El sistema no falla: está diseñado para que unos pocos sigan ganando mientras el resto aprende a perder
La pregunta no es por qué Lidio García Turbay, con investigaciones por parapolítica, manipulación de la Contraloría de Cartagena y presunto desvío de 3.500 millones de pesos del alcantarillado de El Carmen de Bolívar para financiar su campaña, aspira nuevamente al Senado. La pregunta real es: ¿por qué alguien cree que no debería hacerlo?
Porque en Colombia, el corrupto no gana por ser más astuto. Gana porque la sociedad construyó un sistema donde perder se volvió costumbre, donde la dignidad cotiza más barato que un contrato de obra y donde la impunidad no es un error del sistema, sino su arquitectura fundamental.
Este no es solo el caso de Lidio García. Es el caso de un país que, según Transparencia por Colombia, perdió $21,28 billones de pesos entre 2016 y 2022 por corrupción, afectando directamente a 14,5 millones de personas. Es el caso de una nación que, con un coeficiente de Gini promedio de 0,542 en la última década, se mantiene como uno de los territorios más desiguales del planeta. Y en esa desigualdad estructural reside el verdadero secreto de la corrupción colombiana: no es un defecto, es una característica del modelo.
El mecanismo invisible: cuando robar se vuelve gestión
El corrupto colombiano ha perfeccionado el arte de vender saqueo como servicio público. Arregla una calle justo antes de las elecciones, reparte subsidios estratégicamente ubicados, entrega mercados en comunidades vulnerables y construye la narrativa perfecta: «Al menos hace algo«.
Lidio García lo sabe bien. Mientras la Fiscalía investiga cómo $3.500 millones de pesos destinados al alcantarillado de El Carmen de Bolívar terminaron presuntamente en su campaña de 2018, mientras la Agencia Nacional de Tierras lo investiga por acaparamiento de baldíos en Bolívar, mientras audios revelados por W Radio exponen cómo opera «el clan García" en Cartagena, él sigue siendo Presidente del Senado con 97 votos a favor. No es magia. Es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado.
El esquema es simple y devastador: el político corrupto desvía recursos públicos, financia su campaña con ese dinero, gana las elecciones con la complicidad de votantes que recibieron las migajas, reparte contratos a los empresarios que lo financiaron, y el ciclo se reinicia. Entre tanto, las obras quedan inconclusas, los servicios públicos se deterioran, y la población más vulnerable paga el precio.
La red subterránea: anatomía de un sistema que premia el robo
El caso del alcantarillado de El Carmen de Bolívar es un manual perfecto de cómo opera esta maquinaria. En diciembre de 2017, Aguas de Bolívar adjudicó al Consorcio Virgen del Carmen un contrato por $56.076 millones de pesos. El representante legal del consorcio firmó con Miguel Eduardo Torres Scaff, gerente de Aguas de Bolívar y primo del entonces gobernador Dumek Turbay, quien a su vez es primo de Lidio García.
La obra debía terminarse en octubre de 2019. Tras 12 prórrogas, aún no culmina. Pero lo más grave no es la ineficiencia: según documentos de la Fiscalía citados por Revista Cambio, de ese contrato salieron al menos $3.500 millones de pesos que se transfirieron a Vanessa Rojas, esposa de «Tuto» Majana Pupo, cuñado de Turbay. Ese dinero habría financiado la campaña senatorial de Lidio García en 2018.
Esta no es corrupción de casos aislados. Es, como señala el jurista Alejandro Nieto en su obra «El desgobierno de lo público«, una práctica sistemática integrada en el funcionamiento del Estado. Es el nepotismo convertido en método, la captura del Estado elevada a política pública, la impunidad transformada en derecho adquirido.
El ciclo secreto: por qué la corrupción perpetúa la desigualdad
Colombia triplicó su PIB en los últimos 30 años, según datos de CEPAL. Sin embargo, según el índice Gini del Banco Mundial, es uno de los países más desiguales del mundo. Esta paradoja no es casualidad: es el resultado directo de un modelo donde la corrupción no es un obstáculo al desarrollo, sino el mecanismo mediante el cual se distribuye (o más bien, se concentra) la riqueza.
Transparencia por Colombia documentó que entre 2016 y 2022, los casos de corrupción involucraron cerca de $140 billones de pesos. De estos, se perdieron $21,28 billones y solo se recuperaron poco más de 9 billones. Los sectores más afectados fueron defensa, justicia y educación, precisamente aquellos fundamentales para el fortalecimiento del Estado y el progreso social.
