Por: Investigación Especial
"Cuando el silencio se vuelve norma y la muerte método, el periodismo ya no es un oficio sino un acto de resistencia"
LA CIUDAD QUE CALLAN
Es martes por la tarde en Barranquilla. El calor es sofocante, pero Carlos (nombre cambiado) no suda por el clima. Este periodista independiente acaba de recibir la tercera amenaza en un mes. «O dejas de preguntar o te callamos". El mensaje es simple. La intención, transparente.
«La UNP me dijo que espere tres meses para una respuesta. Nunca llamaron«, cuenta mientras esconde su grabadora en el bolsillo. «Mientras tanto, cada día tengo que decidir entre publicar la verdad o seguir vivo«. Esta no es una elección que debería enfrentar un periodista en una democracia.
Barranquilla vive una emergencia silenciada. 88 muertes violentas en el primer trimestre de 2025 no son estadísticas abstractas: son personas con nombres y familias. Son también el testimonio vivo de un Sistema Silencioso que perpetúa la impunidad en Colombia, donde los poderosos disfrutan de protección mientras quienes ejercen controles democráticos —como la prensa— quedan expuestos a la violencia.
EL PARAÍSO QUE NUNCA FUE
«Barranquilla y el Atlántico no es el paraíso de paz que venden algunos«, afirma Martín, profesor de un colegio en el sur de la ciudad. «Ya sacar el celular en la calle no se puede«. Lo dice mientras muestra los recibos de lo que él llama «el impuesto al miedo«: pagos mensuales a grupos armados para poder entrar a dar clases.
Un informe confidencial al que tuvimos acceso revela algo que las autoridades niegan públicamente: al menos 40% de las instituciones educativas en zonas periféricas de Barranquilla y su área metropolitana están sometidas a algún tipo de extorsión.
¿Dónde están los funcionarios electos para proteger a los ciudadanos? Probablemente en alguna rueda de prensa vendiendo la imagen de «La Puerta de Oro» como refugio de paz mientras la realidad sangra en los barrios que nunca aparecen en las postales turísticas.
LA MAQUINARIA DE LA INDIFERENCIA
La estructura de impunidad que Alejandro Nieto describió en «El desgobierno de lo público» opera con precisión quirúrgica en Barranquilla. No es casualidad que las instituciones encargadas de proteger a periodistas y denunciantes funcionen con la velocidad de un glaciar.
«Cuando denuncié las amenazas, me dijeron: tranquilo, en tres meses le respondemos. Jamás me llamaron«, relata Jorge, fotorreportero que documentó nexos entre políticos locales y grupos armados. Tres meses es suficiente tiempo para un funeral.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) se ha convertido en lo que un exfuncionario que pidió anonimato describe como «un monumento a la burocracia del desamparo«. Cuando solicitamos datos sobre tiempos de respuesta a solicitudes de protección para periodistas en Barranquilla, la entidad respondió que «esa información está en proceso de sistematización» —un eufemismo para decir que no quieren hacerla pública.
EL PRECIO DE CONTAR LA VERDAD
«Para los periodistas independientes, cada palabra publicada sobre la violencia se convierte en una posible sentencia«, explica María, comunicadora de una radio comunitaria. «Pero callar nos convierte en cómplices«.
Esta es la trampa perfecta: hablar puede costarte la vida; callar le cuesta la vida a otros.
Los mecanismos legales que deberían proteger a quienes informan están diseñados para fallar. El aforamiento de funcionarios públicos, la lentitud judicial y la corrupción institucional crean un escudo impenetrable para quienes, desde posiciones de poder, prefieren una prensa amordazada.
LA RED SUBTERRÁNEA QUE NADIE QUIERE VER
En Barranquilla opera lo que podríamos llamar una «Red Subterránea» de silenciamiento: funcionarios que miran hacia otro lado, instituciones que dilatan respuestas, jueces que postergan decisiones y ciudadanos atrapados entre el miedo y la resignación.
«Los mismos que inauguran obras públicas con bombos y platillos son quienes ignoran sistemáticamente las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo«, revela un funcionario de esta entidad quien, irónicamente, también pidió no ser identificado por temor a represalias.
La investigación revela cómo esta red opera:
- Las denuncias ingresan a un laberinto burocrático diseñado para desgastar al denunciante.
- Las respuestas se diluyen en «estudios de riesgo» que nunca concluyen.
- Los expedientes desaparecen en el limbo administrativo.
- Para cuando hay alguna reacción institucional, el daño ya está hecho.
LOS DOCENTES: OTRA VOZ QUE QUIEREN CALLAR
«Me dijeron que el 'impuesto' era para garantizar mi seguridad«, cuenta con amarga ironía Roberto, profesor de matemáticas en un colegio del suroriente de Barranquilla. «¿De quién me están protegiendo? De ellos mismos«.
Los docentes, al igual que los periodistas, están en la primera línea de resistencia contra la ignorancia y el miedo. No es coincidencia que ambos grupos estén bajo ataque.
Un registro no oficial documenta al menos 25 casos de maestros que han tenido que abandonar sus puestos en lo que va de 2025 debido a amenazas y extorsiones.
«Cuando un profesor abandona un aula por miedo, no solo pierde su trabajo; los estudiantes pierden su futuro«, reflexiona Martha, directora de un sindicato educativo local.
ROMPER EL CICLO SECRETO
La impunidad que protege a gobernantes y criminales en Barranquilla no es accidental. Es un «Ciclo Secreto» cuidadosamente mantenido:
- El poder político ignora deliberadamente la violencia en ciertos sectores.
- Los grupos criminales operan con libertad en estos vacíos.
- Las instituciones de protección fallan sistemáticamente.
- La ciudadanía resignada normaliza lo inaceptable.
- Los medios tradicionales evitan confrontar a los poderosos.
Romper este ciclo requiere más que buenas intenciones. Necesitamos:
- Eliminación del aforamiento para funcionarios públicos.
- Respuesta inmediata a denuncias de periodistas y docentes amenazados.
- Auditorías independientes de las instituciones de protección.
- Responsabilidad patrimonial para funcionarios que ignoren alertas tempranas.
- Protección real para denunciantes y testigos.
UN LLAMADO A LA ACCIÓN
La situación en Barranquilla no es solo una crisis de seguridad; es una crisis democrática. Cuando el miedo silencia a periodistas y docentes, la oscuridad avanza.
El llamado al presidente Gustavo Petro para declarar la conmoción interior en el departamento del Atlántico no es una exageración; es el reconocimiento de una emergencia que las autoridades locales han preferido ignorar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe intervenir urgentemente antes de que el silenciamiento se vuelva permanente.
No podemos esperar a que haya más cruces en el cementerio para reconocer lo evidente: Barranquilla y el Atlántico están secuestrados por una combinación letal de violencia criminal e indiferencia institucional.
Los vientos alisios que refrescan la ciudad no pueden llevarse también la verdad. La pregunta es si estamos dispuestos a ser espectadores o protagonistas del cambio que Barranquilla necesita.
