Entre sanciones de la Contraloría, obras inconclusas y promesas vacías, José Elias Chams Chams muestra cómo la falta de transparencia y la ineficiencia administrativa perpetúan el círculo vicioso de la corrupción estructural en los municipios colombianos
Ahora estamos en Sabanalarga, en este recorrido por los municipios del Atlántico, analizaremos la gestión del alcalde José Elias Chams Chams. Como hemos venido haciendo, realizaremos un análisis de la gestión realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
Más allá de los titulares y los comunicados oficiales, la verdad sobre Sabanalarga emerge desde las sombras de una gestión que combina promesas grandilocuentes con una realidad marcada por la opacidad administrativa, las sanciones de los órganos de control y el incumplimiento sistemático de compromisos básicos. Mientras el alcalde José Elias Chams Chams presume de un “segundo mandato exitoso” —regresó al cargo tras gobernar entre 2016 y 2019—, los habitantes de este municipio de más de 100.000 personas siguen esperando soluciones reales a los problemas que los aquejan desde hace décadas.
La historia de Sabanalarga no es única en el panorama colombiano, pero sí reveladora de cómo los mecanismos de impunidad y la resignación ciudadana se entrelazan para perpetuar un sistema donde los gobernantes actúan sin consecuencias reales. Este análisis va más allá de exponer actos aislados: busca desentrañar el sistema que los hace posibles y las ramificaciones que afectan directamente la vida de las comunidades.
El Mecanismo Expuesto: La opacidad como estrategia de gobierno
Cuando un alcalde ignora cuatro requerimientos consecutivos de la Contraloría General de la República, no estamos ante un “descuido administrativo”. Estamos frente a una estrategia deliberada de obstrucción que revela mucho más que simple negligencia. La Contraloría sancionó a Chams con aproximadamente $12 millones por no entregar información sobre la Auditoría de Cumplimiento realizada en 2024, por incumplir los compromisos de las mesas de trabajo y por ignorar las visitas técnicas a proyectos municipales.
Pero la multa económica es apenas la superficie. Lo que realmente importa es lo que esa opacidad oculta: obras públicas con fallas estructurales, proyectos suspendidos indefinidamente y una infraestructura que se desmorona mientras los recursos públicos fluyen hacia destinos inciertos. El mecanismo es simple pero efectivo: sin información, no hay rendición de cuentas; sin rendición de cuentas, no hay consecuencias; sin consecuencias, la corrupción prospera.
La Contraloría determinó hallazgos fiscales por $2.553 millones en la construcción de la Plaza Central y el mejoramiento de la Avenida Bogotá. En el proyecto de la Plaza Central, se identificó un hallazgo fiscal por $1.494 millones debido a que las obras ejecutadas no cumplen con las especificaciones técnicas y la finalidad para la cual fueron contratadas. ¿La respuesta de la Gobernación del Atlántico ante los interrogantes de la Contraloría? Silencio absoluto. ¿El resultado? Obras que no sirven para lo que se pagó, dinero que desapareció en el laberinto burocrático y ciudadanos que siguen sin las infraestructuras prometidas.
Los Actores y Sus Roles: El Círculo de la Impunidad
José Elias Chams Chams no es un novato en la política local. Este es su segundo período como alcalde, habiendo ocupado el cargo entre 2016 y 2019. En su momento, proclamó haber cumplido “todas las promesas de campaña” y gozar del respaldo popular por su “buena gestión”. Sin embargo, los hechos contradicen la narrativa. Ya en 2018, la Procuraduría le formuló cargos por irregularidades en la liquidación de un contrato de obras públicas. El patrón se repite: promesas grandiosas, ejecución deficiente, y cuando llegan las investigaciones, opacidad y obstáculos.
En septiembre de 2025, la Procuraduría abrió una nueva investigación disciplinaria contra Chams por presuntas irregularidades en el contrato de alumbrado público. Se le cuestiona por haber ordenado una revisión integral del contrato sin motivación suficiente, por reasignar funciones sin declaraciones previas de incumplimiento y —lo más grave— por suspender pagos pactados sin emitir acto administrativo previo ni adelantar procedimiento sancionatorio. En otras palabras: actuó como si las leyes y procedimientos administrativos fueran opcionales, tomando decisiones unilaterales que afectan contratos estatales millonarios.
El esquema es clásico pero efectivo: se presentan proyectos con fanfarria mediática, se adjudican contratos bajo procedimientos cuestionables, las obras se ejecutan con deficiencias o simplemente quedan suspendidas, y cuando los órganos de control preguntan, aparecen los muros de la burocracia y el silencio administrativo. Mientras tanto, los funcionarios involucrados disfrutan de salarios públicos y beneficios sin que nadie responda realmente por los recursos perdidos.
