Mientras Jaime González, exgerente de Coosalud, levantaba empresa tras empresa para ocultar deudas millonarias, 3,3 millones de colombianos hacían fila para que les aprobaran una cita. No es casualidad. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.
Hay una habilidad muy particular que desarrollan ciertos gerentes en Colombia: la capacidad de transformar deudas en inversiones, pasivos en activos, y saqueo en contabilidad creativa. No cualquiera domina ese arte. Requiere tiempo, paciencia, varias empresas recién creadas, algunos pagarés en blanco firmados a la carrera, un fideicomiso aquí, una compraventa de cartera allá, y —lo más importante— la certeza de que nadie va a mirar demasiado de cerca.
Jaime González, exgerente de Coosalud EPS y de la Cooperativa Coosalud, aparentemente dominaba ese arte con maestría. Según el macroinforme técnico de la Superintendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria), entre 2019 y 2025 se habría estructurado una compleja arquitectura financiera para trasladar obligaciones económicas originalmente a cargo de la EPS hacia la cooperativa y otras entidades relacionadas. El objetivo, dice el documento, era uno: ocultar deudas.
El resultado de esa ingeniería: más de $300.000 millones en procesos ejecutivos, un Fondo de Aportes Sociales que debía registrar $15.000 millones pero apenas tiene $550 millones, y una EPS con 3,3 millones de afiliados que vio aumentar sus tutelas un 21% y sus quejas un 32% durante la intervención. Alguien se fue con la plata. Los pacientes se quedaron con las listas de espera.
El mecanismo expuesto: cómo se construye un laberinto para esconder deudas
Para entender este caso hay que entender primero la estructura. En 2017, la Cooperativa Coosalud y la EPS Coosalud eran una sola entidad. Luego decidieron dividirse. Pero la Cooperativa quedó como dueña de la EPS —y de varias empresas más que González fue creando—, convirtiéndose en lo que los auditores llaman la «matriz» del grupo.
Esa configuración, aparentemente inocua, se convirtió en el vehículo perfecto para la presunta maniobra. La Superintendente María José Navarro lo explicó sin rodeos: «los estados financieros no estaban siendo reportados de manera correcta. Al ser la cooperativa la matriz de todo esto, debían presentar estados financieros consolidados de todas las empresas, y estos no habían sido presentados.»
Qué conveniente, ¿verdad? Cuando nadie consolida los estados financieros, nadie ve el cuadro completo.
El esquema documentado por la Supersolidaria incluye operaciones que cualquier auditor reconocería como señales de alarma: presuntas simulaciones de compraventa de cartera por más de $55.000 millones a prestadores de salud —es decir, se «compraban» deudas que la EPS tenía con clínicas, como si fueran activos—, contratos por más de $37.000 millones respaldados con pagarés en blanco, y la constitución de un patrimonio autónomo para reorganizar obligaciones con múltiples acreedores, con transacciones que podrían alcanzar los $90.600 millones.
La lógica es perturbadoramente simple: lo que en la realidad era una deuda con una clínica, en los libros contables aparecía transformado en una «inversión» o una «capitalización». La realidad financiera de la entidad había sido reescrita. Una obra maestra de la ficción corporativa, pagada con dinero público destinado a la salud de los colombianos.
Los actores y sus roles: nombres y responsabilidades
En el centro del escándalo está Jaime González Montaño, quien acumuló representación legal de la EPS, de la Cooperativa y de las empresas del grupo. Esa concentración de poder en una sola persona es, precisamente, lo que permitió que el presunto esquema funcionara: González firmaba a un lado de la mesa y al otro, negociaba consigo mismo, se prestaba dinero a sí mismo, y se compraba cartera a sí mismo.
El ejemplo más llamativo: un crédito de $221.000 millones gestionado a través de Inversa S.A., una empresa recién creada —y también bajo su control—. De ese dinero, cerca de $100.000 millones habrían ido a capitalizar la EPS. Otra parte se habría girado a terceros, principalmente IPS. Y una porción adicional, según los auditores, habría terminado en negocios particulares. La trazabilidad de los recursos se pierde en algún punto del laberinto.
El presidente Gustavo Petro señaló directamente a Juan Carlos Pastrana y Rafael Santos, exmiembros de la junta directiva de Coosalud, por permitir presuntamente el desfalco. «Deben responder por qué permitieron el desfalco de la EPS Coosalud gerenciada por el señor González», escribió en sus redes. Y agregó que más de $300.000 millones «se esfuman y es dinero público».
Petro, vale decirlo, ya fue sancionado con 15 salarios mínimos por un juez que le ordenó retractarse de acusaciones similares contra González en el pasado. Pero el macroinforme de la Supersolidaria —un documento técnico, no un trino presidencial— ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación. Ahora es la justicia la que tendrá que hablar. Si quiere.
