Por: Jorge Vergara Carbó

Se ha vuelto una pesadilla para los gobernantes, en época de pandemia, tomar decisiones administrativas, ante la presión que sobre ellos ejercen los ciudadanos que exigen acciones inmediatas para que den respuesta a la crisis que estamos padeciendo, justamente por no haber invertido los recursos necesarios en salud, que han venido recibiendo del Sistema General de participación (SGP) .

Hecho que afectó en mayor grado a los países que hicieron por su situación financiera recortes a los programas de salud, tal como acontece en Italia, España, Estados Unidos y otros.

Cualquiera sea la decisión que tomen encontrará reacciones de parte de los ciudadanos en un sentido u otro. Si decide repartir mercados a las familias más vulnerables, o comprar equipos para adecuar los hospitales o Caminos o Pasos, o buscar proyectos que generen trabajo o comprar vehículos blindados o comprar tanquetas o solicitar crédito a la banca privada o decidir subsidiar a empresas grandes y pequeñas o darle liquidez al sector bancario o garantizar préstamos a las empresas con el 90% del monto. Esas medidas serán cuestionadas por unos y aplaudidas por otros.

Quienes critican las medidas que toman los gobernantes, lo hacen en la mayoría de los casos a través de algunos medios de comunicación y, o de las distintas redes sociales, que se han convertido en los guardianes de la transparencia, hecho aplaudible, pero lamentablemente muchas veces acusan, señalan, sin fundamento alguno.

A pesar de ello repiten como loros esas acusaciones volviendo muchas de ellas “virales”, sin tomarse el trabajo de investigar o consultar la fuente primaria para verificar la certeza de esas afirmaciones. Priman Intereses personales o políticos, es más fácil señalar y condenar, sin ser escuchados, investigados y juzgados.

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Estamos y estaremos siempre al lado de la denuncia pública, pero con responsabilidad. No se puede salir a decir que determinado contrato tiene sobre precio, sin haber investigado antes los precios del mercado, para de esa forma poder acusar con razón en las redes sociales y los distintos medios de comunicación.

Igual hacer llegar las denuncias a la PGN, FGN y CGN, para que investiguen. Ellas son los encargados de decir si hubo o no delito u omisión en el cumplimiento de sus funciones de los funcionarios públicos del orden nacional o territorial.

¿QUÉ PASA CON LOS ORGANISMOS DE CONTROL?

La pregunta que nos hacemos los colombianos es: ¿Qué pasa con los Organismos de Control? Suceden y pasan muchas cosas, la primera de ellas es que son entidades muy politizadas, por lo que han perdido credibilidad.

Se han vuelto entidades espectáculo y sus directores aspirantes a la Presidencia de la República. Por ello no cumplen a cabalidad sus funciones constitucionales de sancionar a los funcionarios públicos: disciplinariamente, económicamente y penalmente

Estas entidades, en los últimos años se convirtieron en entidades circenses. Les fascina lo mediático. Generan expectativas, hacen ruedas de prensa, logran grandes titulares, hacen bulla. Eso les permite condenar, sin escuchar, ni investigar y juzgar al funcionario. Juegan con la honra de los funcionarios públicos o privados. Para después salir con nada, como ha sucedido todo el tiempo, exonerando a la mayoría de los implicados. “Mucho tilín tilín y poco de paletas”

Es bueno saber que el control cuesta y es necesario, pero como cuesta,debe centrarse en aplicarlo principalmente en aquellos contratos que conllevan un alto volumen de inversión.

Para darles un ejemplo, si los tres Organismos hubieran ejercido sus funciones no se hubiera dado el “robo” de recursos del orden aproximado de US$3.000 millones en REFICAR, suma equivalente a $12 billones, y si ejercieran control sobre la DIAN, no se diera la evasión de impuestos, fuga de capitales y lavado de dinero, por una suma cercana a los $50 billones, o no se hubieran robado la plata de Odebrecht, del orden de US$1.200 millones, o sea $4.8 billones, o el robo en la Triple A de Barranquilla por $27.000 millones , de la caja y $260.000 millones, por un contrato que no se prestó, o los $4 billones, que se han perdido en Electricaribe y en la reciente negociación al vender la empresa por US$170 millones, cuando hace 22 años, la vendimos en US$800 millones, o el contrato y ejecución de Hidroituango, Porce y otros contratos de EPM, que denunció en su campaña el actual alcalde de haberse dados sobreprecios y que le pueden significar a los antioqueños pérdidas por más de US$2.000 millones, porque no hay certeza que ese proyecto entre en el año 2.022.

Podríamos seguir enumerando contratos, como las distintas concesiones viales, portuarias o aéreas, así como las distintas privatizaciones de Ecopetrol, Isagen, Telecom, entre otras. Tampoco se investigan a los “ladrones de cuello blanco” con las decisiones que toman en sus cargos y favorecen a los privados con Resoluciones, Decretos o Leyes. No se hubiera conformado el peor cartel de Colombia, el “cartel de las Togas”, ni estuvieran congestionados los despachos judiciales con tantas tutelas.

Lo anterior no quiere significar que se dejen de investigar los contratos que están firmando los gobernantes por la Emergencia Económica y Ambiental decretada por el gobierno. Claro que deben hacerlo. Los mandatarios están obligados a entregar la información solicitada y los Organismos de Control a recibirla y ser prudente, es decir no montar ningún schow especial con sus visitas a los medios de comunicación y esperar realizar la investigación respectiva, para con base en ella tomar las decisiones que consideren necesarias.

Si encuentran anomalías sancionar de acuerdo a la culpa al funcionario o funcionarios implicados. Pero no condenarlos antes de que se investigue.

No quisiera estar en el “pellejo” de los actuales gobernadores y alcaldes, que al igual que el resto de mortales están afectados por pánico del virus, y el pánico de equivocarse en la toma de decisiones en materia de contratación. La realidad es que los atormenta las críticas infundadas que se dan en las redes sociales y en algunos medios de comunicación.

A los mandatarios territoriales, como al Presidente de la República los está matando el stress. No entender esto, es querer vivir apartado de la realidad.

No se les puede condenar en las redes sociales, medios de comunicación y Organismos de Control sin antes haber sido escuchados, juzgados y condenados.

No más teatro señores de la Procuraduría, Fiscalía y Contraloría el país exige de ustedes respuesta de todos los casos que hemos denunciado en este escrito y por supuesto en las denuncias que están investigando por la emergencia Económica y Ambiental.

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