Los hermanos David Ricardo Castillo Baute y Miguel Camilo Castillo Baute son propietarios de las empresas contratistas Maquinaria y Equipo Tres S. A. S. y Grandes Vías e Ingeniería S. A. S. quienes a través de 124 uniones temporales y consorcios han tenido contratos por más de $514.000 millones de pesos.
Extrañamente, en todo el universo de la web no se encuentra ninguna evidencia gráfica de estos dos empresarios. No encontramos rastros fotográficos que evidencien la existencia de estos contratistas. Pareciere que no quieren que los reconozcan o que los identifiquen.
Estos contratistas se encuentran domiciliados en Bogotá en la calle 145 No.12-40 apartamento 403 del edificio Balcones del Cedro y la empresa Inversiones Grandes Vías e Ingenieria S.A.S. en la carrera 16 No.106-65 edificio Rocalla con el teléfono 3165339306.
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La empresa como tal fue constituida el 13 de junio de 1997. Actualmente, en el 2021, pese a su gigantesco volumen de ingresos y multiplicidad de contratos y asociaciones, emplea a tan solo cuatro 4 personas. No es solo ese detalle laboral minimalista lo curioso cuando se ausculta a estos inversionistas en el sector de la infraestructura sino otro mayor de carácter ilegal.
Un informe de la Auditoría General de la Nación sobre la contratación registra que David Ricardo Castillo Baute –uno de los hermanos socios- fue inhabilitado para contratos con el estado desde enero de 2015. Sin embargo, aparece en seis consorcios de obras en los departamentos de Córdoba, Guajira y Cesar.
Didier Tavera fue gobernador de Santander en el periodo 2016-2019. Abogado, con varias especializaciones de rigor en prestigiosas universidades, hijo de Ernesto Tavera Rodríguez, reconocido narcotraficante en el territorio de la cordillera Oriental y que fue capturado en 1993 en Bogotá y condenado, dos años después, a sesenta y cinco meses de cárcel.
Tras su salida, cinco años después, fue asesinado en la vía que conduce de Matanza a Suratá. Aunque no lo parezca, el asesinado era miembro del Nuevo Liberalismo en el departamento del Santander. Su hijo, el ex gobernador fue elegido este año, de forma unánime por 32 gobernadores, como presidente de la Federación de Departamentos.
Didier Tavera adjudicó contratos durante su paso por la gobernación a los hermanos Castillo Baute, concretamente, según denuncias y artículos de prensa, a Miguel Camilo Castillo Baute, ingeniero inhabilitado para ejercer su profesión por dos años tras una imputación de peculado por apropiación en Valledupar, imputado en Barrancabermeja por responsabilidad fiscal, integrante de una gigantesca malla empresarial y participe del famoso Carrusel de la Contratación en Bogotá.
A la empresa Inversiones Grandes Vías S.A.S de propiedad de Miguel Castillo Baute le dio Didier Tavera le adjudicó las obras de la vía Contratación-Guadalupe por un valor superior a $7000 millones de pesos. En Cimitarra, municipio de Santander, es también contratista junto con su empresa investigada por diversas irregularidades en sus obras en los departamentos de la Guajira, Córdoba, Huila, Arauca y Bolívar.
Este personaje hace parte del consorcio que se acaba de ganar la pavimentación de la vía Contratación-Guadalupe, por un valor superior a los $7.000 millones, quien también es el contratista consentido del municipio de Cimitarra, en su calidad de representante de la empresa Inversiones Grandes Vías S.A.S., la cual se encuentra investigada por irregularidades en Bolívar, Córdoba, Huila, Arauca, y la Guajira.
En el departamento de Sucre también se encuentra la huella de los Castillo Baute. A los ex gobernadores Julio César Guerra Tulena (2012-2015) y Édgar Martínez Romero (2016-2019) la Contraloría General de la República les abrió un proceso de responsabilidad fiscal por el mal estado de la vía Palmito-límites con Córdoba contratada en el gobierno de Guerra con un costo de $13.000 millones de pesos por la empresa Unión Temporal Vías de Sucre conformada por Marco Tulio Uribe Carriazo, Gustavo Adolfo Carriazo Escaff y Miguel Camilo Castillo Baute.
La vía acusaba prematuro desgaste y mal estado en su construcción aplicando el método muy común de “hacer” una obra de apariencias a mínimos costos con interventoría de informes amañados.
Se le miden a todo tipo de obras los Castillo Baute. En Boyacá hicieron parte del Consorcio Reforestación 2013, radicado bajo el número 015 de 2013 prestando servicios medioambientales en la licitación pública por cuantía de $2.500 millones cuyo objeto era la “Revegetalización con árboles nativos y aislamiento de áreas estratégicas en cuencas abastecedoras del Lago de Tota y La Copa, municipios de la jurisdicción –una evidente equivocación, pues se trata más bien del concepto de competencia- de Corpoboyacá”.
El consorcio ganador tenía como representante legal a Diana Judith Gómez Pardo con CC 35.263.238, y estaba integrado por integrado por Álvaro Leonid Aranguren González con el 68%, Miguel Camilo Castillo Baute con el 31% y Wilson Efrén Salazar Wilches con el 1% de participación.