El Impacto Real: Cinco problemas principales, cinco promesas rotas
Durante las mesas de trabajo y sesiones descentralizadas de la Asamblea del Atlántico en julio de 2025, la comunidad de Sabanalarga expresó con claridad sus cinco problemas prioritarios. Comparemos las promesas del Plan de Desarrollo “Sabanalarga para el Mundo” 2024-2027 con la realidad de estos dos primeros años:
1. Seguridad Ciudadana: Entre el miedo y la inacción
Promesa del alcalde (enero 2024): “Esperamos que un buen porcentaje de los recursos de la tasa de seguridad sean invertidos en Sabanalarga.”
Realidad (noviembre 2025): El propio alcalde admitió públicamente sentirse “impotente” ante los hechos de inseguridad y criminalidad en el municipio. Tuvo que solicitar refuerzo militar para la zona rural. Los ataques armados se incrementaron, y la respuesta oficial es pedir ayuda externa porque las estrategias locales fallaron completamente.
Calificación: MEDIOCRE. El alcalde reconoce su fracaso, pero dos años después de asumir el cargo, la situación empeoró en lugar de mejorar. La estrategia se limitó a esperar recursos externos que nunca llegaron en la magnitud prometida.
2. Salud: Infraestructura en deterioro y servicios colapsados
Promesa del Plan de Desarrollo: Otorgar autonomía y alta complejidad al Hospital de Sabanalarga para convertirlo en referente regional.
Realidad: La diputada Alejandra Moreno denunció el deterioro de la red hospitalaria, especialmente de la ESE UNA, calificándolo como un “retroceso institucional”. El Hospital Departamental de Sabanalarga sigue sin la autonomía prometida. Los puestos de salud en corregimientos como La Peña continúan con infraestructura deficiente, y las obras de mejoramiento anunciadas por la Gobernación no han sido asumidas efectivamente por el municipio.
Calificación: MEDIOCRE. No solo no mejoró la situación, sino que retrocedió. La falta de control riguroso sobre las EPS y la ausencia de inversión municipal real en infraestructura hospitalaria evidencian una completa desatención al sector salud.
3. Infraestructura Vial y Servicios Públicos: Obras fantasmas y recursos perdidos
Promesa del Plan de Desarrollo: Mejoramiento integral de la infraestructura vial urbana y rural, canalizaciones de arroyos, y modernización del sistema de alumbrado público.
Realidad: El proyecto de canalización de arroyos (Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto), contratado por $10.700 millones, está inconcluso y sin información clara sobre su avance. La Plaza Central, con un hallazgo fiscal de $1.494 millones, tiene obras que no cumplen especificaciones técnicas. El Polideportivo Villa Olímpica, entregado en 2015, sigue sin prestar servicios y sin un esquema de administración. El Sistema Regional de Acueducto Rural para los corregimientos de Colombia y Molineros está suspendido indefinidamente por problemas administrativos y técnicos.
Calificación: MEDIOCRE. Los recursos se gastaron, pero las obras o no existen, o no funcionan, o están suspendidas. La falta de seguimiento y control por parte del alcalde permitió que interventorías y supervisiones fallaran sistemáticamente.
4. Educación: Infraestructura precaria y oportunidades limitadas
Promesa del Plan de Desarrollo: Mejoramiento de la infraestructura educativa y ampliación de cobertura en educación superior a través de la sede de la Universidad del Atlántico.
Realidad: Rectores de instituciones educativas manifestaron en sesión pública la necesidad urgente de mejorar la infraestructura escolar. Si bien la Universidad del Atlántico abrió su sede en Sabanalarga (logro del período anterior de la Gobernación, no de esta alcaldía), las instituciones de educación básica y media siguen con deficiencias estructurales. El Centro de Potencia Digital prometido apenas fue licitado, sin obras concretas iniciadas.
Calificación: REGULAR. Hay algunos avances mínimos, pero fundamentalmente derivados de inversiones departamentales, no de iniciativa municipal. La gestión local ha sido tibia y reactiva, no proactiva.
5. Medio Ambiente y Desarrollo Económico: Discursos vacíos y acción nula
Promesa del Plan de Desarrollo: Fortalecer proyectos de agroindustria para la población campesina, impulsar el ecoturismo y regular la pesca en el Embalse del Guájaro garantizando sostenibilidad ambiental.
Realidad: El alcalde mencionó en eventos públicos el “fortalecimiento de proyectos de agroindustria”, pero sin presentar resultados tangibles. La intervención en el Embalse del Guájaro, solicitada urgentemente por la comunidad, requiere coordinación con la CRA (Corporación Regional del Atlántico), pero no hay evidencia de gestión efectiva. El ecoturismo sigue siendo una palabra en documentos, sin infraestructura turística desarrollada ni rutas consolidadas.
