El señalamiento lo hizo esta semana la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, al advertir que «los accionistas de la EPS Saludvida despidieron a sus empleados, bajaron los avisos, entregaron las llaves de sus oficinas, de los pocos activos que tenían y se fueron para sus elegantes casas».
Y se preguntan ¿quién va a pagar los $350 mil millones que quedó debiendo esa compañía a la red pública hospitalaria (facturas en especial del régimen subsidiado) en 17 departamentos del país?
Nadie, por lo que señala Acesi, pues el agente liquidador Darío Laguado Monsalve, hace apenas unos días expidió una resolución en la que simplemente indica que «…Declarar el desequilibrio financiero del proceso de liquidación forzosa administrativa de Saludvida S.A. EPS en liquidación… Declarar como insolutos los créditos reconocidos en las diferentes prelaciones oportunas, extemporáneos y pasivo cierto no reclamado, por el agotamiento total de sus activos, configurando un desequilibrio entre activos y los pasivos de la intervenida», o sea, no hay dinero para pagar a los acreedores.
Darío Laguado Monsalve
…Declarar el desequilibrio financiero del proceso de liquidación forzosa administrativa de Saludvida S.A. EPS en liquidación…
Pero no es la única que se irá sin pagar. Al examinar estos casos vemos que se ha vuelto costumbre que los liquidadores nombrados por la Supersalud, terminen declarando el desequilibrio financiero para no pagar las deudas que de jan las EPS.
El 15 de febrero pasado, el agente liquidador de Cafesalud EPS, también nombrado por la Supersalud, expidió la Resolución 003 de 2022, «Por medio de la cual … declara configurado el desequilibrio financiero de Cafesalud…».
Bernardo Useche, psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, PHD en Sexualidad Humana del IASHS de San Francisco, CA y PhD en Salud Pública de la Universidad de Texas en Houston, explicaba en marzo de este año que en Colombia, «la liquidación de una empresa de salud sigue un procedimiento calcado del sistema financiero en el cual se asimila la eliminación de la personería jurídica de la EPS a la defunción de una persona, cuyo fallecimiento implica que cesan todas las acciones legales que pudieran existir en su contra».
Tamaño descaro que permite que los manejos corruptos o irregulares al interior de las EPS, queden sin esclarecimiento y sin castigo, muy a pesar de que se trata de recursos públicos.
Y que, como diría alguien en palabras coloquiales, el “desequilibrio financiero” es una medida mediante la cual con la ley en la mano se “asaltan” las finanzas de las clínicas y hospitales públicos y privados del país. Solo en el caso de Cafesalud, el total de los pasivos es de un billón ochocientos cincuenta mil novecientos ochenta y ocho millones setecientos veintitrés mil seiscientos dieciséis pesos ($1.850.988.723.616).
Para los prestadores de salud, “esa platica se perdió”.
Revela además que el mismo 15 de febrero, el mismo agente liquidador expidió la Resolución en la que también declara el desequilibrio financiero de la EPS Cruz Blanca. En este caso dejarán de pagarse $243.684.095.730.
En cuanto a Coomeva, recientemente liquidada, se estima que sus pasivos están por el orden de los 1,7 billones de pesos. Comfacor fue liquidada el año anterior y declarado su desequilibrio financiero, y se espera el resultado de las liquidaciones de las EPS Emdisalud, Ambuq, Comparta y Comfamiliar Cartagena.
Bernardo Useche
Se ha configurado, entonces, un patrón que permite afirmar que la política del gobierno es la de liquidar EPS con problemas financieros con el argumento de defender a los usuarios afiliados
Por eso, Useche afirma que «Se ha configurado, entonces, un patrón que permite afirmar que la política del gobierno es la de liquidar EPS con problemas financieros con el argumento de defender a los usuarios afiliados, mientras logra por esta vía consolidar el monopolio de unas pocas y poderosas EPS. Objetivo este, contemplado en el proyecto de Ley 010 – 2020 de reforma a la salud, presentado con el apoyo del gobierno y que se hundió en el Congreso de la República ante la fuerza de la protesta social. El proceso de concentración de las EPS está golpeando sin misericordia a los hospitales públicos y privados».