Contratación en la Guajira
En el departamento de la Guajira también se encuentra el paso de los Castillo Baute. El 12 de diciembre de 2016 la Contraloría General de la Republica presentó un informe sobre el destino –uso y manejo- de las regalías en el departamento entre 2012 y 2015 en donde se presentan claros indicios de corrupción.
El 74,7% de la contratación con recursos de regalías se realizó por concurso (licitaciones públicas, concurso de méritos, selección abreviada y mínima cuantía), y de ese volumen el 78,7% se adjudica con un único oferente. Este porcentaje está por encima del promedio nacional que es del 72%. El otro 18,5% de la contratación se realiza con dos oferentes y un escaso 2,6% con tres.
Sumando la contratación directa que representa el 24,3 % del total, la situación se torna más crítica, ya que el 85,2% de la contratación se estaría realizando sin pluralidad de oferentes. Los porcentajes más altos están en los municipios de El Molino (100%), Fonseca (87,7%) y Hatonuevo (82,4%).
No se trata de que no haya más oferentes sino de amarres muy bien diseñados en adjudicación de obras públicas. Por ejemplo, en 86 objetos contractuales en los que hubo un solo oferente, se encontraron 13.687 posibles oferentes. En 49 contratos celebrados bajo contratación directa, se encontraron 14.680 posibles proponentes registrados. En la Guajira el 80% de valor de la contratación, que ascendía en diciembre de 2015 a $558,400 mil millones, estaba concentrado en el 19% de los contratistas.
Dentro de esos contratistas tragaldabas el principal se encontraba conformado por David Ricardo Castillo Baute y Miguel Camilo Castillo Baute a través de sus dos empresas que tienen contratos directos de obra y a su vez y hacen parte de 7 consorcios y 1 unión temporal, ascendiendo a $89.191 millones -10 proyectos- de la gobernación de La Guajira y tres municipios, por valor de $99.345 millones. Dos de estos contratos por un valor de $7.393 millones que representan el 8,3%, están suspendidos.
Cuando estuvo de gobernador encargado Jorge Enrique Vélez en el 2016 tras la anulación de la elección de Oneida Pinto, encontró un contrato de $2.973 millones de pesos, que firmó el exgobernador Ballesteros el 14 de agosto de 2015 para la construcción de un puente que atraviesa la quebrada Moreno a 55 kilómetros de Riohacha.
Debía estar listo en febrero de 2016 y en ese momento de encargo de Vélez el puente estaba todavía en construcción obligando a los conductores a la desviación por una estructura angosta metálica peligrosa para las tractomulas que llevan carbón desde El Cerrejón hasta Santa Marta e incluso para vehículos comunes pues uno de ellos se salió cayendo en la corriente de agua pereciendo en el siniestro tres personas.
El único contratista de la licitación fue el Consorcio Puente Guajiro conformado por la firma cartagenera Obras, Maquinaria y Equipos Tres A y los ingenieros Jorge Yesit Bolívar Brito y Miguel Camilo Castillo Baute que tenía, como ya se mencionó, la matricula profesional suspendida hasta el 20 de enero de 2017 por decisión del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), entidad que inspecciona y vigila a los ingenieros en Colombia.
En esas labores de construcción del puente sobre la quebrada Moreno pasó de todo. Se metió en ese momento la temporada de lluvias paralizando trabajos. Después Corpoguajira multó al contratista por iniciar la construcción sin previamente solicitar la respectiva licencia ambiental. Con razón el gobernador encargado Velez dijo públicamente que “el contrato de ese puente es una vergüenza.
En realidad, en el departamento de la Guajira el 82,2% de la contratación, en esos tiempos –y ahora-, carecía de pluralidad de oferentes teniendo los porcentajes más altos la gobernación con un 86.3% y los municipios de El Molino con un asombroso 100%, Fonseca con 87,7% y Hatonuevo con 82.4%. Puede inferirse que la corrupción en ese departamento ha llevado a su sociedad a condiciones precarias como es el caso de los niños fallecidos por hambre. Algunos de estos contratos son precisamente en el ramo de la alimentación.
En la Ruta del Sol tramo II, hubo intervenciones extrañas en el proceso de adjudicación por parte del antiguo INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- motivando a la Superintendencia de Industria y Comercio por incurrir las empresas oferentes en varias prácticas contrarias al régimen de protección de la libre competencia económica. Como es de conocimiento, el contrato quedó en manos de la cuestionada empresa brasilera Odebrecth, Episol y CSS Construcciones. Otro de los tres proponentes fue la Unión Temporal RDS, conformada con MNV (30%) y Gas Kapital (25%) del grupo Nule, China Railway Shisiju Group con 25% y la empresa de los Castillo Baute, Inversiones Grandes Vías con el restante 25%.
En el departamento del Atlántico también han realizado diversas obras en municipios, tal es el caso de la construcción de pavimento en concreto rígido en la zona de Giraldito, Ponedera con una cuantía de $4700 millones por el Consorcio Ponedera 2018 conformado por Ingeniería GYH S.A.S. e Inversiones Grandes Vías S.A.S. cada una con el 50%.
Total, las empresas de los hermanos Castillo Baute se encuentran consideradas como una de las más importantes en la gigantesca malla acaparadora de contratos estatales bajo diversos nombres y asociaciones. Un ominoso animal de múltiples tentáculos que devora billones del presupuesto de municipios, departamentos y la nación.
