼 ver prueba), 2020 (👉🏼 ver prueba) y 2021 (👉🏼 ver prueba) ”, advierte Jahir en su información.
Vale decir que si reconocen que los sobrinos del concejal Molina si trabajaron para la empresa, incurrieron en una falsedad ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga sancionable penalmente, y si se mantienen en la declaración juramentada de no haber tenido empleados durante los últimos 16 años, se configura una falsedad en documento privado el cual fue utilizado para hacer incurrir en errores a un servidor público.
Esta misma empresa también le certificó experiencia laboral a Juan Daniel Molina Balaguera (👉🏼 ver prueba), hijo del concejal Molina, para contratar con el municipio de Piedecuesta, la EMPAS, la ESANT, la CDMB y la misma Personería de Bucaramanga, así como certificó a su otro hijo Jonathan Molina Balaguera (👉🏼 ver prueba), también contratista de la personería como auxiliar del área de gestión documental en diciembre de 2018, relata el periodista.
Sin descontar que la Personería también contrató a la esposa del Concejal Luz Dary Rodríguez Rodríguez por un valor superior a los 38 millones de pesos.
Pero Molina no es el único favorecido.
También fueron contratados por la Personería de Bucaramanga Juan Sevastian Tarazona Pilonieta (👉🏼 ver prueba) y Fredy Kovalsky Tarazona Pilonieta (👉🏼 ver prueba), hijos del concejal de Floridablanca Alfredo Tarazona Matamoros, así como también su allegada Patricia Hernández Tarazona (👉🏼 ver prueba), la novia de su hijo Luisa Fernanda Picón Rangel (👉🏼 ver prueba) (ex contratista del Concejo y de la Alcaldía de Floridablanca), la novia de su otro hijo, Daniela Alejandra Alvarado Barrera (👉🏼 ver prueba) (también ex contratista del concejo de Floridablanca y la empresa “Freseb Producciones” de propiedad del mismo hijo del concejal); así como su esposa Sandra Pilonieta Bueno (👉🏼 ver prueba), y su mano derecha de campaña, Lina Mayerly Lopez Sandoval (👉🏼 ver prueba), también ex contratista del concejo de Floridablanca.
Por su parte el concejal de Floridablanca Jose Manuel Junior Sequeda Ortíz tiene a su sobrina Danna Juliana Gómez Sequeda trabajando como abogada de la Personería.
El concejal Néstor Alexander Bohorquez Meza le consiguió un contrato a su hijastro Néstor Julián Ortega Barrera, quien según el SIGEP trabajó en el 2017 como auxiliar de la Corporación para el Desarrollo Regional Corbocas, cuando esta misma Corporación, al igual de la empresa de la hermana del concejal Salvador Molina, no registra ningún empleado a su cargo ese año.
“A todas las anteriores se suma Mayarith Nieves Tavera, la esposa del Contralor Provincial, Sergio Antonio Rueda Sanabria, quien trabajó para una entidad sin ánimo de lucro relacionada con la ex candidata a la alcaldía de Bucaramanga, Claudia Lucero López, denominada Fundación Claridad de Colombia, donde se formaron varias personas de confianza del Senador Miguel Ángel Pinto como lo son Erica Jasmín Rojas Ramírez y Yuli Zoraida Acuña Tavera”, reveló en su informe el periodista.
En resumen, la Personería de Floridablanca, entidad que hace parte del Ministerio Público, el que tiene la función de disciplinar el accionar de funcionarios del Estado y velar por la defensa de los derechos de los habitantes de esa población santandereana, ha pasado a ser la bolsa de empleo más cotizada entre los concejales de dicha localidad.
Para comentar debe estar registrado.