Por: Jan Svodak
Hace exactamente un año la opinión pública internacional se conmovió con los enredos delincuenciales del bufete de abogados panameños Mossack-Fonseca, llamados Panamá Papers, complejo entramado de lavandería y evasión fiscal destapado por la ICIJ, una entidad de periodismo de investigación. A pesar de los numerosos implicados en Colombia y en Barranquilla, el caso se encontraba en perfecto reposo hasta que el día 4 de octubre, un año después, Andrés Jiménez, fiscal delegado de la Fiscalía General de la Nación para las finanzas criminales, anunció una serie de capturas e imputaciones.
La más publicitada de todas fue la de Luz Mery Guerrero, CEO de Servientrega y Efecty con otros subalternos suyas. En la lista aparecieron otras sociedades implicadas, entre ellas la Casa Editorial El Heraldo S.A de Barranquilla, entidad que edita el diario del mismo nombre y que en las listas iniciales publicitadas de los Panamá Papers no aparecía vinculada. En declaraciones presentadas por el Fiscal Jiménez ante los medios de comunicación reveló que en los cotejos iniciales se encontraron más de 14 sociedades presuntamente involucradas en la comisión de actos delictivos “Usando los servicios que les ofrecía Mossack Fonseca, firmaron contratos de prestación de servicios con sociedades del exterior a sabiendas que esos servicios no se prestarían”. En otras palabras, operaciones de lavado de activos y evasión fiscal.
El comunicado expedido por la Fiscalía General de la Nación, tras fundamentar la captura de Luz Mery Guerrero, dice: “Por hechos similares relacionados con este elaborado esquema financiero y societario ofrecido por Mossack Fonseca en Colombia, la Fiscalía General de la Nación citará a audiencia de formulación de imputación por falsedad ideológica en documento privado a quienes se desempeñaban para la época de los hechos como representantes legales, contadores y revisores fiscales de las siguientes empresas”. Enseguida enuncia los nombres de las sociedades implicadas y los cargos ejercidos por las personas en sus correspondientes engranajes administrativos. En el caso de El Heraldo se trata de Elaine Abuchaibe Auad, Beder Bernardo Pinto Mejía y María Fernanda Fadul Pineda quienes se desempeñaban como representante legal (gerente), contador y revisor fiscal de la sociedad El Heraldo S.A.
El delito por el que se acusa a la cúpula administrativa financiera de El Heraldo tiene relación con el falseamiento de documentos privados en facturación y contabilidad con fines todavía no determinados por la Fiscalía General de la Nación, pero que apuntan a la evasión tributaria o lavado de activos. No es la primera vez que esta casa editorial barranquillera es acusada de participación en propósitos relacionados con el blanqueo de capitales.
En el caso de la ex gerente Abuchaibe del diario El Heraldo y los otros dos implicados, es claro que actuaban bajo las ordenes de la junta de socios en estas operaciones y que seguramente, en el avance de las investigaciones, se mostrará toda la trama usada profusamente por parte las “elites” de Barranquilla, durante buena parte de la última década y sostenidas con el cuestionado bufete panameño Off Shore, el cuarto en importancia en el mundo, según el influyente diario británico The Guardian, en operaciones financieras de este tipo.
La crisis periodística
Si por los lados de la junta directiva y administrativa llueve, en la periodística no escampa. Desde la llegada hace más de 3 años a la dirección del periódico de Marco Schwartz, su contenido y calidad bajaron ostensiblemente. Salió de buena parte del talento humano al interior del periódico y entabló peleas con colaboradores que optaron por retirarse de sus páginas.
Más de 40 periodistas despedidos, secciones despedazadas, desgreño en la redacción e investigación, con las consecuencias de baja ostensible en la circulación diaria que llega a escasos 15.000 ejemplares y, esto es lo peor para un medio de comunicación, un total descredito en las redes sociales. Ese es el desolador panorama construido por Schwartz durante su gestión y que lo mantiene en tensas relaciones con la cuestionada Junta Directiva. Según diversas fuentes, se mantienen con un pie fuera y otro dentro gracias al blindaje de su contrato. Se calcula que para rescindir de sus servicios habría que pagarle más de $1500 millones de pesos.
Lo curioso de las operaciones de la Junta Directiva del diario El Heraldo es que pese a argumentar el bajo nivel de ingresos – aseveración cuestionable y nada creíble, según se desprende del comunicado expedido por la Fiscalía General de la Nación- producto de la disminución de la pauta publicitaria y la tendencia general de lectura en internet, es que recientemente compraron –no se conoce el monto ni condiciones del contrato- a la empresa periodística Vanguardia Liberal de Bucaramanga, la edición local del rotativo popular Q´ Hubo y un periódico sectorial tabloide que circula en el norte de Barranquilla.
La imputación de la Fiscalía General de la Nación coloca sobre el tapete la crisis integral del veterano rotativo barranquillero agobiado, desde hace varias décadas, en peleas intestinas entre los miembros de la cuestionada junta y la pérdida progresiva de su tiraje histórico. ¿A punto de venta a algún inversionista interesado?
Si actuaban bajo órdenes de la junta de socios. Por qué los cerebros del delito no son mencionados?
Por si acaso no ha quedado claro: Quiénes son los socios? Con nombres y apellidos, por favor.
DESCUBRIERON QUE EL AGUA MOJA Y OTROS DIS CANAKES NAC DE TV CON TANTO REALITY TAMBIEN LO HACEN ALGUN DUA SE SABRA , ALGUN DIA , ALGUN DIA .OJO NO HE DADO NOMBRES AMANECERA ALGUN DIA Y EL CIEGO PODRA VER .