Cómo los hermanos Bautista, condenados por fraude bancario en Estados Unidos, construyeron un imperio offshore que lleva décadas cobrándole al Estado colombiano exactamente lo que quiere.
| corrupcionaldia.com | Abril de 2026
Camilo Bautista Palacio salió de una penitenciaría federal de los Estados Unidos el 23 de enero de 1989. Había sido condenado a nueve años por uno de los mayores fraudes bancarios en la historia de ese país: inventarios falsos, conocimientos de embarque apócrifos, préstamos de $130 millones de dólares obtenidos con documentos falsificados, y un soborno de $500.000 dólares pagado a un funcionario del Arab Banking Corporation —controlado en esa época por el régimen de Muamar el Gadafi— para que tramitara un crédito. Tenía 23 años cuando lo condenaron. Pagó menos de tres.
Hoy, Camilo Bautista es vicepresidente financiero de Thomas Greg & Sons, la empresa que durante más de tres lustros se ganó siempre la licitación de los pasaportes colombianos y que lleva más de una década como beneficiaria del contrato para manejar el software de escrutinio en la Registraduría Nacional. La misma empresa que el presidente Gustavo Petro acusa de haber pactado con un candidato presidencial la manipulación del resultado de las elecciones de 2026.
Pero esto no es una historia de sorpresas. Es la historia de un ciclo que Colombia repite con paciencia benedictina: el Estado premia con billones de pesos a quienes hicieron sus negocios con dineros de dudosa legalidad, y luego finge asombro cuando el esquema se pudre desde adentro.
EL MECANISMO EXPUESTO — EL CICLO QUE NADIE QUISO VER
Hay un patrón en la historia de los hermanos Bautista que es tan claro que duele mirarlo. No porque sea sofisticado, sino porque es brutalmente simple: delinquir, pagar (poco), rehabilitarse, acceder al poder, enriquecerse con el erario, y repetir.
Entre 1982 y 1983, Camilo Bautista y su socio Alberto Duque Rodríguez construyeron un andamiaje de fraude que hoy parecería digno de una película de Scorsese, salvo que ocurrió de verdad. Crearon inventarios de almacén falsos para inflar activos. Presentaron conocimientos de embarque apócrifos ante múltiples bancos. Llegaron a ordenar a sus empleados que llenaran con agua —no con jugo de naranja— los toneles de Allsun Juices para que el inventario pareciera mayor. Colocaban sacos de café al frente de jaulas vacías para crear la ilusión de existencias que no existían. Con esa arquitectura de mentiras, obtuvieron créditos en el Shawmut Boston International Banking Corporation, el Arab Banking Corporation, el Republic National Bank y el Bank of Credit and Commerce International, entre otros.
El total: cerca de $130 millones de dólares en préstamos fraudulentos. La condena: nueve años. El tiempo real pagado: menos de tres.
Qué conveniente.
Mientras Camilo cumplía su breve estadía en prisión federal, la familia seguía adelante. En 1991, el padre, don Gregorio Bautista, logró comprar la operación colombiana de la firma británica Thomas de la Rue bajo el nombre de Thomas Greg & Sons —»Thomas» por la empresa inglesa, «Greg» por Gregorio—. Y así, con ese nombre que mezcla el apellido de un ex convicto con el de una centenaria impresora de valores del Imperio Británico, nació el monstruo.
La sede de la empresa: Guernsey, pequeña isla en el Canal de la Mancha, jurisdicción independiente de la corona británica, con un tipo impositivo del 0% para la mayoría de las empresas. Uno de los principales paraísos fiscales de Europa. Porque claro, ¿dónde más instalarías tu casa matriz si le vas a cobrar billones al Estado colombiano?
LOS ACTORES Y SUS ROLES — EL ENJAMBRE JURÍDICO
No conviene llamar a esto corrupción simple. Es ingeniería institucional.
Los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista no son simples contratistas. Son el centro de un enjambre jurídico de empresas con distintas razones sociales que aparecen en uniones temporales para ganar licitaciones —una arquitectura legal diseñada para que sea difícil seguir el hilo de quién es quién y quién cobra qué—. Thomas Greg & Sons no aparece sola en las adjudicaciones. Aparece acompañada, fusionada, desdoblada en formas societarias que cambian de nombre con la misma fluidez con que cambian de contrato.
El beneficio obtenido: billones de pesos en contratos del Estado colombiano. El daño causado: la captura de dos de los bienes más sensibles de la democracia colombiana —la identidad de sus ciudadanos y el software que cuenta sus votos.
Manejar el contrato de pasaportes significa controlar el acceso de 50 millones de colombianos al documento que les permite existir en el mundo. Manejar el software de escrutinio de la Registraduría significa controlar el motor técnico del acto más sagrado de una democracia: el conteo de los votos.
