En las mallas de contratación estatal gigantescas develadas por el sistema Oceano de la Contraloría General de la Nación aparecieron empresas y propietarios relativamente desconocidos manejando sumas en totalidades entre $500.000 y un billón de pesos.

Anuncios

Estos tipos de contratistas, entroncados con políticos regionales, en este caso del departamento de Santander, participan con contratos que suman más de $700.000 millones, en todo de tipo de obras de infraestructura, muchas veces contratados de forma directa o por “invitación”.

Pedro Beltrán Dulcey

Este es el caso de la empresa Construmarca con Nit. 830.509.427-9 representada legalmente por su propietario Pedro Beltrán Dulcey con CC. 91.158.371 expedida en Floridablanca y con domicilio en calle 31ª #26-15 oficina 801 Centro Empresarial La Florida, Floridablanca, Santander.

El político Germán Vargas Lleras en una columna suya en el diario El Tiempo el 2 de junio de 2019 alertaba, a propósito de las cifras y contratos que mostraba el software Oceano que “la Contraloría General analizó más de 12 millones de registros de diferentes fuentes en todos los contratos del Estado, que suman más de $670 billones. Ya se han identificado centenares de mallas de contratación que concentran $150 billones de pesos, y también contratación con responsables fiscales sancionados o destituidos por la Procuraduría, y hasta personas fallecidas contratando con posterioridad a su muerte. Igualmente, contratistas con experiencia en suministro de medicamentos que terminan construyendo polideportivos.”

En ese escrito menciona a varias empresas, entre ellas a Construmarca como una red de contratación con más de $700.000 millones de contratación.

Una muestra de contratos de Construmarcas

Es tarea imposible, por ramificaciones, consorcios, parientes, los alcances de Construmarca y su propietario en contratación estatal, así que se expondrán algunos de su amplio portafolio de participaciones.

Por lo general ubicados en el departamento de Santander y municipios como Rionegro, esta vez en calidad de interventora técnica de las obras para las reposiciones del sistema de acueducto corregimiento Llano de Palmas, alcantarillado sanitario de la carrera 4 corregimiento de San José de los Chorros y su respectiva reposición de pavimento casco urbano calle 10 entre carreras 10 a 14. La cuantía fue por $131.701.760 en julio del 2014 donde Construmarca en la licitación saca 87 puntos resultando elegida.

Esta modalidad de empresa constructora sirviendo de interventoría técnica se presta para un carrusel de corrupción pues audita a un colega al que probablemente le toque, en otro contrato, invertir los roles, así que todos los hallazgos que presente la obra contratada quedan en una especie de silencio tácito de no pisarse mangueras.

Otro contrato, esta vez con el Área Metropolitana de Bucaramanga con la denominación AMB-LP-SPI-003-2019, ganado por licitación pública para el acondicionamiento de la sede administrativa del AMB ubicada en el centro de convenciones Neomundo con una cuantía de $702.108.978.55 en un contrato que se inició el 23 de septiembre de 2019 con un plazo de dos meses para su ejecución.

Con este centro de Convenciones Neomundo la empresa Construmarca y su representante legal Pedro Beltrán tiene una larga relación. En diciembre 10 de 2015 la noticia en Bucaramanga era que la alcaldía le había colocado una interventoría de bolsillo a los Valderrama, constructores del centro Neomundo, una megaobra de $180.000 millones

Resulta que por razones que no se explicaron, el consorcio que estaba en la función de interventor renunció. Los trabajos han debido paralizarse por disposición legal mientras se abría un concurso para el nuevo interventor, pero la Alcaldía de Bucaramanga decidió abrirla de forma rápida, tipo “express”, pues fue estructurada en cinco días, bajando la alcaldía la cuantía de la obra a $98 millones para fingir que era de mínima cuantía.

De este proceso surgió una sola propuesta con el nuevo interventor, la Unión Temporal Neomundo Fase I. Los socios de esta empresa son Edilberto Rodríguez y Proyectos de Ingeniería Civil e Industrial de Colombia SAS, con sigla Procinco Ingenieros SAS.

La nueva sociedad tiene una serie de coincidencias con la primera licitación en el rol de interventor. Según La Silla Vacía tenían un socio en común “Edelberto Adilio Rodríguez. El segundo socio es diferente, se trata de Milena García Quintero. Pero ella es esposa de Pedro Beltrán Dulcey, que es el representante legal de Construmarca, la empresa que aparecía en la unión temporal que se presentó hace un año y quien para el nuevo contrato será el residente de obra”.

Lo curioso del caso son estos dos contratistas a través de sus empresas ya se habían presentado para el concurso público de méritos de interventor de la obra Neomundo pero lo perdieron pese a que había sido un diseño tipo contrato “sastre” para que fueran ganadores, pero otro consorcio cumplió con los requerimientos planteados llegando a un empate que terminó siendo dirimido, a la suerte, por una balota.

Este consorcio inicial fue el que renunció a la interventoría del centro de convenciones Neomundo. Pedro Beltrán asumió como ingeniero residente de la nueva interventoría, mientras que una de las empresas socias, Procinco Ingenieros SAS pertenece a su esposa y se encuentra en el mismo domicilio de Construmarca.

Las razones por las cuales el consorcio inicial que estuvo de interventor renunció, aparecieron posteriormente en un acoso permanente por parte de los pagadores quienes se atrasaban causando traumatismos económicos hasta una carencia absoluta de diálogo en aspectos fundamentales como una posible prórroga del contrato mientras alertaban de que no había sido entregado ningún frente de la obra que mostraba retrasos.

