| Los entes de control y autoridades judiciales muy poco o casi nunca colocan los reflectores sobre las empresas interventoras; no obstante, sobre ellas recae toda la responsabilidad, en primera instancia, de que los dineros públicos se usen para los fines previstos en cada contratación pública. Donde hay un contrato público corrupto, hay un interventor corrupto, esto es axiomático. |
Como si fuera poco ya el abandono en que están sumidos los pueblos del Caribe colombiano, los corruptos se encargan además, de que el poco dinero que allí destina la Nación, termine en manos de otros corruptos para así seguir perpetuando la miseria en esta región del país.
Tal es el caso de Javier Pereira Ariza, un personaje que en vez de hacer bien su trabajo como interventor, terminó favoreciendo (y seguro no de gratis), a corruptos contratistas que debían construir un puente en zona rural de Caimito (Sucre), y a estas alturas no hay puente, pero tampoco el dinero destinado para tal propósito.
Por eso, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Caimito (Sucre), la Fiscalía Cuarta de Delitos contra la Administración Pública le imputó a Javier Pereira Ariza, interventor del contrato de construcción del Puente La Solera, el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, en calidad de interviniente.
Pereira era la persona que faltaba por responder ante la fallida obra del puente, que nunca se construyó. Se entregó a finales de mayo ante el CTI. En el proceso también está involucrado el exalcalde de Caimito, Víctor Ricardo, que el Juzgado lo cobijó con una medida intramural.
En ese mismo caso figuran Kevin Ricardo Caly, quien fungió como secretario de Planeación del municipio de Caimito, durante el periodo 2016-2019; Carlos Erasmo Sánchez Contreras, representante legal del Consorcio Puente San Jorge 2019; Wálter Sánchez Urzola, contratista del Consorcio Puente San Jorge 2019, y Víctor López Galván, interventor del contrato 001-mc-2019. Asimismo, Hugo Canaval, representante del Consorcio Intec de la Costa SAS.
Vale recordar que la mencionada firma, Intec de la Costa, que en este contrato tenía una participación del 80%, es la misma que hizo parte del renombrado consorcio Centros Poblados, envuelto en uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en el país.
De las cinco personas procesadas por la obra del puente, cuatro están con detención domiciliaria y uno con una medida no privativa, es decir, libre, pero con algunas restricciones, que es Carlos Erasmo Sánchez.
Según el ente penal, los hechos en los que está involucrado el interventor se relacionan con el contrato que suscribió el exalcalde con Wálter Sánchez Urzola, representanta legal del Consorcio Puente San Jorge 2019.
Explicó la Fiscalía que Ricardo declaró la urgencia manifiesta con un argumento falso para poder contratar la construcción del puente, que al final dicho contrato no cumplió con el objeto contractual, pues no se ejecutó la estructura. Estas personas presuntamente se apropiaron del anticipo por valor de $1.253 millones, según dijo la Fiscalía.
Según la Fiscalía Pereira tampoco vigiló la correcta ejecución del objeto contractual y el manejo de los recursos públicos, por lo que esto originó que el pago del anticipo fuera a parar a las cuentas de los contratistas.
En el caso de Intec de la Costa SAS aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con un 80 por ciento de participación, y ese consorcio tiene un contrato con el municipio por valor de 2.507 millones de pesos para adelantar las obras complementarias del puente.
Actuación de la Contraloría
Según la Contraloría, desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades con este contrato.
De hecho, la misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio.
“Precisamente una denuncia que recibió la Contraloría originó una auditoría adelantada en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre“, informó la entidad.
Lo que detectó esa auditoría fueron deficiencias en la ejecución del contrato con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra.
“Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra”, informó la Contraloría.
Además, el ente de control visitó la obra a comienzos de 2020 y verificó que estaba abandonada y sin ejecutar.
Pólizas vencidas y falta de permisos
Pero no solo hay un presunto mal manejo del anticipo por la obra abandonada, sino que la Contraloría detectó que las pólizas del contrato están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Así mismo, se encontró que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos, que era el supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra, pues firmó un acta de suspensión sin estar facultado para ello, “situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento”, informó la Contraloría.
Por último, se determinó que la obra se inició sin el trámite de los respectivos permisos de ocupación cauce y aprovechamiento forestal, y que no está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados.
Cinco personas, naturales y jurídicas, llamadas a responder
En el proceso de responsabilidad fiscal el presunto daño patrimonial a las finanzas del Estado se deriva de las deficiencias detectadas en la estructuración y ejecución del contrato de obra pública suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019.
A esto se suma el perjuicio por el incumplimiento del contrato de interventoría que suscribió con el Consorcio Interpuentes 2019 que, según la Contraloría, desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el consorcio.
Además, el contrato de interventoría también tiene deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.
Por esos motivos, la Contraloría vinculó como presuntos responsables fiscales a Víctor Miguel Ricardo Vega, alcalde de Caimito para la época de los hechos; Kevin Ricardo Caly, secretario de planeación del municipio para la fecha y supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría.
Así mismo, a la empresa Intec de la Costa SAS, como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, que era contratista ejecutor del contrato de obra pública, por la cuantía de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor del anticipo.
También a Dialco Construcciones SAS, como integrante del consorcio, con participación del 20 por ciento.
Y, finalmente, a Walter David Sánchez Urzola, representante legal del consorcio, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo. Sánchez fue vinculado por la suma de $ 1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por este consorcio como anticipo.
