Mientras 450 clínicas privadas reciben el 80% de los recursos en 90 días, los hospitales públicos agonizan esperando hasta 270 días por pagos que nunca llegan
El agua que la Contraloría descubrió que moja
La Contraloría General de la República acaba de revelar algo que cualquier colombiano con dos dedos de frente ya sabía: el sistema de salud está diseñado para robar. Pero ahora, con números que ni los más cínicos defensores del modelo pueden ignorar, el órgano de control pone en evidencia la madre de todas las desigualdades: casi el 80% de todos los recursos del sistema se concentran en no más de 450 IPS privadas, la mayoría vinculadas a las EPS mediante integración vertical, que reciben pagos en máximo 90 días, mientras el resto de prestadores debe esperar entre 150 y 270 días, o simplemente nunca ver un peso.
¿Sorprendidos? No deberían. Esta es la misma desigualdad que permite que unos pocos se enriquezcan mientras el país se desangra. La misma que explica por qué la deuda con los hospitales públicos pasó de $12,5 billones en 2024 a $16,28 billones entre enero y septiembre de 2025: un aumento del 30% en apenas nueve meses. Y todo esto mientras el giro directo de la ADRES aumentó un 27,2%. ¿Dónde quedó ese dinero? En los bolsillos correctos, por supuesto.
Pero vayamos más allá de los titulares que solo rascan la superficie. Esto no es un problema de «ineficiencia administrativa» ni de «falta de recursos«. Es un sistema diseñado deliberadamente para que unos pocos se apropien de recursos públicos mientras millones de colombianos sufren las consecuencias.
El mecanismo invisible: así opera la máquina de robar
La integración vertical es el nombre elegante que le pusieron al saqueo sistemático. Funciona así: una EPS crea o adquiere sus propias clínicas, laboratorios, farmacias, lavanderías, empresas de alimentos y servicios diagnósticos. Luego, cuando el Estado le gira los recursos para atender a sus afiliados, la EPS contrata —sorpresa— con sus propias empresas. Es como sacar dinero del bolsillo izquierdo para depositarlo en el derecho, con la diferencia de que el dinero es de todos los colombianos y el bolsillo derecho es privado.
En 2025, los prestadores privados recibieron el 67,7% de los recursos del giro directo, mientras que los hospitales públicos solo accedieron al 23,2%. Esta no es una «distribución inequitativa«, como la llama pudorosamente la Contraloría. Es un robo con todas las letras.
Y aquí viene lo realmente perverso del sistema: las clínicas y IPS que pertenecen a las EPS reciben pagos en tiempo récord —máximo 90 días—, mientras los hospitales públicos, que atienden a las poblaciones más vulnerables en los rincones más apartados del país, deben esperar hasta 270 días o, en muchos casos, nunca reciben el pago completo.
Un estudio de la Universidad Nacional encontró que los sobrecostos en medicamentos adquiridos por las EPS pueden oscilar entre el 13% y el 231%. ¿Cómo es posible? Porque cuando la EPS le compra a su propia farmacéutica, no hay competencia, no hay control de precios, no hay nada que impida inflar los costos hasta niveles grotescos. Y todo con dinero público.
Los actores del saqueo y la reforma que asesinaron
Aquí los nombres propios importan. La deuda de las seis EPS con mayores obligaciones creció un 42% entre 2024 y 2025, pasando de $4,5 billones a $6,4 billones. En la lista de las grandes deudoras aparecen: Nueva EPS, que con más de 11 millones de afiliados es la mayor del sector; Sabia Salud de Antioquia; Asmet Salud del suroccidente; y Comparta, que ya está en proceso de liquidación.
Nueva EPS merece mención especial. Está bajo intervención estatal desde abril de 2024 y no ha presentado estados financieros desde 2023. Durante años estuvo bajo la administración de la familia Vargas Lleras y Nohemí Sanín, acumulando deudas millonarias mientras sus hospitales propios recibían pagos prioritarios.
Y aquí llegamos al nudo del problema: la reforma a la salud que proponía eliminar la integración vertical y establecer el giro directo cronológico por radicación —es decir, pagar a todos por igual según el orden de facturación— fue hundida en el Senado en 2024. Los mismos senadores que durante décadas han recibido financiación de las EPS para sus campañas se negaron siquiera a debatirla.
Como lo denunció el portal Sur.org.co: «El proyecto de reforma fue hundido porque ni las EPS ni los banqueros iban a permitir que se les acabara el lucrativo negocio de la salud privatizada, receptoras de cientos de miles de billones de pesos de los recursos públicos«. Los congresistas archivaron el proyecto hasta el último minuto del último día de la legislatura para hundirlo sin debate, violando todos los procedimientos reglamentarios.
