La Superintendencia de Salud podría determinar el retiro de Mutual Ser de Mi Red, el operador del sistema asistencial del Distrito de Barranquilla, donde esta EPS participa con un 5% de la composición empresarial.
El futuro de Mutual Ser como socio del operador Mi Red se ha enrarecido luego de una visita inspectiva realizada por la Superintendencia de Salud a mediados del mes de septiembre del presente año, durante la que se comprobó que la EPS ha estado realizando inversiones a IPS con recursos del Sistema de Seguridad en Salud.
Durante la visita la Supersalud inspeccionó no sólo los aspectos financieros y administrativos de la EPS, sino que también se extendió a varios de los aliados estratégicos de la entidad, haciéndole seguimiento a cuantiosas inversiones que la EPS ha realizado en varias fundaciones y clínicas de carácter privado. Según fuentes de la Supersalud, en los estados financieros de la EPS se registran inversiones por valor cercano a los 30 mil millones de pesos.
Las inversiones que cuestiona la Supersalud a Mutual Ser, se han hecho en Mi Red IPS en Barranquilla, entidad que administra los centros de salud y hospitales públicos de Barranquilla, en la cual Mutual Ser participa con un 5 % en la sociedad, Clínica Crecer en Cartagena, controlada en su totalidad por esta EPS; Pharma Ser un operador farmacéutico con la cual la superintendencia identificó una intermediación con Audifarma; Fundación Camino una IPS de primer nivel cuya propiedad está en manos de funcionarios de la EPS; así como una clínica que se construye en Montería, en la cual Mutual Ser ha invertido cerca de $8 mil millones de pesos.
Según la Supersalud estas inversiones que suman alrededor de $30 mil millones de pesos deberán ser revertidos por la EPS y ser restituidos al sistema de salud, acorde a lo que se deriva de esta acción administrativa, teniendo en cuenta que se habrían hecho con recursos que destina el Gobierno al pago de la Unidad por Capitación UPS, a cada EPS por el aseguramiento de cada afiliado.
Durante esta visita inspectiva realizada por de cerca de dos semanas, la Supersalud identificó que los recursos pagados por Mutual Ser a Audifarma superan los $47 mil millones de pesos, del Sistema de Seguridad cuya destinación exclusiva es la prestación de los servicios del plan de beneficios en salud, los que gozan de protección constitucional.
Las acciones del Superslaud se dan en un momento crucial para la EPS, pues la misma está pendiente de que se le apruebe un plan de reorganización institucional, ordenado por el decreto 2702 de 2014, que había otorgado a Mutual Ser un plazo de 7 años, de los cuales han transcurrido 5, sin que aún le haya sido aprobado, por lo que sus directivos muestran gran preocupación por las acciones de control que puedan derivarse de los hallazgos producto de la visita inspectora, liderada por José Oswaldo Bonita Superintendente Delegado para la Supervisor Institucional, lo que se suma a los detalles indagados en cada una de las entidades visitadas, todas ellas pertenecientes a la red de prestadores de servicios de salud, que en su mayoría obtienen sus ingresos de los contratos con Mutual Ser.
En el caso de MiRed IPS, esta sociedad de se constituyó en el 2017 para un periodo de 30 años, con una inversión inicial proyectada en $54.672 millones de pesos, tras la salida de la IPS Universitaria de Antioquia.
En la conformación de la sociedad participaron la Fundación Cardiológica Colombiana, Neogrande S.A.S., Lujo Salud S.A.S., Life Suministros Médicos S.A.S., Representaciones Médicas PC y CIA S.A.S., Cardiotorax S.A.S., Clínica Centro S.A., Pérez Radiólogos S.A.S., Centro Dermatológico Giovanni Bojanini S.A.S. y Asociación Mutual Ser EPS-S.
Integración vertical
Vale decir no obstante que Mutual Ser, no es la excepción a la regla de implementación de integración vertical que practican la mayoría de las EPS en el país.
Esta semana se dieron a conocer las millonarias inversiones que la EPS Saludvida habría hecho a IPS socias y hasta desvíos de recursos de la salud a paraísos fiscales conforme lo denunció el agente liquidador de la entidad, Darío Laguado.
En Colombia, la integración vertical del sistema de salud se concibe como la determinación de hacer, comprar o producir los insumos necesarios para la prestación del servicio o, adquirirlos en el mercado y distribuir los productos directamente o mediante firmas especializadas.
Es decir que la integración vertical permite a las aseguradoras (EPS), proporcionar servicios de salud directamente a través de sus propios centros de atención (IPS), o socias. Y mientras los prestadores de servicio de salud argumentan que este modelo traiciona la libre competencia entre IPS, pues va en detrimento de la calidad y sostenibilidad, en particular porque afectan principalmente el flujo de recursos hacia hospitales públicos; los beneficiarios, es decir los aseguradores argumentan que esta integración les permite ser más eficientes en el uso de los recursos y que ellos garantizan la calidad de la atención a los usuarios, cosa que de acuerdo a los hechos, no resulta tan cierto.
La situación se da muy a pesar de que la legislación colombiana en lo referente a integración vertical entre aseguradores y prestadores en el artículo 15 de la ley 1122 del 2007 enuncia: “Regulación de la integración vertical patrimonial y de la posición dominante. Las Empresas Promotoras de Salud (EPS) no podrán contratar, directamente o a través de terceros, con sus propias IPS más del 30% del valor del gasto en salud. Las EPS podrán distribuir este gasto en las proporciones que consideren pertinentes dentro de los distintos niveles de complejidad de los servicios contemplados en el Plan Obligatorio de Salud.”