En la misma línea se ha pronunciado Gustavo Morales Cobo, quien incluso fue Superintendente de Salud y también ordenó la liquidación de varias EPS.
En una crítica al actual Supersalud señaló que «Tampoco es cierto que las liquidaciones sean una medida contra la corrupción. Sirven quizá para otra cosa», y punto seguido admitió que «ningún bandido termina en la cárcel o sancionado o despojado de su patrimonio a raíz de una liquidación ordenada por la SuperSalud. Las muchas o pocas liquidaciones en un período determinado nada dicen ni a favor ni en contra de la pureza o el celo fiscalizador del Superintendente de turno contra los ladrones».
Y afirmó que «Para esos efectos, ese funcionario cuenta con otros mecanismos poderosos, como las multas, las suspensiones y las revocatorias de las licencias y habilitaciones, y es con base en ellos que hay que medir su eficacia contra los ladrones».
¿Por qué hay que liquidarlas?
Todos los expertos coinciden en que a una liquidación solo se debe acudir cuando no hay más alternativas.
Morales recordó que lo primero que sucede con una liquidación es que muchas personas pierden su empleo súbitamente; en el caso de Medimás, 8.000 empleados de esa entidad se quedaron sin puesto.
Además una liquidación pone en aprietos, y con frecuencia arruina, a muchas entidades prestadoras de salud, usualmente medianas o pequeñas, que tenían un vínculo histórico y preponderante -a veces, exclusivo-, con la EPS liquidada.
Y, tal como está sucediendo, las liquidaciones no garantizan que a los acreedores se les pague.
El gremio de las IPS calcula que solo entre Coomeva y Medimás, recientemente liquidadas, adeudan más de 5 billones, y lo más probable es que no los recuperen.
Pero, lo más grave, como lo dijo Morales, tales liquidaciones no castigan ni siquiera les interesa dar con los responsables de que la EPS liquidada, haya llegado a esa situación.
Además, nada se conoce sobre dónde o en qué bolsillos fueron a terminar los dineros que se dejaron de pagar a los prestadores.
Carlos Felipe Muñoz, experto en la operación de aseguradoras y prestadores de salud, al analizar la reciente liquidación de Cafesalud dijo que en su momento se presentó esta medida como una “solución definitiva” al problema de Saludcoop y para «garantizar la atención de los usuarios, proteger de una posible quiebra a más de 4.000 prestadores y respetar los derechos laborales de los trabajadores, minimizando el uso de los recursos públicos. Nada de eso se logró. La migración a Cafesalud no solo no mejoró la situación para los afiliados de Saludcoop, sino que empeoró la atención para los pacientes de la primera. Y al frente de toda la operación, el Ministerio y la Superintendencia de Salud de la época sostuvieron a un ya cuestionado Guillermo Grosso, primero interventor de Saludcoop y luego nombrado presidente de Cafesalud. Hoy está preso porque la Fiscalía y la Contraloría dicen que malgastó al menos $70.000 millones de pesos de la salud pública».
Finalmente el pasado mes de marzo la Defensoría del Pueblo alertó nuevamente sobre la violación sistemática del derecho fundamental a la salud por parte de las EPS e IPS, y los riesgos que generan las medidas especiales tomadas por la Superintendencia que, después de un largo tiempo, no evidencia mejoras en la liquidación de hospitales y aseguradores, lo que deja en completa indefensión a los pacientes, en especial a aquellos que vienen en tratamientos por enfermedades crónicas y de alto costo.
«Desde la Defensoría del Pueblo hemos evidenciado un alto riesgo de vulneración al derecho fundamental a la salud ante la improvisación en la distribución de los afiliados de las EPS que han terminado liquidadas y cuyas receptoras no cuentan con la capacidad técnico administrativa, ni la suficiencia de red para prestar el servicio, lo que ha interrumpido tratamientos y dejado desatendidos pacientes, poniendo en riesgo sus vidas, salud y dignidad», dijo Carlos Camargo.
Carlos Camargo
«Nos preocupa que, tal como se están dando los procesos de liquidación de EPS, el remedio termina siendo peor que la enfermedad»
En resumen, si el sistema de salud en Colombia estaba corrompido y colapsado, ahora además está realmente en quiebra.