¿Las consecuencias? En 2024, los hospitales públicos facturaron $18,8 billones pero solo recibieron pagos por $15,7 billones (84%). Entre enero y septiembre de 2025, la situación empeoró: se facturaron $16,3 billones y se pagaron únicamente $12,6 billones (77%). Una caída de 7 puntos porcentuales en menos de un año.
El impacto real: cuando los números tienen nombre
Detrás de cada billón de pesos que no llega a los hospitales públicos hay historias humanas. Hay cirugías canceladas, tratamientos interrumpidos, personal de salud sin pagar, medicamentos agotados, camas cerradas.
El sistema de salud pública enfrenta una situación financiera sin precedentes, y las cifras lo confirman. Los hospitales públicos de todos los niveles de complejidad registraron caídas en el recaudo entre 2024 y 2025:
- Nivel I (hospitales básicos en zonas rurales): caída del 85% al 81% en pagos recibidos
- Nivel II (hospitales de mediana complejidad): descenso del 80% al 74%, el peor desempeño
- Nivel III (hospitales de alta complejidad): disminución del 87% al 76%
Los hospitales de alta complejidad, que atienden los casos más graves y costosos, están viendo comprometida su sostenibilidad. Pero los más afectados son los de nivel II, que constituyen la columna vertebral del sistema en ciudades intermedias y que ahora operan recibiendo apenas tres cuartas partes de lo que facturan.
El contralor delegado para la Salud, Julián Niño, advirtió que se pueden estar viendo hospitales y servicios cerrados, disminuciones en talento humano y afectaciones a la cadena de suministros. Y agregó algo crucial: «Es importante recordar la importancia especial que tiene la red pública en las zonas apartadas de Colombia, donde hay mucha menor oferta hospitalaria».
En otras palabras: mientras Colsanitas, Clínica del Country y las grandes IPS privadas de Bogotá, Medellín y Cali reciben sus pagos completos en tiempo récord, los hospitales de Guainía, Vichada, Chocó y Putumayo —los únicos lugares donde hay atención en salud— están quebrando.
El sistema que lo permite: anatomía de la impunidad
Este desastre no es producto del azar ni de la incompetencia. Es el resultado predecible de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos a costa de todos.
Desde 2022 hasta marzo de 2025, la Contraloría ha abierto 522 procesos de responsabilidad fiscal por más de $11 billones de pesos, además de 111 imputaciones y 41 fallos fiscales ejecutoriados. Estas cifras demuestran que la captura indebida de recursos ha sido sistemática, no accidental.
Y aquí viene lo más indignante: hay $2,71 billones de pesos girados por la ADRES a las EPS que no fueron reportados en sus estados financieros. No hay claridad sobre su uso o destino. Más preocupante aún: entre 2020 y 2024 se han acumulado $15,79 billones sin trazabilidad, de los cuales $4,22 billones corresponden solo a 2024.
Traducción: billones de pesos del dinero de todos los colombianos simplemente desaparecieron. No hay facturas, no hay registros, no hay explicación. Y nadie ha ido a la cárcel.
La Superintendencia de Salud, encargada de vigilar y controlar a las EPS, respondió al último llamado de la Contraloría con una carta que resume perfectamente el problema: dijeron que «no tienen competencia» para intervenir. Es decir, el órgano creado específicamente para supervisar el sistema dice que no puede hacer nada. La Contraloría señaló que las medidas adoptadas por la Superintendencia han sido insuficientes e ineficaces, confirmando el riesgo de pérdida de recursos públicos.
La filosofía de la desigualdad
Desde hace 20 años, expertos y conocedores del sistema han advertido que la integración vertical afecta la libre competencia y permite compras a precios inflados. Pero hay algo más profundo aquí: estamos ante un sistema que naturaliza la desigualdad como principio operativo.
Cuando 450 IPS privadas reciben el 80% de los recursos mientras 4.000 hospitales públicos se reparten el 20% restante, no estamos hablando de un error de distribución. Estamos ante una filosofía política que considera que unos ciudadanos merecen atención rápida, completa y de calidad, mientras otros deben conformarse con las migajas.
Esta es la misma lógica que alimenta toda la corrupción en Colombia: la idea de que existe una élite con derecho a apropiarse de los recursos colectivos, y una masa que debe agradecer lo poco que le toca. La integración vertical no es solo un mecanismo económico; es la expresión institucional de un país que acepta la desigualdad como destino.
El ciclo que se perpetúa
¿Por qué persiste este sistema? Porque quienes tienen el poder para cambiarlo son los mismos que se benefician de él.