En ese mismo periodo, la niñez fue el grupo poblacional más afectado en casi una cuarta parte de los casos identificados. Mientras políticos como Lidio García y sus colegas liberales Karina Espinosa, Alejandro Vega Pérez, Fabio Amín y Laura Fortich, todos con investigaciones abiertas por diversos casos de corrupción, aspiran a reelegirse, hay niños en La Guajira muriendo de desnutrición porque los recursos del PAE fueron desviados.
Esta es la conexión perdida que el sistema se esmera en ocultar: cada peso robado es una oportunidad perdida para cerrar la brecha de desigualdad. Cada contrato amañado es un servicio público que no llega. Cada acto de corrupción es una sentencia de pobreza perpetua para quienes más necesitan.
El sistema silencioso: la complicidad que sostiene la impunidad
Pero el problema no es solo el corrupto. Es el votante que lo justifica porque «al menos hace algo«. Es el empresario que financia campañas a cambio de contratos futuros. Es el ciudadano que normaliza la frase «todos roban, pero este me ayuda«. Es la sociedad que convirtió la corrupción en paisaje.
Lidio García fue el senador más ausente en 2024, con 44 inasistencias que representan el 63% de las sesiones del segundo semestre. Sin embargo, fue reelegido Presidente del Senado. ¿Por qué? Porque en Colombia no importa la competencia ni la ética. Importa la maquinaria política, el control territorial, la capacidad de repartir favores.
García controla alcaldías, concejales y puestos clave en la Gobernación y Alcaldía de Cartagena a través de aliados y familiares. Su primo Dumek Turbay es alcalde de Cartagena, su hermano es diputado del departamento, su primo «Tuto» Majana juega papeles clave en su entramado. Esta no es política: es feudalismo moderno donde los territorios se heredan y los recursos públicos se administran como haciendas privadas.
El aforamiento, la lentitud procesal calculada, la politización de la administración pública, la ausencia de control ciudadano efectivo, todo está diseñado para proteger a esta élite. Como documenta corrupcionaldia.com en su análisis de las 80 capturas por corrupción en Antioquia, el sistema funciona capturando funcionarios menores mientras los grandes operadores permanecen intocables.
Lidio García a la cabeza de los investigados por corrupción
Quizás el más cuestionado de todos de los candidatos liberales al Senado sea Lidio García Turbay, actual presidente del Senado para el periodo 2025-2026, y quien ha enfrentado diversas investigaciones y cuestionamientos a lo largo de su carrera política, principalmente vinculados a parapolítica, corrupción administrativa y presuntas irregularidades en sus campañas.
En 2012, alias «Antonio» (Edgar Fierro), exjefe paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, acusó a García de tener relaciones con el grupo armado. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia archivó esta investigación penal en mayo de 2022 tras diez años de indagaciones, al no encontrar pruebas contundentes que vincularan al senador con dicha organización.
García aún está siendo investigado por un presunto plan para quedarse de manera corrupta con la Contraloría de Cartagena en 2016. Esta investigación llevó a que en 2022 renunciara a la comisión del Congreso encargada de definir el listado para elegir al Contralor nacional.
Nubia Fontalvo se posesionó como contralora de Cartagena el 8 de enero de 2016, luego de obtener 14 de 19 votos posibles en el Concejo de la ciudad. Antes de eso, en 2011 fue aspirante a la Alcaldía de Cartagena por el partido Mira, directora del Centro de Conciliación y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía y gerenció el Mercado Público de Bazurto de Cartagena. El 18 de enero de 2016, diez días después de su elección como contralora, nombró a Jesús María Caballero García como secretario general de la Contraloría Distrital. Es decir, al primo hermano de Lidio García Turbay, quien tenía la capacidad de controlar los aspectos más importantes del órgano de control de la capital de Bolívar.
Semanas después de nombrar al primo de Lidio García como su mano derecha, una red de veedores de Cartagena presentó una denuncia penal contra los 14 concejales de la ciudad que votaron a favor de Nubia Fontalvo, “al haber elegido como controlara a una persona que no superó el examen previsto en la Convocatoria Pública, ni mucho menos, alcanzó los porcentajes necesarios para ser incluida en la terna respectiva, además de defraudar las reglas de la convocatoria pública y normas de rango constitucional y legal”. De acuerdo con los veedores, Fontalvo obtuvo un resultado del 70% en las pruebas de conocimiento, cuando el mínimo exigido era de 80%.
