Foto: Cortesía Procuraduría
La Procuraduría anunció esta semana acciones para reforzar el control de las corporaciones autónomas regionales (CAR) y de desarrollo sostenible con la creación del Grupo de Seguimiento y Vigilancia, que pondrá especial atención a estos entes, donde es preocupante el riesgo de corrupción e irregularidades.
La lupa del Procurador es oportuna si se considera el prolongado historial de casos de corrupción que muestran estas entidades. Contrataciones a dedo o con empresas de papel, obras que no se ejecutan, manipulaciones de políticos regionales para asignación de miembros de sus comités directivos son algunos de los escándalos que develan el inadecuado gobierno en algunas de ellas.
Un grupo especializado resulta beneficioso para aumentar la vigilancia en los procesos administrativos, pero especialmente para ejercer control sobre ciertas funciones de las CAR, como determinadas licencias ambientales, que pueden tener un alto impacto social en las regiones.
Aparte de los esfuerzos de la Procuraduría, la Contraloría también lleva un seguimiento fiscal de las 33 corporaciones, en las que en muchas ocasiones se han identificado hallazgos por cuantiosos montos, que siguen desfalcando el ya nimio presupuesto del sector ambiental. Nada más este mes, el caso de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y un ‘carrusel’ de la contratación para la intervención de la ciénaga de la Virgen prenden las alertas.
La debilidad institucional de estos organismos no es un asunto menor para el país. De su gestión dependen cuestiones claves como la formulación de los planes de ordenamiento de los ríos, las reservas naturales regionales, los planes de saneamiento y vertimiento de residuos, el licenciamiento de proyectos extractivos, el monitoreo del mercurio, etc.
Por esto es claro que sean bienvenidos los esfuerzos para vigilarlas, pero también es fundamental que el Gobierno se comprometa a fortalecerlas técnicamente. Es un imperativo la introducción de la ciencia y la tecnología en estos actores, que son los que ponen la cara en las regiones.
Ciertas corporaciones, especialmente las que tienen bajo su jurisdicción vastos territorios, como en el Chocó y la Amazonia, enfrentan conflictos socioambientales que desbordan su capacidad en términos de personal y recursos, lo que hace casi nulo un efectivo control ambiental de problemas como la deforestación, el gran cáncer que se está devorando el patrimonio ambiental nacional.
Hay que recobrar la legitimidad de estas instituciones porque de ellas depende la implementación de la política ambiental. El Gobierno ha hecho intentos por reformarlas, sin mayor éxito. No es un asunto sencillo, porque es delgada la línea entre reorganizar los gobiernos institucionales de las CAR y restarles su autonomía, la cual es el eje de la gestión ambiental de un país como Colombia, tan diferente y diverso de región a región.
Sin embargo, hay pasos que se pueden dar, como el de asignar a los miembros del Gobierno Nacional en los consejos directivos de las corporaciones, una tarea pendiente sobre la que especialmente llamó la atención la Procuraduría.
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