La Policía Metropolitana de Barranquilla oculta información mientras criminales salen en libertad, ¿coincidencia o estrategia?

En Barranquilla hay algo más letal que las balas de las bandas criminales: el silencio. Un silencio institucional que se ha vuelto política desde la llegada del general Edwin Urrego al comando de la Policía Metropolitana, justo cuando la ciudad enfrenta su peor crisis de seguridad y mientras casos emblemáticos colapsan en los juzgados. No es casualidad.

General Edwin Urrego

El arte de desaparecer homicidios

La escena es kafkiana: dos patrullas motorizadas presencian una riña que termina en homicidio durante el Carnaval. El hecho nunca existió en los informes oficiales. Se «tapó». Como si la muerte de un ciudadano fuera un dato estadístico incómodo que manchar las cifras de gestión.

El patrón se repite. La fuga de siete menores señalados de pertenecer a «Los Costeños» —una de las organizaciones criminales que tienen sitiada la ciudad— ocurrió el 3 de marzo. La Policía guardó silencio durante dos días. Cuando finalmente habló, ya era tarde. ¿Qué ocurrió en esas 48 horas de silencio institucional?

Mientras tanto, el caso de Simoney María Lujano Risco, alias «Nikita» o «Rosario Tijeras», presunta sicaria de 19 años y miembro de la misma banda criminal, ilumina la otra cara de esta moneda oxidada: fue capturada en flagrancia tras un tiroteo con la Policía, señalada de un homicidio, y aun así salió libre por vencimiento de términos.

Los hechos dibujan un sistema que parece diseñado para fallar: policías que no reportan crímenes y tribunales que no consiguen mantener tras las rejas a quienes son capturados con las manos en la masa.

Simoney María Lujano Risco

El «tapen tapen» como política de seguridad

«Para los altos mandos, solo existen los medios capitalinos», revelan fuentes periodísticas locales. La información fluye hacia Bogotá mientras se escatima a los barranquilleros. Es la nueva doctrina: lo que no se cuenta, no existe. Lo que no aparece en los titulares, no daña la imagen.

El general Urrego ha implementado, quizás sin saberlo, una macabra versión del principio de Schrödinger: el crimen que no se reporta existe y no existe simultáneamente. Está muerto y vivo a la vez. Para las estadísticas oficiales, muerto. Para las familias que lloran en Medicina Legal, dolorosamente vivo.

Una justicia de puertas giratorias

«Transcurridos 120 días desde la presentación del escrito de acusación no se ha iniciado la audiencia preparatoria de juicio«. Con esta frase técnica y burocrática, un juez devolvió a las calles a una presunta sicaria capturada en flagrancia.

Lujano Risco no salió libre porque se demostrara su inocencia. Salió porque el sistema judicial, ese laberinto de papeles y formalidades, no logró procesar su caso a tiempo. Un sistema donde los plazos son más sagrados que la justicia misma.

Los testimonios sobre su participación en el homicidio son contradictorios: algunos testigos aseguran que ella disparó; otros, que entregó el arma. Lo único cierto es que fue capturada tras un enfrentamiento armado con la Policía y que ahora camina libre.

Los ciudadanos: las verdaderas víctimas del sistema silencioso

La combinación es letal: policías que esconden información y jueces que liberan sospechosos por tecnicismos. Entre tanto, Barranquilla sigue sufriendo el azote de bandas como «Los Costeños«, que operan a sus anchas en una ciudad donde la información se convierte en mercancía escasa y la justicia en una promesa lejana.

«Tapando o escondiendo los hechos delictivos no se acabará la delincuencia», advierten medios locales. Pero el mensaje parece no encontrar receptores entre quienes toman las decisiones.

La pregunta que queda flotando en el aire caliente de Barranquilla es inquietante: ¿a quién beneficia este ciclo secreto de silencio policial y libertad judicial? Mientras la ciudadanía busca respuestas, las bandas criminales siguen operando, la Policía sigue callando, y los juzgados siguen vaciando sus celdas.

Los barranquilleros merecen más que esta trágica comedia de errores. Merecen información transparente y una justicia que no tenga como principal virtud la velocidad con la que libera a quienes apenas acaba de capturar.


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