Dumek Turbay, primo y aliado
De otra parte, en el año 2017, el 20 de diciembre a la empresa mixta Aguas de Bolívar, se le adjudicó mediante la resolución 133 al consorcio Virgen del Carmen, el contrato de construcción del alcantarillado de este municipio, por un valor de $56.076.901.443 pesos, con un plazo de ejecución de 17 meses.
El contrato de obra fue suscrito el 3 de enero del 2018, entre el representante legal del consorcio Guillermo Gabriel Quintero Márquez, -integrado por las empresas JV Ingenieros y Construcciones SAS (35%), Construcciones y Pavimentos LTDA CIP (35%), Excavaciones Obepa SL Sucursal en Colombia (15%) y VHA Empresa Constructora S.A. (15%)- y Miguel Eduardo Torres Scaff, gerente de Aguas de Bolívar y quien es primo del entonces gobernador del departamento de Bolívar, Dumek Turbay.
Su culminación estaba prevista para el 4 de octubre del 2019, sin embargo, las obras se iniciaron a finales de febrero del 2018, según denunciaron varios veedores. Tras cumplir con 12 prorrogas, aún las obras no han culminado.
El asunto es que una reciente solicitud de investigación a la Corte Suprema de Justicia, por posible corrupción con plata del alcantarillado de El Carmen de Bolívar, tiene con los reflectores al senador gavirista Lidio García, y a su primo, el exgobernador Dumek Turbay, oriundos de esa población de los Montes de María, y cuyo caudal político y económico, se ha fortalecido durante la última década en este departamento.
La Fiscalía tiene sólidos indicios de que, en las elecciones del 2018, el liberal Lidio García, quien fue cabeza de la lista, financió su campaña al Congreso con parte de los $56.506 millones iniciales destinados por la Gobernación de Bolívar para la construcción del alcantarillado del Carmen de Bolívar.
Incluso en el 2018, el entonces alcalde de Cartagena William Dau denunció ante la Fiscalía que la campaña al Senado de Lidio García de ese año había sido financiada con plata pública, bajo la anuencia de su primo gobernador.
Según la Fiscalía, la plata se cobró a través de siete cheques que se descontaron de los $56.506 millones por los que la Gobernación, inicialmente, contrató en 2017 el alcantarillado de El Carmen. Dos años después, el Departamento le adicionaría más recursos a esa obra aún inconclusa.
Dau denunció en aquel momento que de ese contrato salieron $3.000 millones para la campaña liberal, mientras que el documento judicial firmado por el fiscal de la Dirección Especializada de Lavado de Activos —y citado por Revista Cambio— detalla que se usaron, al menos, $3.500 millones para la aspiración de Lidio García al Senado.
También se le han cursado investigaciones por presunta compra de votos destacando el «acaparamiento de tierras y compra de votos» en la región de Bolívar.
En efecto en mayo de 2025, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) denunció que al menos uno de cada tres congresistas tiene relaciones con baldíos de la nación. Uno de los ocho casos denunciado por la ANT sobre acaparamiento de predios baldíos está relacionado con el senador García.
Se trata de un predio en San Juan de Nepomuceno (Bolívar), según el certificado de tradición y libertad, de nombre La Viche y con una extensión de 243 hectáreas. El 26 de agosto de 2020 el senador García compró la finca La Viche por un valor de 830 millones de pesos a un señor de nombre Leyton Leonel Bustillo Martínez. El señor Bustillo había comprado ese predio en 2019 por $10 millones de pesos al Banco Agrario. Según Andrés Fuerte, asesor de la ANT, la investigación al predio de García se basa en una sentencia del Juzgado de El Carmen (Bolívar) que le adjudicó esa tierra a Marcos Mercado en 1954 y quien lo ocupó hasta 2007, cuando lo vendió al Banco Agrario por $10 millones de pesos. “Lidio lo compró en 2020, pero el origen del predio es una sentencia y ahí está la irregularidad porque en caso de los baldíos solo la ANT puede otorgar la titularidad de la tierra, no un juez”.