Calificación: MEDIOCRE. Puras palabras, cero resultados. El desarrollo económico local sigue dependiendo de iniciativas individuales de campesinos y pequeños empresarios, sin el apoyo efectivo de la administración municipal.
El Sistema que lo Permite: Anatomía de la corrupción estructural
El caso de Sabanalarga no es aislado; es sintomático de un problema estructural que aqueja a la administración pública colombiana. Como señaló el profesor Alejandro Nieto en su obra “El desgobierno de lo público”, el Estado ha degenerado en una estructura dominada por la incompetencia y la falta de ética, secuestrado por partidos políticos, altos funcionarios y grupos de poder económico que han convertido el aparato administrativo en un obstáculo para la justicia, la eficacia y la equidad.
En Sabanalarga observamos todos los elementos de esta corrupción estructural:
- Impunidad sistemática: Las sanciones de los órganos de control son simbólicas. Una multa de $12 millones para un alcalde que maneja presupuestos de miles de millones es simplemente ridícula.
- Politización de la administración: Los cargos responden a criterios partidistas, no de mérito. La competencia técnica es opcional; la lealtad política es obligatoria.
- Falta de control efectivo: Los mecanismos de fiscalización existen en el papel, pero están cooptados o resultan ineficaces. Las interventorías no supervisan, las auditorías no sancionan y los procesos disciplinarios se eternizan.
- Burocracia ineficiente: Se aprueban proyectos contradictorios, se firman contratos sin seguimiento real y se perpetúan obras que nunca se terminan o que terminan sin servir para nada.
El alcalde Chams ejemplifica perfectamente esta dinámica: promete mucho, ejecuta poco, obstaculiza la fiscalización y, cuando lo cuestionan, simplemente guarda silencio o culpa a factores externos. Mientras tanto, continúa ejerciendo su cargo, cobrando su salario y preparando su próxima narrativa de “gestión exitosa”.
Indicadores de Gestión: La Verdad en Números
| Área Evaluada | Indicador Clave | Meta Plan Desarrollo | Resultado 2024-2025 | Calificación |
| Seguridad | Reducción de homicidios y delitos | Disminuir 20% | Incrementó (solicitud refuerzo militar) | 2/10 |
| Salud | Mejora infraestructura hospitalaria | Hospital con autonomía | Deterioro de servicios (denuncias públicas) | 2/10 |
| Infraestructura | Obras públicas completadas | Canalizaciones y vías | Hallazgos fiscales $2.553M, obras suspendidas | 1/10 |
| Educación | Mejora infraestructura escolar | Adecuación instituciones | Avances mínimos, inversión departamental | 4/10 |
| Desarrollo Económico | Proyectos agroindustriales ejecutados | Fortalecimiento sector agro | Discursos sin resultados tangibles | 2/10 |
PROMEDIO GENERAL: 2.2/10 — GESTIÓN MEDIOCRE
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Otra promesa rota
Colombia se comprometió con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para 2030. Sabanalarga, como todos los municipios, debe contribuir a su cumplimiento. Evaluemos el desempeño del alcalde Chams:
- ODS 3 (Salud y Bienestar): INCUMPLIMIENTO GRAVE. El deterioro de la red hospitalaria contradice directamente este objetivo.
- ODS 6 (Agua Limpia y Saneamiento): INCUMPLIMIENTO PARCIAL. El acueducto rural sigue suspendido, dejando a miles sin acceso a agua potable.
- ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura): INCUMPLIMIENTO GRAVE. Obras deficientes, proyectos suspendidos, recursos desperdiciados.
- ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles): INCUMPLIMIENTO PARCIAL. La seguridad empeoró, la infraestructura se deterioró.
- ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas): INCUMPLIMIENTO TOTAL. La opacidad administrativa, las sanciones de la Contraloría y Procuraduría, y la falta de transparencia atentan directamente contra este objetivo.
La gestión de Chams no solo incumple con las promesas locales, sino que también traiciona los compromisos internacionales de Colombia. Cada obra inconclusa, cada peso malversado, cada informe no entregado, es un paso atrás en el camino hacia el desarrollo sostenible.
El ámbito de lo criminal
Más allá de la ineficiencia administrativa, la gestión del alcalde José Elias Chams Chams configura los elementos típicos del delito de prevaricato por omisión, tipificado en el artículo 414 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000). Este artículo establece que «el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses«.