¿Y quién tiene esos contratos? Una empresa cuyo vicepresidente financiero es un exconvicto de fraude bancario, domiciliada en un paraíso fiscal, con un historial de litigio contra el Estado colombiano cuando alguien se atreve a no adjudicarles la licitación.
Cuando el canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación de pasaportes —después de que el Fondo Rotario de la Cancillería ya había declarado a Thomas Greg ganadora— la empresa construyó una demanda de 110 mil millones de pesos contra el Estado. Ciento diez mil millones. Y por supuesto, cuando el canciller Murillo amplió la prórroga del contrato, desistieron. Qué casualidad que justo cuando les devuelven el hueso, desaparezca la demanda.
EL IMPACTO REAL — ELECCIONES EN SUBASTA
El escándalo más reciente comenzó con un trino. El presidente Gustavo Petro reveló «informes elaborados a partir de inteligencia» sobre supuestas conversaciones entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y los hermanos Felipe y Camilo Bautista. El presunto contenido del trato: devolver el contrato de pasaportes a Thomas Greg a cambio de «ciertos algoritmos» que garantizarían la presidencia a De la Espriella en 2026.
El candidato lo negó con furia. Su abogado llamó el asunto «montaje» y «farsa». Se presentó denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.
Pero entonces apareció el exdirector de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía, y confirmó que las conversaciones existen. Y aclaró algo crucial: no se trata de interceptaciones ilegales del gobierno. Se trata de una orden judicial en el marco de una investigación contra Thomas Greg & Sons. Es decir, los Bautista ya estaban siendo investigados. Ya había un juez que había ordenado interceptar sus teléfonos. Y en esas interceptaciones habría aparecido, según Mejía, un presunto pacto para «robarse las elecciones de 2026«.
Entiéndase lo que está en juego: si las acusaciones son ciertas, no estamos ante un caso de corrupción en contratación. Estamos ante el intento de comprar una presidencia mediante la manipulación del software que cuenta los votos. Estamos ante la posibilidad de que la empresa que administra la arquitectura técnica de la democracia colombiana esté negociando el resultado de esa democracia con el mejor postor.
Esto no es robar plata. Esto es robar el futuro.
EL SISTEMA QUE LO PERMITE
La pregunta que pocos se hacen es la más importante: ¿cómo fue posible que una empresa cuyo vicepresidente es un exconvicto de fraude bancario, domiciliada en un paraíso fiscal, ganara año tras año las licitaciones más sensibles del Estado colombiano?
La respuesta está en lo que el académico Alejandro Nieto llamaba «corrupción estructural»: no un problema de casos aislados sino una práctica sistemática integrada al funcionamiento del Estado. El sistema colombiano no premió a los Bautista a pesar de su pasado. Los premió, en parte, gracias a su arquitectura: una empresa que sabe moverse en los vacíos legales, que conoce los pasillos de la Cancillería, que tiene abogados capaces de construir demandas de $110 mil millones de pesos cuando alguien se atreve a no adjudicarles, y que opera desde una jurisdicción donde nadie puede rastrear con facilidad quién paga impuestos ni cuánto.
A esto se añade lo que en este espacio hemos llamado el Estado Profundo: esa red de intereses —económicos, jurídicos, mediáticos— que sobrevive a los gobiernos y protege a quienes han capturado el aparato estatal. Los Bautista no necesitaron comprar a un solo gobierno. Necesitaron construir una relación con el sistema. Y eso lo hicieron durante décadas, con paciencia, con litigios estratégicos y con la certeza de que el Estado colombiano, ante la amenaza de una demanda multimillonaria, siempre prefiere renovar el contrato antes que pagar el precio de la dignidad.
La sociedad civil —esa comunidad de ciudadanos que, según el Premio Nobel James Buchanan, debería vigilar el poder antes de que haya gobierno— ha estado demasiado fragmentada, demasiado agotada, para hacerles seguimiento a los Bautista. El resultado es el que tenemos: treinta años de contratos, un escándalo electoral en ciernes, y un candidato que reta al presidente a mostrar las grabaciones.
Camilo Bautista salió de prisión en 1989 con una condena que fue un regalo. Hoy, treinta y siete años después, su empresa presuntamente negocia en conversaciones interceptadas por un juez la manipulación de las elecciones presidenciales de Colombia.
Si eso no es el Ciclo Secreto en su expresión más perfecta —el mismo esquema, amplificado, institucionalizado, normalizado—, entonces no sabemos qué lo es.
La pregunta no es si los Bautista son culpables. La pregunta es cuántos gobiernos colombianos supieron quiénes eran y les firmaron contratos de todos modos.
Porque cada pasaporte que esta empresa imprimió, cada voto que su software contó, fue una pieza en un tablero que ellos construyeron con dinero prestado con documentos falsos, en bancos de medio mundo, cuando tenían veintitrés años y ya sabían exactamente cómo funcionaba el juego.
El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.
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