La intención obvia era que otra vez quedará la interventoría en manos amigas que por supuesto “taparan” cualquier indicio de irregularidad del proyecto. Mientras tanto, el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, estaba adelantando una licitación por $38.951 millones para poner en marcha la segunda fase del Centro de Convenciones. Un proceso casi idéntico al que pasó en Barranquilla con el centro de Convenciones Puerta de Oro con retrasos, calidad cuestionable y sobrecostos.

Más contratos. La empresa Sanatorio de Contratación E.S.E plantea un objeto a contratar: “Actualización y viabilización del proyecto de adecuación y optimización de rampas y baños de la planta física del edificio Carrasquilla de propiedad del Sanatario de Contratación E.S.E.”. Fue hecho a través de la modalidad contratación directa invitando a dos empresas, entre ellas Construmarca que presentó una propuesta de aproximadamente siete millones. El hecho es relevante pues muestra que este tipo de empresas “suma” grandes cantidades de facturación acumulando todo tipo de contratos de diversa cuantía legal. No hay ninguno desdeñable.

Sigamos con las invitaciones a contratar. Esta vez con Fiduagraria para  contratar por el sistema de precio global fijo sin fórmula de reajuste y de conformidad con las especificaciones establecidas en los términos de referencia, la interventoría técnica, financiera, administrativa y jurídica al contrato deconstrucción de las soluciones de vivienda de interés social rural con cargo a los subsidios de la vigencia 2018, Correspondiente Al Programa Estratégico De La Unidad Administrativa Especial De Gestión De Restitución De Tierras Despojadas (URT).

La carta de intención con la conformación del consorcio Vicom la firma Pedro Beltrán con participación accionaria de Luis Fernando Villaba con un 20%, Construmarca S.A.S. con 40% y María Paola Sánchez con 40%. Este tipo de consorcios y empresas trabajan en grandes ciudades, veredas, pequeñas poblaciones acaparando, como se señaló, contratación que le permite llegar a la astronómica suma de $700.000 millones en total.

En febrero de 2021 apareció el caso de corrupción de los congresistas Richard Aguilar, del clan Aguilar de Bucaramanga, ex gobernador de Santander y Edwin Ballesteros del Centro Democrático.

El hermano de Richard, Mauricio, es el actual gobernador de ese departamento. Los dos congresistas están en proceso de investigación por la Corte Suprema de Justicia que ha recibió las confesiones los esposos Claudia Toledo y Lenin Pardo, quienes habían trabajado con Aguilar en su paso por la gobernación: Toledo como Secretaria de Infraestructura y Pardo como contratista o facilitador de estos en la administración.

En el 2019, confesaron a la Fiscalía una enorme malla de corrupción entre el 2012 y 2015 cuando se adjudicaron más de $500.000 millones en contratos. La pareja de esposos trataron de ser sobornados para que no dieran su testimonio –válido además– para lograr rebajas en la pena, por parte de los congresistas Aguilar y Ballesteros. Lo usual y corriente en estos casos en Colombia.

Julian Jaramillo, socio y fundador de Construmarca.

El enlace clave en estos procesos es el empresario Julián Jaramillo a quien la Corte Suprema de Justicia ordenó allanar su casa por el caso del gobernador Aguilar. Empezó su carrera de contratista con una empresa llamada Impregráficas durante la gestión del gobernador (2004-2007) Hugo Aguilar –padre de Richard y Mauricio- condenado por parapolítica.

En ese momento hacía lo usual en una empresa de este talante suministrando impresiones, papelería y logística de eventos. Allí fue cuando decidió incursionar en los jugosos contratos de obras públicas conformando en el 2009 junto a su amigo Pedro Beltrán compró Construmarca convirtiéndose en su representante legal, pasando de ser una pequeña empresa con movimiento que no superaba los $500 millones anuales a un crecimiento asombroso un año después, en el 2010, de $3.000 millones.

Ya posesionado en el rol de gran contratista y con respaldo político del clan Aguilar, Julián Jaramillo tuvo relaciones con los hermanos Valderrama –los constructores del centro de convenciones Neomundo en Bucaramanga- realizando consorcios e interventorías en diversas ciudades, entre ellas Bogotá. Allí aparece entonces la creación el 29 de septiembre de 2011, en sociedad con Pedro Beltrán, la empresa Proyectos de Ingeniería Civil e Industrial de Colombia SAS, Procinco

Esta empresa terminó junto a Construmarca, Impregraficas y Corsoder en un carrusel de contratación que terminó llevando a la cárcel a Libardo Jaramillo, padre de Julián. En la gobernación de Richard Aguilar entró de “asesor”, vendiendo su participación en Construmarca y Procinco, que desde entonces, 2011, tiene en cabeza la representación de Milena García. Después Jaramillo pasa a la Secretaría de Infraestructura del departamento.

Clan Aguilar: ex gobernadores, senador de Santander. Apoyo al crecimiento de Construmarca.

Todos estos movimientos desde el año 2004, cuando está al frente de la gobernación de Santander Hugo Aguilar, después su hijo y los hilos posteriores que mueve el senador Richard Aguilar, explican la cuantiosa cantidad de facturación de Construmarca que pasó de manejar $500 millones anuales a $700.000 millones en contrato.

Lo curioso del hecho es haya sido denunciada por Germán Vargas Lleras, director del partido Cambio Radical y ex candidato a la presidencia en twitter y en columnas de opinión refiriéndose a las andanzas económicas contractuales de Construmarca, habida cuenta las relaciones que ha sostenido esta empresa con el cuestionado senador Richard Aguilar, miembro de la bancada en el congreso de esa colectividad política. En suma, Construmarca es una poderosa empresa que se ha apoyado en la corrupción política del departamento de Santander para consolidarse en la malla de grandes contratistas.

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.
Become a patron at Patreon!
Publicidad ver mapa

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.