La Corte Suprema de Justicia acusó al exsenador Efraín Torrado García para que responda en juicio como presunto interviniente del delito de interés indebido en la celebración de contratos, relacionado con la suscripción de 21 convenios que le fueron entregados al ‘Grupo Torrado’ – conformado por varias firmas relacionadas con el excongresista– para que suministrara la canasta alimentaria en distintas localidades de Bogotá, entre los años 2008 y 2011.

La acusación, dictada por la Sala de Especial de Instrucción del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, hace referencia a hechos vinculados al denominado “carrusel de contratos” en Bogotá.

En el marco de este caso de corrupción, la Secretaría de Integración Social del Distrito celebró múltiples convenios con el grupo empresarial que era controlado por el entonces senador a través de miembros de su familia o terceros, con el fin de que suministrara la canasta alimentaria en programas de atención a familias y a personas en condición de vulnerabilidad.

Los medios de prueba valorados apuntan a demostrar que para que las empresas de su grupo familiar lograran la adjudicación de los contratos, Torrado habría desplegado toda clase de acciones e influencias indebidas ante la Secretaría de Integración Social del Distrito, a través de un contratista y un exsenador relacionados también con ese  ‘Carrusel de Contratos’.

Según la providencia, a cambio de que se le dieran esos negocios jurídicos, Torrado presuntamente pactó el pago de comisiones por gruesas sumas de dinero. Además, se encontró un inusitado incremento en los contratos que obtuvo el ‘Grupo Torrado’.

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Durante el 2008 y 2009, este conglomerado empresarial consiguió que se le entregaran de forma directa contratos por más de $110.000 millones, tiempo en el que las adjudicaciones de la Secretaría de Integración Social al mencionado grupo crecieron en un 350 % con relación a la administración anterior.

En la decisión, la Sala de Instrucción señala que el acusado pudo usar su calidad de senador de la República y su amistad con un congresista también involucrado en esas acciones, para conseguir que se aumentara la entrega de convenios a las empresas del ‘Grupo Torrado’, afectando la imparcialidad y transparencia que debe regir en la contratación pública.

Los hechos por los que hoy es llamado a los estrados judiciales el exsenador, ocurrieron hace 10 años y pese a la investigación que se le adelantaba, el entonces presidente Juan Manuel Santos, lo nombró en el 2015, consejero de Relaciones Exteriores en Chicago (EE.UU).

Torrado llegó al senado por el partido de la U en el 2006, fue concejal de Cúcuta con el partido Liberal en dos ocasiones y en 2007, su hermano Édgar fue elegido para el Concejo de Bogotá, con el aval del partido de La U.

Los dos hermanos habrían sido mencionados como miembros del cartel de la contratación que robó a la capital colombiana, durante el periodo de mandato de Samuel Moreno. Ellos, (Los Torrado) celebraron contratos por más de $160 mil millones de pesos con la Secretaría de Integración Social, citaba un informe del alcalde Gustavo Petro, el concejal Carlos Vicente de Roux y el ex senador Luis Carlos Avellaneda.

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