La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Francisco Javier Farfán Molina, ordenó la apertura de una investigación penal contra los senadores Miguel Amín Escaf y John Besaile Fayad y contra el ex representante a la cámara del Magdalena Eduardo Diazgranados Abadía y el ex senador Musa Besaile Fayad, dentro del proceso con radicación No. 11001020400020180184200.

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Con la decisión adoptada por el magistrado Farfán Molina se busca establecer si en la administración del actual alcalde de El Banco (Magdalena), Víctor Rangel López, fueron adjudicados millonarios contratos, durante las vigencias 2017 y 2018, subvencionados con los llamados “recursos de la mermelada” que transfirieron a ese municipio varias entidades públicas del gobierno nacional y cuya viabilización, trámite y desembolso habrían sido logrados gracias a la directa influencia de los congresistas Miguel Amín Escaf,  Eduardo Diazgranados Abadía y Musa Besaile Fayad.

Al parecer a los congresistas y excongresistas implicados el entonces presidente de la Repúlica Juan Manuel Santos habría ordenado complacer con la aprobación de las respectivas y millonarias apropiaciones presupuestales y con el giro de tales recursos al Municipio de El Banco, con el propósito de financiar la contratación y supuesta ejecución de proyectos aparentemente   prioritarios  y  de  presunto  impacto social en esa municipalidad a cambio de recibir contraprestaciones económicas y electorales con la contratación y ejecución de las obras y el apoyo político del alcalde en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de 2018.

Las primeras evidencias indicarían que, una vez giradas las partidas nacionales al municipio de El Banco, el mandatario Víctor Rangel direccionó la adjudicación y contratación de los proyectos gestionados por los parlamentarios Amín Escaf, Besaile Fayad y Diazgranados Abadía, favoreciendo  con amañadas “licitaciones de sastrería” a tres reconocidos contratistas, quienes habrían entregado, en efectivo, a Rangel López coimas” por un valor de entre el 15 y el 25 por ciento del monto de los millonarios contratos; el mandatario, a la vez, entregaría a los congresistas una suma equivalente al 10 por ciento del valor de los contratos suscritos con los recursos nacionales gestionados por ellos.

Otro aspecto que se investiga, por parte de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, pretendería conocer cómo, paralelamente al pago de las coimas generadas con las amañadas  contrataciones, el auspicio y gestión de los investigados congresistas Miguel Amín, Eduardo Diazgranados y Musa Besaile, para obtener la transferencia de los recursos de la “mermelada dispensada” por la administración Santos, habría alimentado y promovido la corrupción e hipoteca del control político en El Banco y logrado el favorecimiento de los intereses electorales de los congresistas “gestores” de tales recursos en el proceso electoral del 11 de marzo de 2018, cuando fueron escogidos Senadores y Representantes a la Cámara para el período 2018-2022, como contraprestación adicional a la económica, todo ello bajo la orientación y mando del burgomaestre Rangel López con quien los congresistas habrían hecho los acuerdos políticos y económicos.

En la Sala Especial de Instrucción se presta especial atención al hecho de que el senador Miguel Amín Escaf, del departamento del Atlántico, haya obtenido en el municipio de El Banco 2.376 votos, en las elecciones parlamentarias de marzo de 2018, y que John Besaile Fayad, senador del departamento de Córdoba y hermano del detenido ex congresista Musa Besaile, haya logrado en esa misma municipalidad 2.149 votos, al considerar que esos guarismos son ostensiblemente superiores a los alcanzados por los senadores oriundos del departamento del Magdalena, Antonio Luis Zabaraín con 5 votos y Honorio Henríquez Pinedo con 46 votos.

La Corte Suprema investiga cómo, con la artimañas utilizadas por el alcalde Víctor Rangel López para adjudicar, a predeterminados proponentes, la contratación de las obras financiadas con los recursos transferidos por el gobierno Santos, el funcionario habría incurrido, junto con los ”congresistas gestores, funcionarios nacionales y municipales y contratistas, en la comisión de INTERES INDEBIDO EN LA CELEBRACION DE CONTRATOS, CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES, COHECHO, CONCUSION, PECULADO POR APROPIACION, LAVADO DE ACTIVOS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO y otros delitos que serían evidenciados en la investigación que adelanta la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema.

Para el desarrollo de esta investigación, magistrados auxiliares de la Sala Especial de Instrucción recibirán, en diligencia de entrevista, una declaración al denunciante en este proceso, quien haría entrega de evidencia física y elementos materiales probatorios para sustentar la denuncia instaurada inicialmente contra Víctor Rangel López, alcalde de El Banco (Magdalena), y funcionarios de su gabinete.

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