El lío por corrupción en que está envuelta la empresa Omega Buildings Constructora, que hacía parte de la Unión Temporal Centros Poblados, que recordemos resultó cuestionada por el fallido contrato para llevar internet a colegios en zonas rurales de Colombia, no es el único por el que debe responder.
Recientemente la Contraloría General de la República le abrió un proceso de responsabilidad fiscal a esta empresa por más de $146 millones de pesos por irregularidades en la revisión y ajuste de diseños por un contrato de mejoramiento de una vía en el municipio de Chalán, en Sucre, en su condición de contratista desde el 30 de junio de 2020 hasta el 27 de octubre de 2021.
Esta es una vía terciaria ubicada en un municipio Pdet que fue priorizada en el marco de la implementación del acuerdo de paz.
“Se evidencia que el contratista presentó como obra ejecutada para su correspondiente cobró el ítem N°670.1, sin que este cumpliera las condiciones técnicas de calidad exigidas. Así mismo, solicitó el referido ítem como componente adicional del contrato sin contar con los estudios y diseños ajustados. Todo ello en desmedro de los fines contractuales, los principios rectores de la función administrativa y la gestión fiscal, y las normas que regulan el ejercicio de su papel como contratista del Estado”, advierte el ente de control
El ente de control determinó que entre 2014 y 2021 esta empresa ha suscrito 14 contratos por 12.653 millones de pesos y por ello está escudriñando y haciendo un seguimiento a cada uno de esos contratos, tras la declaratoria de impacto nacional por parte del Contralor.
Esta empresa de Barranquilla está representada legalmente por Juan Carlos Jubiz Rivera.
En su historial como contratista del Estado aparece registrada en Barranquilla con actividades que son esencialmente dirigidas a la construcción.
“Construcción de edificios, construcción de corredores, construcción de obras de ingeniería y comercio al por mayor de materiales de construcción”, señala la organización empresarial en el Registro Mercantil.
Su representante legal es Rafael Enrique Romero Payares y su representante legal suplente, Álvaro Eduardo Torres Buelvas. En 2020 aparece como uno de los miembros del Consorcio Construcciones 2020 con el IDU en Bogotá para “ejecutar a precios unitarios y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de obras de conservación de la malla vial arterial en la ciudad de Bogotá en los grupos 1 y 2”.
Ese contrato se dividió para el grupo 1 de áreas a intervenir en 9.125 millones y en el grupo 2 por 8.571 millones. En total Omega tuvo participación en este contrato para 17.696 millones de pesos.
Omega Buildings aparece, además, participando en otro contrato para la “recuperación de la estructura de pavimento de las vías del área metropolitana de Bucaramanga intervenido por el mantenimiento de la red de distribución”.
Es decir que las evidencias recaudadas muestran que la experiencia de Omega no reporta ningún contrato cercano al del sector TIC en internet o comunicaciones, tal como ocurrió en el caso de la empresa INTEC de la Costa que al igual que OMEGA es especializada en construcción.
Un dato que llama la atención es que Omega está relacionado con otra licitación al consorcio Sabana Caribe para la contratación del “diagnóstico, la estructuración de proyectos y la construcción de soluciones de vivienda de interés social rural, correspondientes a los proyectos validados y verificados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, correspondientes a los proyectos validados y verificados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con cargo a los subsidios de la vigencia 2019”.
Allí, Fiduagraria, la entidad encargada de este proyecto, le hizo una observación directa.
“El consorcio Omega Buildings no presenta en su certificado de existencia y representación legal, inscripción de revisor fiscal, por lo que deben aclarar esta situación aportando certificado donde conste inscrito el señor Julio Simón Camargo Escobar o aportar certificado de pagos suscrito por el representante legal indicando las razones por las cuales no cuenta con revisor fiscal inscrito en el registro mercantil”, resaltó la entidad.
A esto se suma, la multa que impuso la Superintendencia de Sociedades por 300 millones de pesos a los administradores de las tres empresas vinculadas al consorcio Unión Temporal Centros Poblados.
Los administradores de las sociedades debieron pagar 100 millones de pesos cada uno, por no atender los requerimientos de la Superintendencia, “obstaculizando el desarrollo de la labor investigativa de la Entidad”.
Las sociedades vinculadas son: ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S.
Según la Supersociedades, hasta el momento se ha dado apertura formal a cuatro investigaciones administrativas para determinar si se configuran situaciones de control o grupo empresarial sobre sociedades vinculadas con la Unión Temporal Centros Poblados.
Además, la entidad señaló que “ha venido adelantando, todas las acciones que la ley y las disposiciones reglamentarias permiten en relación con estas sociedades”.
Es de mencionar que estas compañías, que hacen parte de Centros Poblados, ya habían sido multadas el pasado 28 de diciembre por la Supersociedades, con más de 272 millones de pesos.
Como quien dice, en el tema de corrupción en Colombia, “Dios los hace y el diablo los junta”.