Uno de los temas que deberá establecer la ANT durante el proceso de investigación será si sobre el predio La Viche existen huellas del conflicto armado.
Karina Espinosa
En cuanto a Karina Espinosa Oliver ha sido mencionada en investigaciones recientes relacionadas con presuntos hechos de corrupción.
A principios de 2025, el nombre de Karina Espinosa fue salpicado en un presunto esquema de corrupción en el Instituto Nacional de Vías (Invías), que involucraría a unos 28 congresistas, según investigaciones de la Fiscalía General de la Nación solicitadas a la Corte Suprema de Justicia.
Así mismo Informes de finales de 2024 e inicios de 2025 vincularon a la congresista sucreña en el presunto escándalo de coimas relacionado con contratos de infraestructura.
E informes de julio de 2025 indican que existe una investigación en curso contra la senadora Espinosa en el marco de un presunto desfalco relacionado con el Invías.
Es importante destacar que estas informaciones se basan en investigaciones preliminares y solicitudes de la Fiscalía a la Corte Suprema, y hasta la fecha, no se ha reportado una sentencia judicial definitiva en contra de la senadora.
Amín Saleme heredero de otro parapolítico
Otro que quiere mantener su curul por el Partido Liberal es el senador Fabio Amín Saleme, a quien la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia le decretó la práctica de pruebas para avanzar en una investigación que se sigue en su contra por supuestos vínculos con paramilitares.
Los avances en este proceso han sido de tal importancia que incluso, el ex comandante paramilitar Salvatore Mancuso ya rindió testimonio sobre estos hechos.
Amín Saleme llegó en 2006 al Congreso, cuando de la mano del entonces senador cordobés Juan Manuel López Cabrales, condenado por parapolítica, llegó a la Cámara de Representantes. Allí estuvo hasta 2018 y en ese año se convirtió senador hasta 2022 y luego fue reelegido. El 20 de julio de 2026 cumple su segundo periodo en el Senado y actualmente hace campaña para buscar una tercera legislatura.
En junio de 2023, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra 19 congresistas del Partido Liberal, incluyendo a Amín, por supuestas irregularidades y cuotas burocráticas en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), caso que involucró al exdirector Gilberto Rondón.
Según el portal Cuestión Pública el senador mantiene conexiones con personas investigadas por corrupción en la región, incluyendo una transacción inmobiliaria en 1994 con Edwin Preciado Lorduy, exsecretario de Salud de Córdoba.
Jaime Durán Barrera ha sido señalado por presuntamente direccionar recursos y tener vínculos con contratistas cuestionados en Santander, como Fredy Anaya.
Su nombre apareció en investigaciones relacionadas con la contratación en la Unidad de Víctimas y otros organismos estatales, siendo acusado de mantener redes de clientelismo en la región.
Además su nombre salió a relucir en febrero del 2020, en el escándalo de tráfico de influencias que le costó el puesto al entonces director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Miguel Morelli.
Según las denuncias de entonces Morelli habría favorecido a Durán Barrera con millonarios contratos desde esa entidad. Y dijo en su momento que «Yo soy Liberal y no tengo nada que ver, y con contratos mucho menos».
Laura Fortich, el reemplazo de Álvaro Ashton
Finalmente Laura Fortich Sánchez es señalada de «heredera» del excongresista Álvaro Ashton, capturado y condenado por nexos con paramilitares.
Fue electa senadora para el período 2018-2022 sin haber participado de elecciones anteriormente. Su esposo es David Ramón Ashton, diputado del Partido Liberal en Atlántico y sobrino de Álvaro Ashton. A pesar no haber hecho política antes, Cuestión Pública encontró que Fortich cuenta con importantes apoyos políticos, como el de su esposo, David Ashton Cabrera y su cuñado, Juan Carlos Ashton Cabrera, quien hizo aportes a su campaña. Actualmente, Juan Carlos, David y Laura son representantes de la inmobiliaria Ashfor Colombia.
Ha sido incluida en plataformas de investigación como Cuestión Pública por su red de apoyo y procesos asociados a la dinámica del Partido Liberal en el Caribe.
La lógica invisible: por qué seguimos eligiendo a los mismos
Lidio García obtuvo 175 mil votos en 2022, la séptima votación más alta del Senado. No fue un error del sistema: fue el sistema funcionando perfectamente. Esos 175 mil votos no representan apoyo a la corrupción, representan algo más complejo y peligroso: la normalización de la desigualdad como destino inevitable.