El impacto real: 3,3 millones de personas que no sabían que eran parte del balance
Mientras los contadores registraban pasivos como activos y los pagarés en blanco circulaban entre empresas relacionadas, al otro lado del tablero había 3,3 millones de colombianos afiliados a Coosalud que dependían de esa EPS para acceder a sus medicamentos, sus cirugías, sus controles médicos.
Los números de la intervención son demoledores: las tutelas por atención en salud crecieron un 21% entre 2024 y 2025, pasando de 16.771 a 20.216. Las quejas formales (PQR) aumentaron un 32%. Cinco interventores distintos fueron nombrados y reemplazados en apenas 12 meses, generando una inestabilidad administrativa que el propio Tribunal Administrativo de Bolívar reconoció como factor de deterioro.
¿Cuánto vale ese dinero en términos concretos? Los $300.000 millones en procesos ejecutivos equivalen a construir decenas de centros de salud, dotar cientos de IPS rurales con equipos médicos, o garantizar tratamientos oncológicos para miles de pacientes. En cambio, según los auditores, ese dinero circuló entre empresas relacionadas en operaciones cuya trazabilidad se pierde en el laberinto diseñado para que nadie pudiera seguirla.
Cada pagaré en blanco firmado tenía nombre y apellido en el otro lado: una familia esperando una cita, un paciente renal buscando diálisis, un adulto mayor aguardando su medicamento. Esos son los verdaderos acreedores del sistema. Los que nunca aparecen en los estados financieros.
El sistema que lo permite: por qué esto pasa, y por qué seguirá pasando si no hacemos nada
El caso Coosalud no es una anomalía. Es el guion de siempre, representado con ligeras variaciones de escenario y elenco.
La Supersolidaria solo intervino la Cooperativa en 2024 —siete años después de que se creara la estructura que, según sus propios auditores, facilitó el esquema—. La Supersalud intervino la EPS en noviembre de 2024. Y el Tribunal Administrativo de Bolívar suspendió esa intervención en abril de 2026, porque —atención al argumento— la intervención estaba agravando la crisis. Que el paciente esté peor no prueba que el médico sea incompetente; a veces prueba que el diagnóstico llegó demasiado tarde.
Lo que el caso también revela es la anatomía del Estado Profundo colombiano en el sector salud: durante tres décadas, las EPS construyeron una capacidad de presión política, jurídica y económica que las hace casi inexpugnables. Cuando el Estado intenta tocarlas, responden con demandas, acciones populares y judicialización sistemática. Treinta años de intermediación de recursos públicos dejan esas huellas.
El mismo González, tras la suspensión de la intervención, se presentó en la sede de Coosalud en Cartagena para anunciar su regreso a la gerencia. La Superintendente Navarro tuvo que desplazarse personalmente hasta allá para bloquearlo. Un exgerente investigado por presunto desvío de $300.000 millones intentando retomar el control de la entidad mientras el macroinforme llegaba a la Fiscalía. Ese es el estado del sistema de salud en Colombia.
Los sesgos cognitivos también juegan su papel. La ciudadanía tiende a normalizar el escándalo cuando los escándalos se suceden sin consecuencias: el sesgo del statu quo nos lleva a aceptar que «así son las cosas» y a no exigir el cambio. El sesgo de retrospectiva nos hará creer, en unos años, que «era obvio que esto iba a pasar». Pero la pregunta correcta no es por qué no lo vimos antes. Es por qué el sistema estaba diseñado para que no lo viéramos.
Cierre
La Supersolidaria ya entregó el macroinforme a la Fiscalía. Los hallazgos están documentados, técnicamente sustentados, y son de conocimiento público. Ahora comienza la parte más difícil: que alguien responda.
En Colombia, la cadena entre el escándalo y la consecuencia tiene demasiados eslabones rotos. Expedientes que duermen en gavetas. Aforamientos que protegen. Presiones que dilatan. Prescripciones que absuelven por omisión.
La sociedad civil —esa red de ciudadanos activos que, como diría James Buchanan, son el auténtico soberano de una democracia— tiene hoy en sus manos un macroinforme con nombres, cifras y operaciones documentadas. La pregunta no es si hubo corrupción. Los números hablan por sí solos. La pregunta es si vamos a seguir siendo espectadores mientras el guion se repite, o si esta vez vamos a exigir que la justicia haga lo que le corresponde.
Cada peso robado del sistema de salud es una cita negada, una cirugía pospuesta, una vida en riesgo. Cada silencio cómplice es una injusticia perpetuada.
El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros.