En 1993 Colombia tenía 157 EPS activas. Hoy quedan solo 28. ¿Qué pasó con las 129 EPS que desaparecieron? Se las liquidó, pero antes dejaron deudas millonarias con los hospitales. Las 100 primeras EPS liquidadas entre 1993 y 2018 dejaron una deuda de $27 billones con clínicas y hospitales públicos. Los responsables nunca pagaron. Nunca fueron a la cárcel. Muchos siguen en el negocio de la salud, ahora con otras empresas.
Este es el ciclo secreto de la corrupción en Colombia: empresas privadas reciben recursos públicos, los desvían mediante esquemas como la integración vertical, quiebran dejando deudas impagables, y los responsables salen libres para repetir el ciclo con nuevas empresas. Mientras tanto, el Estado —es decir, todos nosotros— asume las pérdidas.
El riesgo sistémico del sistema de salud muestra una tendencia al alza. La probabilidad de una crisis general pasó del 30% en 2019 al 49,5% en 2024, y podría alcanzar el 60,4% en 2026 si no se implementan correctivos estructurales. Es decir, tenemos más del 60% de probabilidades de que todo el sistema colapse en los próximos meses.
La solución que asesinaron
La reforma a la salud hundida en 2024 proponía medidas específicas para resolver estos problemas:
- Giro directo cronológico por radicación: todos los prestadores recibirían pagos en el mismo orden en que presentan sus facturas, sin privilegios para las IPS de propiedad de las EPS.
- Eliminación gradual de la integración vertical: prohibición de que las EPS contraten con sus propias IPS, especialmente en segundo y tercer nivel de complejidad.
- Trazabilidad total de recursos: sistemas de información que permitieran seguir cada peso desde que sale de la ADRES hasta que llega al prestador.
- Fortalecimiento de la red pública: priorización en la contratación de hospitales públicos, especialmente en zonas apartadas.
Estas medidas habrían resuelto el problema. Pero los senadores que reciben financiación de las EPS para sus campañas se aseguraron de que nunca se debatieran.
Como lo señaló el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X tras el hundimiento de la reforma: «Fueron ellos los que mataron su propia gallina de los huevos de oro con sus prácticas corruptas«. Pero la gallina muerta es el sistema público de salud, y los huevos de oro siguen siendo para las mismas élites de siempre.
La pregunta que incomoda
La Contraloría advirtió que las demoras en los giros incrementan el riesgo de desfinanciamiento institucional, afectan la eficiencia en el uso de los recursos públicos y pueden derivar en mayores presiones fiscales futuras para el Estado. En otras palabras: este desastre eventual le costará al país mucho más de lo que se está robando hoy.
Pero hay una pregunta más incómoda: ¿hasta cuándo vamos a permitir que 450 empresas privadas se apropien del 80% de los recursos de salud mientras los hospitales que atienden a los más pobres quiebran?
La respuesta, hasta ahora, parece ser: indefinidamente. Porque la misma clase política que permite el saqueo es la que controla el Congreso, los medios de comunicación y el relato público. Y porque los colombianos, acostumbrados a la resignación, seguimos creyendo que «todos son iguales» y que no hay nada que hacer.
La radiografía del poder oculto
Lo que la Contraloría ha puesto en evidencia no es solo un problema técnico de flujo de recursos. Es la radiografía completa de cómo funciona el poder en Colombia: con desigualdad estructural, impunidad garantizada y complicidad institucional.
Cuando el órgano de control dice que los hospitales públicos reciben solo el 23,2% de los recursos mientras las IPS privadas se quedan con el 67,7%, no está describiendo una distribución desigual. Está mostrando un sistema de clases aplicado a la salud: primera clase para los hospitales integrados verticalmente a las EPS, tercera clase para los hospitales públicos que atienden a los más pobres.
La pregunta no es si hubo corrupción. La pregunta es si vamos a seguir permitiéndola. Porque cada peso que se queda en los bolsillos equivocados es una cirugía que no se hace, un medicamento que no se entrega, una vida que no se salva.
El costo real de la impunidad
La desigualdad en el sistema de salud no es un efecto colateral. Es el objetivo. Un sistema diseñado para concentrar recursos en pocas manos mientras mantiene a la mayoría en la precariedad.
Y mientras escribo esto, en algún hospital de Guainía o Chocó hay un niño esperando una cirugía que nunca llegará porque el hospital no tiene recursos. Pero en Bogotá, la Clínica Colsanitas acaba de recibir otro giro de cientos de miles de millones. En 90 días. Puntual.
Eso es la corrupción en Colombia. No la que sale en los titulares con políticos detenidos y contratos sospechosos. La otra. La estructural. La que mata en silencio mientras todo el mundo mira hacia otro lado.
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