En el caso de Sabanalarga, la conducta delictiva se materializa en múltiples dimensiones: primero, la omisión sistemática de entregar información requerida por la Contraloría General de la República en cuatro ocasiones consecutivas, acto que constituye un desacato flagrante a los órganos de control del Estado; segundo, el retardo injustificado en la ejecución de proyectos de infraestructura vital como el Sistema Regional de Acueducto Rural, la canalización de arroyos y el mejoramiento de la infraestructura hospitalaria, obras que permanecen suspendidas o inconclusas sin justificación técnica ni administrativa válida; tercero, la denegación de facto de actos propios de sus funciones al no ejercer la supervisión debida sobre contratos que derivaron en hallazgos fiscales por $2.553 millones, ni al omitir la adopción de medidas correctivas frente a obras que no cumplen especificaciones técnicas.
La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que para la configuración del prevaricato por omisión se requiere el elemento doloso, es decir, que el servidor público actúe con pleno conocimiento de que está omitiendo, retardando o rehusando actos propios de sus funciones. En este caso, las múltiples advertencias de la Contraloría, las denuncias públicas de la comunidad en sesiones descentralizadas de la Asamblea del Atlántico, y los requerimientos formales de los órganos de control, demuestran que el alcalde Chams conocía perfectamente sus obligaciones legales y, no obstante, decidió deliberadamente incumplirlas.
No se trata, por tanto, de simple negligencia administrativa, sino de una conducta dolosa que atenta contra el principio de legalidad y el debido funcionamiento de la administración pública. Como ha señalado la doctrina penal colombiana, el prevaricato por omisión protege el bien jurídico de la correcta y eficaz administración pública, garantizando que los servidores públicos cumplan con sus deberes funcionales en beneficio de la colectividad. Al omitir sistemáticamente actos propios de sus funciones, el alcalde de Sabanalarga no solo incumplió sus obligaciones administrativas, sino que incurrió en una conducta típicamente antijurídica y culpable que merece el reproche penal del Estado. Esta gestión, por tanto, no es simplemente mediocre: es delictuosa, y como tal debería ser investigada y sancionada por la Fiscalía General de la Nación conforme a los procedimientos establecidos en el Código de Procedimiento Penal colombiano.
El Silencio Cómplice y la Esperanza Perdida
Mientras escribo estas líneas, José Elias Chams Chams sigue ejerciendo su cargo. Las investigaciones de la Procuraduría avanzan con la lentitud característica del sistema judicial colombiano. Las sanciones de la Contraloría son apenas un pellizco económico. Y la ciudadanía de Sabanalarga, como tantas otras en Colombia, oscila entre la indignación pasajera y la resignación permanente.
El verdadero problema no es solo la gestión mediocre de un alcalde. El problema es el sistema que permite, protege y perpetúa esta mediocridad. Es la impunidad institucionalizada. Es la falta de consecuencias reales. Es la ciudadanía que, agotada y desconfiada, ha dejado de creer que puede cambiar algo.
Pero la esperanza no puede morir, porque sin ella, la corrupción habrá ganado definitivamente. Los más de 100.000 habitantes de Sabanalarga merecen más que promesas vacías y discursos grandilocuentes. Merecen obras que funcionen, hospitales que curen, escuelas que eduquen, calles seguras y gobernantes que rindan cuentas.
La pregunta que deja esta investigación no es si hubo corrupción o incompetencia en Sabanalarga. La pregunta es: ¿hasta cuándo seguiremos permitiéndola? ¿Cuántas auditorías más harán falta? ¿Cuántas sanciones simbólicas? ¿Cuántas obras inconclusas? ¿Cuántos recursos desperdiciados?
El sistema no se cambia solo. Pero tampoco puede cambiar sin nosotros. Cada silencio cómplice es una injusticia perpetuada. Cada peso robado es una oportunidad perdida para quienes más lo necesitan. Y cada gobernante mediocre que termina su mandato sin consecuencias es una señal de que nada cambiará.
Sabanalarga es un espejo de Colombia. Y en ese espejo vemos reflejada nuestra propia complicidad con un sistema que nos roba el futuro, un voto a la vez, un contrato corrupto a la vez, un silencio cómplice a la vez.
La verdad no solo se lee, se siente. Y duele. Pero solo enfrentándola de frente podremos empezar a cambiarla.
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Nota del autor: Este análisis se basa en información pública disponible en medios de comunicación, documentos oficiales de la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, actas de la Asamblea del Atlántico y el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027 de Sabanalarga. Todas las afirmaciones están respaldadas por fuentes verificables. La calificación de “mediocre” se sustenta en el análisis objetivo de indicadores de gestión y el contraste entre promesas y realidades documentadas.
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