El corrupto colombiano ha aprendido a vender su saqueo como gestión, su nepotismo como liderazgo, su impunidad como experiencia. Y lo hace porque funciona. Porque en un país donde el 42,5% de los más de 48 millones de habitantes experimentan necesidades básicas insatisfechas, las migajas del corrupto parecen mejor opción que las promesas del honesto.
Esta es la lógica invisible que sostiene el sistema: la desigualdad genera desesperación, la desesperación genera tolerancia a la corrupción, la corrupción perpetúa la desigualdad. Es un círculo perfecto, autosostenible, donde el corrupto no necesita ser inteligente. Solo necesita que la sociedad esté lo suficientemente derrotada como para aceptar que perder es su destino natural.
La verdad oculta: lo que nadie quiere admitir
Cuando en 2016 Nubia Fontalvo fue elegida contralora de Cartagena con 14 de 19 votos del Concejo, a pesar de no cumplir el puntaje mínimo requerido, y diez días después nombró como secretario general a Jesús María Caballero García, primo hermano de Lidio García, no fue casualidad. Fue cálculo. Cuando semanas después una red de veedores denunció la irregularidad y la Fiscalía olvidó compulsar copias a la Corte Suprema durante años, no fue incompetencia. Fue sistema.
El caso se archivó en 2022 cuando Lidio ya había sido presidente del Senado una vez y se preparaba para serlo nuevamente. Esto es lo que nadie quiere admitir: en Colombia, la corrupción no es el problema. Es la solución que las élites encontraron para mantener sus privilegios en medio de la desigualdad estructural.
Por eso Lidio García y sus colegas liberales investigados aspiran tranquilamente a la reelección. Por eso Transparencia por Colombia reporta que 2025 será un año crucial donde el país debe decidir si «las instituciones y la sociedad civil están preparados para lograr y exigir un cambio real». Por eso la desigualdad en Colombia no mejora a pesar del crecimiento económico.
Conexión perdida: recuperar lo que la corrupción nos robó
La corrupción no solo roba dinero. Roba futuro, roba dignidad, roba la posibilidad de construir una sociedad donde el esfuerzo importe más que los contactos, donde el mérito valga más que el apellido, donde lo público realmente sirva al público.
Cada vez que un político corrupto es reelegido, se envía un mensaje devastador: en Colombia, la honestidad es para ingenuos. Cada vez que un empresario financia a un corrupto conocido, se refuerza la idea de que la ética es un lujo que solo los ricos pueden permitirse. Cada vez que un ciudadano justifica al ladrón porque «al menos hace algo», se normaliza la idea de que la dignidad se negocia.
El caso de Lidio García y los liberales corruptos que aspiran a reelegirse no es excepcional. Es paradigmático. Representa todo lo que está mal en Colombia: la captura del Estado, el nepotismo institucionalizado, la impunidad como derecho, la desigualdad como política, y sobre todo, una sociedad que aprendió a perder con tanta frecuencia que ya ni siquiera recuerda cómo se siente ganar.
Llamada a la reflexión
El corrupto no gana porque sea más fuerte. Gana porque muchos ya se rindieron. Gana porque en vez de exigir transparencia, preferimos miniganancias. Gana porque mientras la dignidad se venda barata, el poder siempre se llevará todo.
La pregunta no es si Colombia puede cambiar. La pregunta es si los colombianos están dispuestos a dejar de ser espectadores de su propio saqueo y convertirse en protagonistas de su recuperación. Porque mientras sigamos eligiendo a los mismos, seguiremos obteniendo lo mismo: una desigualdad que no solo explica la corrupción, sino que la garantiza, la perpetúa y la convierte en modelo de negocio sostenible.
¿Cuántos Laura Fortich Sánchez más necesitamos ver en el poder antes de entender que el sistema no va a cambiar solo? ¿Cuántos billones más tenemos que perder antes de reconocer que la corrupción no es inevitable, es elegida? ¿Cuántos niños más deben morir de hambre mientras sus verdugos celebran en parranda vallenata?
La respuesta está en el espejo. Y es incómoda, dolorosa, pero necesaria: el corrupto sigue ganando no porque el sistema lo proteja. Sigue ganando porque nosotros, con nuestro voto, con nuestro silencio, con nuestra complicidad, se lo permitimos.
